El que tira de la manta

La Fiscalía Anticorrupción ha ordenado abrir diligencias contra el alcalde y cinco concejales del PP de la localidad alicantina de Orihuela (50.000 habitantes) por apreciar indicios de delitos de malversación, falsedad, tráfico de influencias y prevaricación. La investigación también afecta a cuatro promotores inmobiliarios y a la empresa adjudicataria de la recogida de basuras. Aunque un indicio no sea una prueba, no carece de importancia el detalle de que el alcalde de Orihuela viva en un chalé y conduzca un Rolls-Royce que son propiedad de uno de los promotores investigados; tampoco está fa...

La Fiscalía Anticorrupción ha ordenado abrir diligencias contra el alcalde y cinco concejales del PP de la localidad alicantina de Orihuela (50.000 habitantes) por apreciar indicios de delitos de malversación, falsedad, tráfico de influencias y prevaricación. La investigación también afecta a cuatro promotores inmobiliarios y a la empresa adjudicataria de la recogida de basuras. Aunque un indicio no sea una prueba, no carece de importancia el detalle de que el alcalde de Orihuela viva en un chalé y conduzca un Rolls-Royce que son propiedad de uno de los promotores investigados; tampoco está falto de interés el hecho de que la investigación sea consecuencia de la denuncia presentada por quien era hasta hace un año interventor del Ayuntamiento, destituido tras autoinculparse de la apropiación de 30.000 euros de las arcas municipales.

Sin embargo, la experiencia indica que en el origen de los escándalos de corrupción casi siempre aparece alguien relacionado con el asunto que por razones no necesariamente virtuosas decide en un momento dado tirar de la manta. Ello puede obligar a extremar la precaución a la hora de calificar los hechos, pero no justifica dejar de investigarlos. Es lo que se está haciendo, partiendo del testimonio del interventor, que dice haber sido el encargado de blanquear facturas falsas y otros supuestos chanchullos.

También decidió tirar de la manta el empresario que denunció al presidente de la diputación de Castellón, Carlos Fabra, a quien acusó de cobrarle fuertes sumas por mediar ante las autoridades políticas para la obtención de determinadas autorizaciones industriales. Un auto de la Audiencia de Castellón ordenó ayer diversas diligencias sobre las propiedades de Fabra y su familia, y citó como testigos a cuatro ex ministros del PP. El código ético de este partido establece que la apertura de un proceso judicial del que se deduzcan indicios de delito obligará a los cargos públicos del PP a poner su puesto a disposición de la dirección del mismo. Cosa que ni ha hecho Fabra ni, que se sepa, el alcalde de Orihuela. Tampoco consta que su partido se lo haya exigido y ni siquiera que haya iniciado una investigación interna, como también prometía el código ético. Porque unos son más iguales que otros; también en el interior del PP.