La ley incluye el depósito de un aval del 80% del presupuesto de restauración
El decreto aprobado en 2000 por el Gobierno incluye el depósito de un aval por parte de la empresa que explota cada cantera por importe del 80% del presupuesto de restauración. Con ello se persigue asegurar su ejecución aunque la compañía se desentienda una vez terminada su labor extractiva. Este aval suele oscilar entre los 300.000 y 900.000 euros por cada empresa. Ahora existen en el País Vasco un total de 52 canteras, por lo que el Ejecutivo dispone de más de 35 millones de euros en concepto de avales.
El Departamento de Industria asegura que todas las canteras activas tienen regular...
El decreto aprobado en 2000 por el Gobierno incluye el depósito de un aval por parte de la empresa que explota cada cantera por importe del 80% del presupuesto de restauración. Con ello se persigue asegurar su ejecución aunque la compañía se desentienda una vez terminada su labor extractiva. Este aval suele oscilar entre los 300.000 y 900.000 euros por cada empresa. Ahora existen en el País Vasco un total de 52 canteras, por lo que el Ejecutivo dispone de más de 35 millones de euros en concepto de avales.
El Departamento de Industria asegura que todas las canteras activas tienen regularizada su situación en lo referido a las autorizaciones de la consejería. "Se desconoce si todas ellas disponen de licencias municipales", ha señalado la consejera Ana Aguirre, en una respuesta parlamentaria al PSE. En ella agrega que "la totalidad" de las 52 canteras tiene "su correspondiente plan de restauración".
Del conjunto, 39 son concesiones de explotación otorgadas por un plazo de 30 años. La mayoría de estos permisos son recientes, por lo que tendrán la autorización hasta 2030, según los datos de la consejera. "Sin embargo, en muchos casos, agotarán sus reservas mucho antes de la finalización de la concesión, lo que puede suponer el cierre de la cantera", agrega.
Industria considera que habrá "pocos casos" que soliciten prórrogas que, en "en caso de otorgarse", permitirían continuar su actividad más allá de 2030.
Las 13 canteras restantes están sometidas al régimen de autorizaciones, no de concesiones, "lo que supone que estarán en funcionamiento hasta que termine el proyecto de explotación que tienen actualmente aprobado".