La Junta inicia la retirada de las competencias urbanísticas de Marbella

Obras Públicas comunicó ayer la decisión al Ayuntamiento por fax

La Junta de Andalucía comunicó ayer por fax al Ayuntamiento de Marbella el inicio de los trámites para retirarle las competencias urbanísticas en virtud de la potestad que le concede la Ley del Suelo. Hace tres meses, cuando entró en vigor el artículo de la ley que permite esta retirada, la Junta anunció el inicio de los trámites, que se han formalizado ahora. En este tiempo, la Consejería de Obras Públicas ha realizado tres inspecciones en el Ayuntamiento de Marbella, en las que ha constatado la "gravedad" de la situación.

La consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, convocó a...

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La Junta de Andalucía comunicó ayer por fax al Ayuntamiento de Marbella el inicio de los trámites para retirarle las competencias urbanísticas en virtud de la potestad que le concede la Ley del Suelo. Hace tres meses, cuando entró en vigor el artículo de la ley que permite esta retirada, la Junta anunció el inicio de los trámites, que se han formalizado ahora. En este tiempo, la Consejería de Obras Públicas ha realizado tres inspecciones en el Ayuntamiento de Marbella, en las que ha constatado la "gravedad" de la situación.

La consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, convocó ayer por la tarde una rueda de prensa en la que anunció el inicio de los trámites para retirar las competencias urbanísticas a la corporación local, presidida por Marisol Yagüe. Una reforma de la Ley del Suelo permite a la Junta, desde diciembre, adoptar esta medida cuando los ayuntamientos incurran en "graves incumplimientos" en materia de planificación y disciplina urbanística.

Técnicos de Obras Públicas han realizado tres inspecciones desde la aprobación de la ley y, tras terminar su trabajo, han llegado a la conclusión de que la decisión más correcta es iniciar el proceso para retirar estas competencias al Ayuntamiento marbellí, envuelto desde hace más de una década en numerosos escándalos urbanísticos.

Presentación de alegaciones

La Administración autonómica abre ahora un proceso en el que el Ayuntamiento tendrá que presentar alegaciones. Luego pedirá un dictamen al Consejo Consultivo, órgano de asesoramiento legal de la Junta, y tendrá que recibir la autorización del Parlamento autonómico. Finalmente, será el Consejo de Gobierno de la Junta el que decida la retirada final. La consejera de Obras Públicas prefirió no aventurar una fecha aproximada de cuándo estará finalizado este proceso. El consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, anunció hace tres meses que las competencias estarían rescatadas en junio, plazo que ahora se antoja improbable a tenor de los trámites que quedan pendientes

Gutiérrez argumentó, entre otras cuestiones, que el Ayuntamiento marbellí ha desoído los requerimientos para revisar las licencias ilegales y ha incumplido las resoluciones judiciales. "No son hechos aislados, es un comportamiento sistemático que atenta contra la competencia autonómica en la ordenación del territorio. Hay persistencia en el incumplimiento de la legalidad urbanística", dijo la consejera.

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La notificación oficial al ayuntamiento se produjo ayer al mediodía. Gutiérrez informó de que su departamento envió un fax a la alcaldesa con el inicio del procedimiento y que tenía constancia de que éste había sido recibido. El Gobierno andaluz hizo hincapié en que el objetivo de esta decisión es recuperar la "normalidad" e hizo una "llamada de atención" a ciudadanos y empresarios sobre la importancia del paso dado. En este sentido, apuntó que la situación es "grave" y que el objetivo final es dar "seguridad jurídica" al sector económico. Hasta que la retirada de las competencias urbanísticas sea efectiva, la Junta seguirá impugnando en los tribunales las licencias que considere ilegales.

El Ayuntamiento de Marbella confirmó que había recibido la comunicación de Obras Públicas por fax sobre las 15.30 horas, y la primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos, anunció que impugnará en los tribunales la apertura del expediente. Tachó la medida de "partidaria y electoralista", e incluso de machista. "Es una machada de Manolo Chaves y tengo la impresión de que si en lugar de una alcaldesa tuviéramos un alcalde, Manolo Chaves no actuaría con esta prepotencia", dijo.

También el PP advirtió tintes partidistas en la medida que, según su presidente provincial, Joaquín Ramírez, trata de "desviar la atención sobre la operación parapente que los socialistas pretenden hacer en Marbella con la designación del consejero de Turismo como candidato a la alcaldía". Ramírez, para quien la retirada de competencias urbanísticas es "una cacicada a Marbella y a los marbellíes", volvió a pedir ayer la disolución del Ayuntamiento, "única solución razonable para el desgobierno de la ciudad".

La portavoz del PP en Marbella, Ángeles Muñoz, consideró que la retirada de competencias "agravará la inseguridad jurídica y urbanística" en el municipio y acarreará un "parón económico". Para el socialista Silvestre Puertas en cambio, es una decisión que la Junta"no tenía más remedio" que tomar para atajar la constante actuación ilegal del consistorio.

120 acuerdos impugnados

"El Ayuntamiento de Marbella no ha cambiado de actitud". Esta frase la pronunció ayer la consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, tras enumerar algunas de las infracciones cometidas por el gobierno local. Así, Gutiérrez destacó que desde las elecciones municipales que se celebraron en 2003, el Ayuntamiento marbellí acumula 120 acuerdos impugnados; 40 requerimientos de revisión de obras ilegales; 250 para que pare obras ilegales y abra expedientes sancionadores y 80 autos de suspensión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Gutiérrez insistió en la idea de la Junta de crear una oficina en Marbella para la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad. El objetivo, dijo, es garantizar la "proximidad de los ciudadanos" al PGOU.

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