Un ex viceconsejero de Interior critica la actuación de la Ertzaintza el 3 de marzo
El parlamentario peneuvista Xabier Aguirre califica de "desproporcionada" la carga
El parlamentario del PNV Xabier Aguirre criticó ayer la intervención de la Ertzaintza durante la manifestación celebrada en Vitoria para conmemorar el 30 aniversario de los sucesos del 3 de marzo de 1976. Aguirre, que fue viceconsejero de Interior, consideró que la policía actuó de manera "contundente y desproporcionada" al disolver a una parte de los manifestantes que portaban una gran ikurriña con las fotos de dos presos de ETA muertos esos días. El parlamentario precisó que era una opinión "personal" y que aún hay que escuchar la versión de Interior.
Aguirre realizó estas cons...
El parlamentario del PNV Xabier Aguirre criticó ayer la intervención de la Ertzaintza durante la manifestación celebrada en Vitoria para conmemorar el 30 aniversario de los sucesos del 3 de marzo de 1976. Aguirre, que fue viceconsejero de Interior, consideró que la policía actuó de manera "contundente y desproporcionada" al disolver a una parte de los manifestantes que portaban una gran ikurriña con las fotos de dos presos de ETA muertos esos días. El parlamentario precisó que era una opinión "personal" y que aún hay que escuchar la versión de Interior.
Aguirre realizó estas consideraciones en la comisión de Derechos Humanos del Parlamento, foro en el que minutos antes habían intervenido los representantes de la Asociación de Víctimas del 3 de Marzo. Durante su comparecencia, criticaron la actuación de la Ertzaintza y apelaron a la comisión para que controlara ese tipo de intervenciones policiales. Aguirre coincidió con los responsables de la asociación en que la Ertzaintza no había actuado de manera correcta y les anunció que el Parlamento ya ha solicitado la comparecencia del consejero de Interior para que explique lo sucedido.
La manifestación celebrada el pasado 3 de marzo se había organizado para rememorar los trágicos sucesos que conmocionaron Vitoria ese mismo día de 1976, cuando la entonces Policía Armada mató a balazos a cinco trabajadores al disolver una asamblea. Una vez iniciada la marcha, la Ertzaintza advirtió en varias ocasiones de que la disolvería si no se retiraba una gran ikurriña con las fotos de los dos presos muertos en las cárceles de Cuenca y Aranjuez esa semana, Igor Angulo y Roberto Sáinz. Los portadores de la ikurriña caminaban muy cerca de las personas que portaban la pancarta alusiva al 3 de marzo. Al final, los agentes hicieron uso de las porras y de las pelotas de goma y cuatro personas fueron heridas.
La marcha del 3 de marzo coincidió con las manifestaciones organizadas en recuerdo de los dos presos en diferentes localidades del País Vasco. El juez de la Audiencia Nacional Grande-Marlaska ordenó que se impidiera cualquier manifestación que pudiera ser considerada apología del terrorismo. La actuación de la Ertzaintza fue duramente criticada por la izquierda abertzale y cuestionada, más o menos abiertamente, por algún sector del PNV y EA. El presidente del PNV de Guipúzcoa, Joseba Egibar, lo hizo al señalar que la intervención de la policía vasca se debería "analizar". Xabier Aguirre, alineado con él cuando disputó el liderazgo del PNV a Josu Jon Imaz, dio ayer un paso más al valorarla como "desproporcionada" en el Parlamento. Frente a estos posicionamientos, el presidente, Josu Jon Imaz, y otros dirigentes del partido avalaron el trabajo policial.
Al margen del malestar por lo ocurrido durante la manifestación, los representantes de la Asociación de Víctimas del 3 de Marzo solicitaron a la comisión la elaboración de un informe donde se cuente "lo que realmente ocurrió en 1976" y no quede todo en manos de informes policiales "mentirosos y manipulados". "Se trata de reescribir la historia para que conozcan la verdad las futuras generaciones", indicó el portavoz del grupo, Andoni Txasko, quien se quejó de la imposibilidad de intervenir en la ponencia de víctimas del terrorismo del Parlamento por no estar reconocidas como tales las del 3 marzo.
Por otra parte, la comisión instó al Gobierno central a terminar con la incomunicación en las dependencias policiales, que facilita la "tortura". Sin embargo, el tripartito no logró sacar adelante su propuesta de solidaridad con el joven Unai Romano, cuya denuncia de torturas fue archivada judicialmente, al decaer tras un nuevo empate entre quienes la apoyaban y quienes la rechazaban (PP y PSE).
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