Un vocal de Marbella redactó convenios urbanísticos en Manilva que investiga el juez
Duarte fue asesor del equipo del ex alcalde del GIL Pedro Tirado, imputado por cohecho
Rafael Duarte, vocal de Urbanismo en Marbella a petición del PSOE, fue contratado por el Ayuntamiento de Manilva durante el mandato del ex gilista Pedro Tirado, en libertad provisional por prevaricación y cohecho en el caso Ballena Blanca, como asesor de urbanismo de su consistorio. En calidad de tal redactó dos convenios urbanísticos sobre la finca de la Parrada, de 1,3 millones de metros cuadrados que multiplicaron la edificabilidad de los terrenos en favor de una sociedad presuntamente vinculada al alcalde, cuya defensa le ha citado como testigo.
En el curso de la operación po...
Rafael Duarte, vocal de Urbanismo en Marbella a petición del PSOE, fue contratado por el Ayuntamiento de Manilva durante el mandato del ex gilista Pedro Tirado, en libertad provisional por prevaricación y cohecho en el caso Ballena Blanca, como asesor de urbanismo de su consistorio. En calidad de tal redactó dos convenios urbanísticos sobre la finca de la Parrada, de 1,3 millones de metros cuadrados que multiplicaron la edificabilidad de los terrenos en favor de una sociedad presuntamente vinculada al alcalde, cuya defensa le ha citado como testigo.
En el curso de la operación policial Ballena Blanca en octubre de 2005 se detuvo al entonces alcalde de la localidad malagueña de Manilva, Pedro Tirado, ya libre bajo fianza, que perteneció al Grupo Independiente Liberal (GIL). Parte de sus imputaciones derivaban de los cambios urbanísticos realizados en la finca la Parrada, de 1,3 millones de metros cuadrados. El terreno fue comprado por Royal Marbella Estates, una de las sociedades supuestamente vinculadas a la trama de blanqueo de dinero destapado en la Costa del Sol por el juez Miguel Ángel Torres, que instruye también la operación Malaya contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella. La sociedad en cuestión la gestionaba el finlandés Aki Kujala, también detenido.
La policía vertió las siguientes sospechas sobre la operación: La compra se hizo por 12 millones de euros. El terreno fue recalificado en noviembre de 2003 como urbanizable no programado, lo que supuso un fuerte aumento de su valor. Posteriormente, en agosto de 2004, el alcalde, Pedro Tirado, firmó un convenio urbanístico con dicha sociedad, que elevó la edificabilidad de la finca de 10 a 18 viviendas por hectárea, con la posibilidad añadida de construir apartamentos junto a casas familiares.
El precio de la venta del terreno, tras la última modificación, pasó de 130 a 160 millones de euros en apenas 45 días, según la Agrupación Socialista de Manilva, partido independiente fundado por el ex alcalde socialista Emilio López, expulsado del PSOE por una moción de censura conjunta con Tirado cuando éste pertenecía al GIL. En suma, el terreno había aumentado su valor, en dos años, en un 1.300%. La policía detectó unas negociaciones ilegales entre Kujala y el cuñado del alcalde, Francisco Calle, también detenido.
El entonces asesor urbanístico del Ayuntamiento de Manilva, Rafael Duarte, tuvo un papel destacado en la materialización formal de estas operaciones. No en vano redactó los dos convenios urbanísticos en favor de Royal Marbella Estates. "He tenido contratos de consultoría que no exigen presencia constante. No dependía directamente de Tirado, sino del delegado de Urbanismo. Hacía trabajos concretos que me encargaban. Mi relación con Tirado era escasa. Que conocía asuntos urbanísticos de Manilva, claro. Pero no tengo que ver con sus asuntos, aunque sabía que esto tenía que salir. Yo entré en Manilva con las elecciones del 2003, que dieron un gobierno municipal tripartito del grupo independiente de Tirado con PSOE e IU", explicó Rafael Duarte a EL PAÍS.
El vocal de Urbanismo en la gestora marbellí explicó que "en la Parrada, lo único que se me encarga físicamente es que redacte dos documentos de convenio para Royal Marbella Estates sobre una base que se me pide que sean exactamente iguales a otro que ya está redactado. A mí, cuando a Tirado lo meten en la cárcel, desde el Ayuntamiento me piden que explique todo lo que conozco sobre esto. También lo hice para la Fiscalía Anticorrupción meses antes de que detuvieran a Tirado. Me pidieron un informe en el que se cuenta lo que yo sé de esta historia".
Duarte aseguró también que de su informe no se deducía ninguna irregularidad: "Son convenios de planeamiento. No recalificaban nada directamente. No valían nada si no los aprobaba la Junta". Y apostilló: "No sabía que Tirado me había citado como testigo".
El presidente de la gestora de Marbella, el abogado socialista Diego Martín Reyes, no vio ayer motivos para cesar a Rafael Duarte: "Yo he trabajado como abogado con criminales y eso no me convierte en criminal", dijo, y agregó: "Duarte es un hombre honesto".
Rafael Duarte, que dispone de un despacho de abogados especializado en asuntos urbanísticos, ha realizado trabajos por encargo para varios ayuntamientos de la Costa del Sol de distinto color político y ha colaborado también en la elaboración del Plan de Ordenación Territorial de la Costa del Sol Occidental, patrocinado por la Junta.
En un pleno extraordinario celebrado ayer, la gestora conoció la renuncia del vocal Salvador Guerrero, que presentó su dimisión a petición del partido que le propuso, el PP, tras difundirse que es abogado defensor de uno de los ex concejales marbellíes imputados en la operación Malaya, el tránsfuga del PSOE José Jaén.