El poder de los jueces
Sin importarle un bledo la quiebra de las reglas de la cortesía institucional con el legislativo y el fraudulento abuso de sus competencias propias, el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó el pasado 25 de enero por una raspada mayoría un informe -ni preceptivo ni vinculante- sobre la propuesta de Estatuto catalán. El texto había sido elaborado dos meses antes por la comisión de estudios del CGPJ sobre una ponencia de José Luis Requero, el vocal que equiparó el matrimonio homosexual con "la unión entre un hombre y un animal" cuando opinó sobre la constitucionalidad de la n...
Sin importarle un bledo la quiebra de las reglas de la cortesía institucional con el legislativo y el fraudulento abuso de sus competencias propias, el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó el pasado 25 de enero por una raspada mayoría un informe -ni preceptivo ni vinculante- sobre la propuesta de Estatuto catalán. El texto había sido elaborado dos meses antes por la comisión de estudios del CGPJ sobre una ponencia de José Luis Requero, el vocal que equiparó el matrimonio homosexual con "la unión entre un hombre y un animal" cuando opinó sobre la constitucionalidad de la nueva ley. Aunque el presidente del órgano de gobierno de los jueces se había comprometido a esperar hasta que la Comisión Constitucional del Congreso dictaminase sobre la propuesta estatutaria, Francisco José Hernando cambió a última hora de chaqueta y apoyó con su voto decisorio la moción condenatoria de los 19 pecados de inconstitucionalidad cometidos por un proyecto en tramitación parlamentaria que nadie había enviado al CGPJ y cuyos provisionales contenidos han sido ya modificados sustancialmente.
Se trata de un episodio más de la oscura estrategia de manipulación del Poder Judicial emprendida por la actual mayoría del CGPJ -elegido durante el segundo mandato de Aznar- para cumplimentar los objetivos partidistas del PP en el campo de la política y las metas ideológicas de las sectas religiosas en el terreno de las costumbres. La ilegítima decisión de los populares de utilizar esa alta institución del Estado de derecho como subordinada oficina auxiliar de su sede central es una seria amenaza para la estabilidad del sistema democrático. Si bien la Constitución ordena taxativamente que el órgano de gobierno de la magistratura sea elegido por el Parlamento, la actual mayoría corsaria del CGPJ intenta comparecer ante la opinión como representante de un monolítico poder judicial cuya independencia para dictar sentencias encarnaría de forma corporativa. Pero el CGPJ no es una institución jurisdiccional sino un órgano político nombrado por las Cortes y sometido a su control, aunque el presidente Hernando se atreviera a insinuar venenosamente -en la comparencia del 14 de diciembre ante el Congreso a fin de presentar su Memoria anual- que los diputados tal vez no sean los verdaderos instrumentos del pueblo español y de la soberanía nacional para ejercer ese control: con la mentalidad propia de los teóricos de la democracia orgánica durante el franquismo, el presidente del CGPJ sostuvo que la Cámara expresa únicamente la voluntad del partido en el poder.
Las tres resoluciones aprobadas por el Congreso el 22 de diciembre ordenan al órgano de gobierno de los jueces que se abstenga de emitir informes sobre materias ajenas a su competencia y renuncie a seguir influyendo de manera partidista sobre el debate político. A la vez que fulminaba la propuesta estatutaria, el CGPJ dio hace ocho días -con el patrocinio del vocal Adolfo Prego, promotor de la Fundación para la Defensa de la Nación Española recién creada- una desabrida contestación a la petición de los diputados: no sólo rechazó el justificado requerimiento de la Cámara sino que desafió provocadoramente al Parlamento a plantear un conflicto de competencias ante el Constitucional caso de no resignarse a la negativa.
Por lo demás, los 19 reproches de inconstitucionalidad disparados desde la mayoría del CGPJ tenían como destinatario un Objeto Jurídico-Constitucional No Identificado. Si la propuesta de nuevo Estatuto aprobada el pasado 30 de septiembre por el Parlamento catalán fue modificando su articulado durante las últimas semanas por obra de las negociaciones entre los portavoces de los grupos parlamentarios de la Cámara baja, el entendimiento alcanzado -cuatro días antes del pleno del CGPJ- entre el presidente del Gobierno y los dirigentes del CiU cambió la estructura central del proyecto original. Con su contenido arrojado a la inexistencia por la realidad, los vocales de la mayoría decidieron, sin embargo, mantener el ya inútil informe, animados tal vez por las fobias y las filias de las que suele hacer gala con lenguaraz gracejo su presidente: "Si yo ejerciera en Cataluña aprendería el catalán, pero como un enriquecimiento personal, igual que si estuviera en Andalucía me gustaría aprender a bailar sevillanas".