Las autonomías del PP aceptan los fondos sanitarios que no aprobaron
Comienza el reparto del dinero pactado en la Conferencia de Presidentes
Todas las comunidades autónomas, incluidas las gobernadas por el PP, percibirán los fondos extraordinarios para la sanidad acordados en la segunda Conferencia de Presidentes, que presidió el jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en septiembre. En dicha sesión y en la del Consejo de Política Fiscal y Financiera, las comunidades del PP fueron tan críticas que llegaron a abstenerse en la votación de los fondos.
Hoy, con la reunión de la Comisión Mixta de traspasos Estado-Junta de Extremadura, que presidirá el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, se inicia la tra...
Todas las comunidades autónomas, incluidas las gobernadas por el PP, percibirán los fondos extraordinarios para la sanidad acordados en la segunda Conferencia de Presidentes, que presidió el jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en septiembre. En dicha sesión y en la del Consejo de Política Fiscal y Financiera, las comunidades del PP fueron tan críticas que llegaron a abstenerse en la votación de los fondos.
Hoy, con la reunión de la Comisión Mixta de traspasos Estado-Junta de Extremadura, que presidirá el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, se inicia la transferencia de los fondos extraordinarios para financiar la sanidad a las comunidades autónomas. Tras Extremadura, el 15 de marzo será la Comunidad Valenciana, presidida por Francisco Camps, del PP, la que se reúna en la Comisión Mixta para cobrar su proporción en el reparto.
Y así hasta la Semana Santa, todas las comunidades autónomas pasarán por el Ministerio de Administraciones Públicas para empezar a cobrar los 1.677 millones de euros ofrecidos por el Gobierno, al haber reclamado la convocatoria de las comisiones mixtas.
El ministro de Administraciones Públicas recordaba ayer cómo anunció en septiembre que "las comunidades autónomas gobernadas por el PP, después de desfogarse en la segunda Conferencia de Presidentes y en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera", que se celebró dos días después, "siguiendo las instrucciones de la dirección del PP, acabarían cogiendo el dinero".
Así ha resultado al decidir las comunidades del PP reclamar la convocatoria de las comisiones mixtas para cobrar los fondos extraordinarios que el Gobierno decidió poner sobre la mesa para contribuir, de forma extraordinaria, a la financiación de una sanidad descentralizada totalmente, desde hace tres años, y fuertemente deficitaria.
En la Conferencia de Presidentes autonómicos de septiembre, presidida por Zapatero, los representantes del PP, que montaron una fuerte bronca, calificaron la oferta del Gobierno de "tramposa e insuficiente", aunque, fuera de micrófono, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, adelantó lo que iba a suceder, al decir: "A caballo regalado no le mires el diente".
Las autonomías percibirán, en las próximas reuniones de las comisiones mixtas, 500 millones de euros (ver cuadro), correspondientes a la actualización de la población en 2004. Asimismo, Canarias y Baleares se repartirán los 55 millones de euros como compensación a la insularidad, y Ceuta y Melilla otros 1,2 millones de euros, para ajustarse a criterios idénticos a los de las comunidades con competencias transferidas.
El dinero restante hasta los 1.677 millones de euros lo percibirán las comunidades al finalizar el ejercicio de 2006. Los criterios de reparto, según acordaron la Conferencia de Presidentes y el Consejo de Política Fiscal y Financiera, son el fondo presupuestario de compensación para las comunidades autónomas cuyos ingresos evolucionen por debajo del crecimiento del PIB nominal (500 millones de euros); la compensación por la asistencia a residentes extranjeros (200 millones de euros) y la transferencia por el aumento de la imposición indirecta en los tributos sobre alcoholes y tabacos (227 millones de euros).
Asimismo, las comunidades autónomas podrán obtener más ingresos por la vía impositiva si hacen uso del aumento de la capacidad normativa que el Gobierno les concedió en relación con los impuestos indirectos sobre hidrocarburos, matriculación de vehículos y electricidad.