Marbella, suma y sigue
La detención de la alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, y de su asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca, además de dos concejales, el secretario de la corporación y otros funcionarios, por numerosos delitos de corrupción, viene a prolongar el escándalo que rodea la gestión de ese municipio desde que accediera a la alcaldía, hace 15 años, el ya fallecido Jesús Gil y Gil. La detención se produce dos semanas después de que la Junta de Andalucía iniciara el expediente administrativo para retirar las competencias urbanísticas a la corporación municipal -una medida sin precedentes- por graves y reite...
La detención de la alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, y de su asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca, además de dos concejales, el secretario de la corporación y otros funcionarios, por numerosos delitos de corrupción, viene a prolongar el escándalo que rodea la gestión de ese municipio desde que accediera a la alcaldía, hace 15 años, el ya fallecido Jesús Gil y Gil. La detención se produce dos semanas después de que la Junta de Andalucía iniciara el expediente administrativo para retirar las competencias urbanísticas a la corporación municipal -una medida sin precedentes- por graves y reiterados incumplimientos de la legalidad. De los 27 concejales de la corporación, 17 están imputados en causas judiciales, y cuatro han tenido que abandonar sus escaños en los últimos dos años por diferentes condenas.
Yagüe llegó a la alcaldía en agosto de 2003 mediante una moción de censura apoyada por otros ocho concejales de su grupo, el GIL, tres tránsfugas del PSOE y tres concejales del Partido Andalucista, y bajo la bandera de la lucha contra la corrupción. Sin embargo, una de sus primeras medidas fue el nombramiento como asesor de urbanismo de Juan Antonio Roca, gerente de esta área en los gobiernos de Jesús Gil, con quien estuvo imputado en varios casos. Uno de ellos, pendiente de juicio, es por el desvío de unos 30 millones de euros de las arcas municipales a través de un entramado de sociedades, algunas de ellas inscritas a nombre de Roca y sus familiares.
Con tales antecedentes no es de extrañar que el Ayuntamiento haya seguido dando licencias de obras contrarias al Plan de Ordenación y desobedeciendo órdenes judiciales de paralización de obras. Actualmente hay 30.000 viviendas declaradas ilegales y cerca de 200 licencias y convenios urbanísticos impugnados ante los tribunales. La propia alcaldesa fue imputada recientemente por haber desviado material de las obras municipales a las de su propia casa.
Yagüe no ha dicho si dimitirá o no. El PP ha pedido insistentemente la disolución del Ayuntamiento, a lo que el PSOE se ha negado con el argumento de que falta apenas un año para las elecciones. Sea como sea, parece necesario que ambas formaciones se comprometan desde ahora a gobernar de manera concertada durante al menos un mandato para intentar limpiar a fondo ese Ayuntamiento que es la vergüenza de cualquier vecino decente.