La división en las filas de la derecha amenaza el acuerdo sobre la directiva de servicios

El principio de acuerdo sobre la directiva de servicios alcanzado el pasado miércoles entre representantes del Partido Popular Europeo y el Partido Socialista Europeo se encuentra seriamente amenazado por la división que el pacto ha generado en el seno de los conservadores. El contenido del principio de acuerdo, explicado ayer por los eurodiputados, el conservador Malcom Harbour, y la socialista, Anne Van Lancker, significa un cambio sustancial respecto a la propuesta de la directiva inicial, conocida también como directiva Bolkestein. Para el diputado socialista Alejandro Cercas, "la nueva di...

El principio de acuerdo sobre la directiva de servicios alcanzado el pasado miércoles entre representantes del Partido Popular Europeo y el Partido Socialista Europeo se encuentra seriamente amenazado por la división que el pacto ha generado en el seno de los conservadores. El contenido del principio de acuerdo, explicado ayer por los eurodiputados, el conservador Malcom Harbour, y la socialista, Anne Van Lancker, significa un cambio sustancial respecto a la propuesta de la directiva inicial, conocida también como directiva Bolkestein. Para el diputado socialista Alejandro Cercas, "la nueva directiva es la antítesis de la Bolkestein original". "Ahora los derechos sociales y laborales priman sobre la libertad de comercio", añadió.

El pacto alcanzado establecía que la Directiva de Servicios no incluiría ningún aspecto de la regulación laboral, ni de las condiciones de trabajo, empleo, seguridad o higiene. Tampoco los servicios sociales, ni los referentes al cuidado de los niños. También se había excluido del ámbito de la directiva los llamados Servicios de Interés Económico General (agua, gas, electricidad, recogida de basuras).

Las enmiendas introducidas en la nueva redacción de la Directiva evitan la expresión "país de origen", uno de los puntos más polémicos y que según la redacción original permitía a las empresas regularse según el marco legal donde se habían constituido y no en el del país en que operaban. En la nueva redacción se permite a las empresas prestar servicios en otros Estados miembros sin necesidad de establecerse en los mismos y se eliminan considerablemente las trabas administrativas y burocráticas. Sin embargo, se introduce como prevención la facultad de los Estados miembros en donde se prestan los servicios, de regular sus condiciones y establecer los requisitos que se consideren necesarios "por razones de seguridad pública, política social, protección de los consumidores, protección del medio ambiente y salud pública".

Esta genérica lista de excepciones ha sido considerada excesiva en medios conservadores como los alemanes que estiman que permitir a los Estados miembros la regulación de los servicios que en ellos se realizan en nombre de la política social o la protección de los consumidores es una limitación de la prestación de servicios por parte de empresas de otros Estados.

Avance insuficiente

Para los sindicatos los cambios introducidos en el pacto son una mejora y avance significativo, pero insuficiente. John Monks, secretario general de la Confederación Europea de Sindicatos, (CES) manifestó ayer en Bruselas que los avances eran significativos pero que "mantenían las movilizaciones" (como la manifestación del próximo 14 en Estrasburgo) porque todavía quedaban siete reivindicaciones pendientes de aclarar.

Se refería a: "la ambigüedad de la exclusión de la legislación laboral, exigencia de una referencia más clara a la negociación colectiva, exclusión completa de las agencias temporales de contratación, completa exclusión de los servicios de interés económico general, reconocimiento explícito del derecho de los Estados a intervenir por interés público, eliminación del principio del país de origen y eliminación de la lista de los requisitos prohibidos los relativos a la vigilancia sobre el funcionamiento del mercado de trabajo".