Carmen Espejo reclama 1,8 millones a la Junta por retirarle a sus hijas

Carmen Espejo, la mujer sevillana que ha permanecido seis años apartada de sus dos hijas, desde que fueron declaradas en desamparo por los servicios sociales autonómicos en abril de 2000, ha reclamado a la Junta de Andalucía 1.844.592 euros en concepto de daños morales sufridos por ella (1.015.000), su madre (164.000) y sus dos hijas (662.000) durante el periodo que han permanecido separadas. El abogado de la familia, Enrique Carrasquilla, presentó la reclamación patrimonial el 25 de enero, un año después de que la Audiencia de Sevilla anulase el desamparo declarado por la Junta en 2000 y conf...

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Carmen Espejo, la mujer sevillana que ha permanecido seis años apartada de sus dos hijas, desde que fueron declaradas en desamparo por los servicios sociales autonómicos en abril de 2000, ha reclamado a la Junta de Andalucía 1.844.592 euros en concepto de daños morales sufridos por ella (1.015.000), su madre (164.000) y sus dos hijas (662.000) durante el periodo que han permanecido separadas. El abogado de la familia, Enrique Carrasquilla, presentó la reclamación patrimonial el 25 de enero, un año después de que la Audiencia de Sevilla anulase el desamparo declarado por la Junta en 2000 y confirmado por el Juzgado de Primera Instancia Número 17 de Sevilla en 2003.

En su escrito, admitido a trámite por el viceconsejero para la Igualdad y Bienestar Social, José María Oliver, el pasado 4 de abril, el abogado plantea que se ha cometido "un daño antijurídico" que la familia no tenía que haber sufrido. "Carmen ha sido lesionada, pero también los abuelos y las niñas fueron privados de convivencia, existe una ruptura multilateral", indica. Este daño, en su opinión, se ha producido por "un funcionamiento defectuoso del servicio público, ya que no es cierto que las niñas estuvieran desamparadas".

Para establecer la cuantía de la reclamación, el letrado se apoya en sentencias del Tribunal Supremo y la Audiencia Provincial sobre el daño moral causado a personas indebidamente internadas en prisión. Este criterio fue empleado por el abogado Gabriel Velamazán -y aceptado por la Audiencia de Sevilla- para pedir una compensación para una mujer privada de sus dos hijos por un desamparo luego anulado por la Audiencia.

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