Relevo en la Guardia Civil

No se puede decir que sea una sorpresa el relevo del director general de la Guardia Civil que hoy decidirá el Consejo de Ministros. Al teniente general Carlos Gómez Arruche le sustituirá el actual director general de Infraestructuras del Ministerio de Defensa, Joan Mesquida. Gómez Arruche estaba políticamente quemado desde el pasado verano, a raíz del llamado caso Roquetas, cuando en unas primeras declaraciones pareció exculpar al teniente y a los agentes implicados en la muerte de un detenido. El entonces ministro de Interior y hoy titular de Defensa, José Antonio Alonso, calificó públ...

No se puede decir que sea una sorpresa el relevo del director general de la Guardia Civil que hoy decidirá el Consejo de Ministros. Al teniente general Carlos Gómez Arruche le sustituirá el actual director general de Infraestructuras del Ministerio de Defensa, Joan Mesquida. Gómez Arruche estaba políticamente quemado desde el pasado verano, a raíz del llamado caso Roquetas, cuando en unas primeras declaraciones pareció exculpar al teniente y a los agentes implicados en la muerte de un detenido. El entonces ministro de Interior y hoy titular de Defensa, José Antonio Alonso, calificó públicamente de desafortunada tal actitud, y aún fue más crítico el secretario de Organización del PSOE, José Blanco. Su relevo era cuestión de tiempo.

El nombramiento de Mesquida, ex consejero de Hacienda del Gobierno de Baleares y rumoreado candidato del PSOE a la alcaldía de Mallorca, supone el regreso de un civil a la jefatura de la Guardia Civil. Ese hecho ya no es relevante por sí mismo. Gómez Arruche no contaba con la confianza del ministro de Interior e incluso dentro del propio cuerpo era visto por algunos sectores como un infiltrado del Ejército, escasamente proclive a asumir las reivindicaciones a favor de legalizar el derecho de asociación.

En realidad, más allá de la significación política del nombramiento de Mesquida, éste tendrá que canalizar el malestar que se respira en el instituto armado y que quedó claramente plasmado en la manifestación de protesta convocada el pasado fin de semana por la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), que no es legal pero que está reconocida de facto por el Gobierno, y a la que están afiliados un tercio aproximadamente de los 70.000 agentes con que cuenta la institución.

La exigencia de mayores retribuciones salariales, las mejoras en las muy deficientes condiciones de muchas casas cuartel, la modificación del régimen disciplinario interno o el derecho de asociación de un cuerpo que mantiene su carácter militar pero que se dedica a tareas casi exclusivamente policiales, son peticiones razonables que el PSOE incluyó en su programa electoral y que siguen prácticamente inéditas.