Editorial:

Noticias de Bruselas

Bruselas ha abierto una batería de expedientes contra 17 de los 25 socios de la Unión Europea por presuntas irregularidades, principalmente en el mercado del gas y la electricidad. Ni siquiera el Reino Unido, que posee la aureola de ser uno de los más liberalizados de la UE, se ha salvado de la reprimenda. Resulta muy significativa esta ofensiva de la Comisión, una de las más intensas que se recuerdan. Es como si quisiera justificar con ella el escaso relieve de su gestión en los dos años que lleva de mandato, y al mismo tiempo hacer de la energía el tema central de su agenda.

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Bruselas ha abierto una batería de expedientes contra 17 de los 25 socios de la Unión Europea por presuntas irregularidades, principalmente en el mercado del gas y la electricidad. Ni siquiera el Reino Unido, que posee la aureola de ser uno de los más liberalizados de la UE, se ha salvado de la reprimenda. Resulta muy significativa esta ofensiva de la Comisión, una de las más intensas que se recuerdan. Es como si quisiera justificar con ella el escaso relieve de su gestión en los dos años que lleva de mandato, y al mismo tiempo hacer de la energía el tema central de su agenda.

España figura entre los implicados, y de manera destacada. Bruselas censura la existencia de precios regulados en el sector eléctrico. Además, denuncia la llamada ley Rato, que restringe las inversiones en el mercado español de empresas europeas con vínculos públicos, uno de los instrumentos que barajó el ministro Montilla para desactivar la OPA de la alemana E.ON sobre Endesa. El comportamiento de España es calificado por la Comisión como uno de los peores en materia de liberalización energética, peor incluso que el de Francia, Alemania o Italia, que no se distinguen precisamente por la voluntad de romper con el sistema de monopolio. "Sería más fácil decir en qué área no hay problemas", ha afirmado el comisario de Energía, Piebalgs, al referirse a la política energética española.

Resulta preocupante que se tenga esa opinión en Bruselas. Los vientos no soplan últimamente muy favorables para nuestro país en los pasillos del edificio Berlaymont, algo de lo que el Gobierno y, más que ningún otro, el vicepresidente Solbes, por su profundo conocimiento del funcionamiento interno comunitario, deben ser muy conscientes. Quizás sea necesaria una mayor dosis de persuasión diplomática por encima de la contundencia del ministro Montilla.

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La realidad es que el Ejecutivo socialista no cuenta en estos momentos con la complicidad de ninguno de los responsables de los departamentos más concernidos. Ni con el comisario Piebalgs, ni con su colega de Competencia, la holandesa Kroes, ni menos aún con el de Mercado Interior, el irlandés McCreevy, quien ya ha anunciado que recomendará antes de fin de mes la apertura de un procedimiento de infracción, tras la decisión del Consejo de Ministros de reforzar la capacidad regulatoria de la Comisión Nacional de la Energía con el fin de obstaculizar la OPA de E.ON sobre Endesa.

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