El Estatuto y el "amigo" Zapatero
La séptima legislatura andaluza está marcada por la reforma del Estatuto de Autonomía y por el hecho de que en Madrid vuelve a mandar un "Gobierno amigo", fórmula con la que los socialistas definen al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. La coincidencia de dos gobiernos del PSOE ha permitido normalizar las relaciones entre ambas administraciones, unas relaciones que en los ocho años de mandato del PP estuvieron caracterizadas por el desencuentro y la guerra sin cuartel. Éstos son algunos de los hechos más destacados de estos dos últimos años:
- El pago de los 2.500 millones. Ha s...
La séptima legislatura andaluza está marcada por la reforma del Estatuto de Autonomía y por el hecho de que en Madrid vuelve a mandar un "Gobierno amigo", fórmula con la que los socialistas definen al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. La coincidencia de dos gobiernos del PSOE ha permitido normalizar las relaciones entre ambas administraciones, unas relaciones que en los ocho años de mandato del PP estuvieron caracterizadas por el desencuentro y la guerra sin cuartel. Éstos son algunos de los hechos más destacados de estos dos últimos años:
- El pago de los 2.500 millones. Ha sido, hasta la fecha, el acuerdo más relevante entre la Junta y el Gobierno. Ambas partes firmaron un acuerdo el 10 de junio de 2004 por el que el Gobierno central abonó a Andalucía 2.500 millones de euros por la deuda generada durante el sistema de financiación vigente entre 1997 y 2001. Éste asunto fue la pieza clave de la bronca entre la Junta y el Gobierno del PP.
- Recursos ante el Constitucional. Varios de los conflictos que Gobierno y Junta tuvieron entre 1996 y 2004 acabaron en los tribunales, sobre todo en el Tribunal Constitucional. En este tiempo, ambas administraciones han acordado la retirada de más de dos docenas de recursos, 11 de ellos relacionados con la financiación autonómica. El Gobierno central renunció a seguir adelante con el recurso contra la Ley de Cajas andaluza.
- El retorno de Cajasur. Cajasur, la caja fundada por la Iglesia católica, ha retornado a la tutela de la Junta de Andalucía, después de su haber estado bajo el control del Ministerio de Economía en virtud de una ley aprobada por el PP. El regreso a la tutela autonómica fue posible gracias a un acuerdo entre el consejero de Economía, José Antonio Griñán, y el obispo de Córdoba, Juan José Asenjo.
- Nuevas competencias. Durante el mandato del Partido Popular, la transferencia de competencias a Andalucía sufrió un parón (las más significativas fueron las de Justicia). En los dos últimos años, la comunidad ha recibido 19 nuevos traspasos, siendo las más significativas las confederaciones hidrográficas intracomunitarias. Los dos traspasos más importantes, no obstante, se cerrarán el próximo 25 de marzo: los parques nacionales de Doñana y de Sierra Nevada.
- Inversiones. Otro caballo de batalla entre la Junta y el Gobierno del PP fueron las inversiones del Estado en Andalucía. Con el Gobierno del PP, Andalucía recibió el 13,7% de las inversiones estatales, porcentaje que ha crecido hasta el 16,6% con Zapatero. Este porcentaje se acerca a la demanda histórica de la Junta de que las inversiones estatales en Andalucía se aproximen al peso de la población de la comunidad en el conjunto de España (17,8%). En estos dos años, los presupuestos del Estado han incluido 6.100 millones de euros en inversiones para la comunidad.
- Reforma del Estatuto. A principios de marzo entró en el Parlamento la proposición de reforma del Estatuto de Andalucía, el proyecto más ambicioso de la presente legislatura. PSOE e IU son las fuerzas que están tirando del carro de la reforma.
- Impulso democrático. PSOE, IU y PA suscribieron los acuerdos para el llamado impulso democrático. Este pacto incluyó varias leyes que persiguen introducir transparencia en la vida política. En virtud de este acuerdo, los bienes e intereses de los altos cargos de la Junta se pueden consultar en internet. El acuerdo introdujo, entre otras cuestiones, la paridad en las listas electorales, la aprobación del estatuto de los ex presidentes de la Junta y la creación del Consejo Audiovisual.
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