Tres abogadas declaran hoy en la causa abierta contra el jefe de Extranjería de Irún
Tres letradas del Turno de Extranjería del Colegio de Abogados de Guipúzcoa están citadas hoy como testigos en el Juzgado de Instrucción número 2 de Irún, dentro de la investigación que mantiene para esclarecer la supuesta expulsión irregular de varios inmigrantes por parte de agentes de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de la localidad fronteriza.
Las tres abogadas se hallaban de guardia los días en que otros tantos inmigrantes sin papeles fueron detenidos por la policía para su posterior expulsión. Ninguna de ellas recibió aviso de la comisaría de Irún. La ley estable...
Tres letradas del Turno de Extranjería del Colegio de Abogados de Guipúzcoa están citadas hoy como testigos en el Juzgado de Instrucción número 2 de Irún, dentro de la investigación que mantiene para esclarecer la supuesta expulsión irregular de varios inmigrantes por parte de agentes de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de la localidad fronteriza.
Las tres abogadas se hallaban de guardia los días en que otros tantos inmigrantes sin papeles fueron detenidos por la policía para su posterior expulsión. Ninguna de ellas recibió aviso de la comisaría de Irún. La ley establece que los extranjeros tienen derecho a asistencia letrada en el momento en que se decide ejecutar su expulsión, a fin de que los abogados puedan intentar la suspensión de dicha medida, tal y como viene sosteniendo el Colegio de Abogados guipuzcoano.
La investigación judicial tiene su origen en la denuncia interpuesta en febrero de 2005 por los letrados del Turno de Extranjería de Guipúzcoa contra el jefe de Extranjería de la comisaría de Irún, Abel Pizarro, y contra "cualquier otro funcionario" que pudiese tener responsabilidad en la expulsión de seis inmigrantes durante 2004 sin comunicarlo a tiempo a sus abogados.
Hace dos meses, tras las diligencias practicadas hasta esa fecha, la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Irún dictó un auto en el que señalaba que existían "indicios racionalmente suficientes" para imputar a Pizarro y a un subordinado suyo un delito de prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas) y, subsidiariamente, un delito contra los derechos fundamentales, por expulsar a la joven boliviana Gabriela Queteguari sin notificarlo debidamente a su letrado. Finalmente, la mujer fue devuelta a España a costa del Estado por orden judicial.
Nuevas pruebas
La juez dictó un segundo auto en el que decretó el sobreseimiento provisional de la causa abierta contra otros dos subordinados de Pizarro, al considerar que no existían indicios racionales de que hubiesen cometido una infracción penal.
Las decisiones judiciales derivaron en varios recursos ante el propio juzgado irunés presentados tanto por la Fiscalía y la defensa de los policías imputados como por el Colegio de Abogados, que insiste en que, además del caso de Queteguari, existen otros tres expedientes de expulsión en los que también se pudo cometer prevaricación.
Antes de tomar una decisión definitiva, la juez ha ordenado realizar nuevas pruebas para tratar de determinar si estos extranjeros estaban o no asistidos por un letrado cuando se decidió ejecutar su expulsión. Por ello, esta mañana tomará declaración a las tres letradas que se supone que tenían que haber tenido conocimiento de la expulsión de sendos extranjeros.