Alemania blindó E.ON durante 10 años ante posibles compras no deseadas

El Gobierno alemán blindó a E.ON ante posibles compras no deseadas. El Ejecutivo de Berlín impuso como condición, cuando autorizó la adquisición de Ruhrgas por parte de E.ON, que, en el caso de que esta empresa sea comprada por otra, le puede obligar a vender todos los activos de gas provenientes de Ruhrgas si "lo considera perjudical para los intereses estratégicos del país". Esta condición regirá durante un periodo de 10 años a partir de julio de 2002, cuando se hizo dicha operación. Este blindaje ha recibido duras críticas del Gobierno español, que apela al principio de reciprocidad.
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El Gobierno alemán blindó a E.ON ante posibles compras no deseadas. El Ejecutivo de Berlín impuso como condición, cuando autorizó la adquisición de Ruhrgas por parte de E.ON, que, en el caso de que esta empresa sea comprada por otra, le puede obligar a vender todos los activos de gas provenientes de Ruhrgas si "lo considera perjudical para los intereses estratégicos del país". Esta condición regirá durante un periodo de 10 años a partir de julio de 2002, cuando se hizo dicha operación. Este blindaje ha recibido duras críticas del Gobierno español, que apela al principio de reciprocidad.

El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, subrayó el pasado martes en el Senado que "España quiere tener un grupo energético fuerte igual que Alemania". No estaba haciendo otra cosa que apelar al mismo espíritu estratégico del Gobierno de dicho país (presidido por el canciller Gerhard Schröder) cuando en 2002 aprobó la compra de Ruhrgas por parte de E.ON a pesar de la oposición del Tribunal de la Competencia alemán. El Ministerio de Economía se arrogó la capacidad de vetar cualquier operación que, posteriormente, supusiera un cambio de control.

"En el caso", dice el pliego de condiciones, "de que cualquier entidad adquiera una mayoría de capital o de derechos de voto en E.ON, ésta queda sujeta, cuando así se lo requiera el Ministerio de Economía y Tecnología, a que las acciones de las que es titular directa o indirectamente en Ruhrgas sean enajenadas a un tercero, siempre que la entidad adquirente del control de E.ON dé motivos a estimar que los intereses de política energética de la República Federal de Alemania puedan quedar perjudicados". Añade que el tercero que compre esos activos de gas deberá contar con la autorización expresa de Economía. Asimismo, y por los mismos motivos "de interés estratégico", somete a autorización previa la venta de acciones de Ruhrgas a un tercero por E.ON.

El grupo E.ON quedó comprometido, además, "a mantener sustancialmente Ruhrgas como la sociedad responsable de la importación, el transporte y el aprovisionamiento de gas". El acuerdo fija un periodo de vigencia de 10 años (es decir, acabará en 2012), aunque deja abierta la posibilidad de que se pueda extender la prórroga de las condiciones citadas.

Principio de reciprocidad

La integración de Ruhrgas permitió que E.ON se convirtiera en el principal grupo energético europeo. En la actualidad, el gas supone las dos terceras partes de las ventas de la empresa, por lo que, en definitiva, la obligación de desprenderse de la actividad del gas hace prácticamente imposible que otro grupo quiera adquirir E.ON. "Es un blindaje en toda regla", dicen fuentes de la Administración española, que añaden la circunstancia de que "E.ON no pueda ser comprada, pero sí pueda comprar". Una cuestión que pone en evidencia el principio de reciprocidad, que, a su juicio, debe ser estudiado por Bruselas.

Precisamente, el actual ministro alemán de Economía, Michael Glos, manifestó el martes que la posible compra de Endesa por E.ON "es una ventaja para Alemania como centro empresarial". También dijo que la operación es una consecuencia de la "creciente globalización" y que "no sería una desventaja que un consorcio de ese tamaño tenga su sede en Alemania". Las fuentes españolas consultadas han reseñado, en ese sentido, que "si el Gobierno alemán promovió un grupo energético de carácter estratégico, por qué no lo puede promover el Gobierno español".