Un año de ley contra la violencia machista
Una fiscal, un juez, una letrada, el Gobierno y una asociación hacen balance de la norma en Euskadi
Su ex marido está en la cárcel por incumplir una orden de alejamiento. Aún así, hay veces que María (prefiere ocultar su verdadero nombre) va por la calle y se sorprende mirando con desconfianza hacia los lados. Le invade el miedo y el recuerdo de los malos tratos que sufrió. El Parlamento español aprobó por unanimidad la Ley contra la Violencia de Género el 28 de diciembre de 2004 con la intención de hacer frente a esta lacra social. La norma entró en vigor el 28 de enero, pero sólo a medias, ya que la parte penal y judicial empezó a rodar seis meses después. En cualquier caso, las personas c...
Su ex marido está en la cárcel por incumplir una orden de alejamiento. Aún así, hay veces que María (prefiere ocultar su verdadero nombre) va por la calle y se sorprende mirando con desconfianza hacia los lados. Le invade el miedo y el recuerdo de los malos tratos que sufrió. El Parlamento español aprobó por unanimidad la Ley contra la Violencia de Género el 28 de diciembre de 2004 con la intención de hacer frente a esta lacra social. La norma entró en vigor el 28 de enero, pero sólo a medias, ya que la parte penal y judicial empezó a rodar seis meses después. En cualquier caso, las personas consultadas rebobinan un año en el tiempo para hacer balance de la ley.
La directora de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno vasco, Inmaculada de Miguel, subraya que el carácter "integral" de la ley es una de sus mayores virtudes, ya que la erradicación de la violencia contra la mujer precisa "una acción conjunta y multidisciplinar". En este sentido, apunta que la entrada en vigor de la ley, que contempla penas más duras para los agresores, no ha logrado hacer disminuir el número de casos tramitados, lo que pone de manifiesto que "el agravamiento de las penas no es un instrumento que resulte por sí solo eficaz".
"La mayor traba" es la retirada de las denuncias por parte de las víctimas, dicen la fiscal y el juez
El Gobierno y la abogada ven necesarios un segundo juzgado específico en Bilbao y otro en Barakaldo
De Miguel ve positiva la puesta en marcha de los juzgados exclusivos, que se encargan de causas civiles y penales. De los 16 juzgados creados en junio en España, tres están en el País Vasco, uno por cada capital. "La acumulación de todas las causas en el mismo órgano judicial garantiza una más inmediata y eficaz protección a la víctima", afirma.
El ejecutivo autónomo considera que Vizcaya soporta una excesiva carga de trabajo. Por eso viene pidiendo al Ministerio de Justicia, de momento sin éxito, la creación de un segundo juzgado específico en Bilbao y la puesta en marcha de uno en Barakaldo.
La abogada Juana Balmaseda, coordinadora del Turno de Oficio de Violencia de Género de Vizcaya, comparte esta demanda. "El número de denuncias y de peticiones de órdenes de protección es cada vez mayor", resalta. Según los datos facilitados por el Departamento de Justicia, durante los primeros seis meses del pasado año se presentaron en Euskadi 1.959 denuncias por malos tratos, lo que arroja una media diaria de 11 denuncias, dos más que la media de 2004. Durante ese mismo periodo se solicitaron 919 órdenes de protección. Desde la entrada en vigor de la nueva ley hasta finales de 2005, los juzgados tramitaron 1.871 asuntos penales (1.167 los específicos y 704 los mixtos) relacionados con la violencia machista. En ese tiempo se solicitaron 641 órdenes de protección.
La letrada señala también como una deficiencia el que los juzgados especializados funcionen sólo en horas de audiencia y no todo el día, lo que les obliga a coordinarse con los juzgados de guardia. Demanda además "una perfección del sistema de coordinación" entre jueces, fiscales, abogados y servicios sociales.
El titular del juzgado específico de Vitoria, Francisco Ontiveros, admite que en Bilbao puede existir "una puntual sobrecarga de trabajo", pero no considera "prioritario" abrir un segundo juzgado especializado. Aboga, en todo caso, por reforzar la actual plantilla, con nueve funcionarios.
El magistrado opina que tanto la coordinación entre jueces y fiscales como entre éstos y la Policía y los servicios sociales es "buena", aunque "mejorable". Ontiveros echa de menos mayor comunicación con el Departamento de Interior, encargado, cuando no lo concreta el juez, de decidir qué tipo de protección presta a la víctima de malos tratos y del seguimiento de esas medidas, según explica el juez. "No conozco la cantidad de medios de los que dispone ni recibo información del seguimiento de las medidas de protección", indica.
Interior establece las medidas de protección para las mujeres en función del nivel de riesgo detectado y van desde el contacto permanente de la comisaría más próxima con la víctima, a la que se puede facilitar un teléfono móvil conectado con el centro policial, hasta el establecimiento de dispositivos preventivos de vigilancia, que pueden ser puntuales o durante 24 horas. El departamento declina concretar cuántas mujeres están en cada situación. Alega cuestiones de seguridad.
La Ertzaintza sí ha reconocido que no tiene medios suficientes para prestar protección permanente a todas las mujeres en situación de riesgo, por lo que ha recurrido a vigilantes de empresas privadas. La Asociación Española de Escoltas (ASES) ha organizado un curso de formación entre los próximos 20 y 25 de febrero en la localidad guipuzcoana de Zarautz.
Ontiveros y la fiscal contra la violencia de género en Guipúzcoa, Ana Marcotegui, coinciden en que "la mayor traba" con la que se topan es la retirada de las denuncias por parte de las víctimas. "Son delitos un tanto especiales, porque entran en juego las relaciones entre víctima y agresor... Los fiscales actúamos en todo caso de oficio, pero el no encontrar la colaboración de la víctima te genera a veces decepción e impotencia", relata Marcotegui.
La portavoz de la Asociación Clara Campoamor, Blanca Estrella, pone en duda que la Fiscalía persiga de oficio aquellos casos en los que la víctima no denuncia o retira la denuncia. Sostiene también que el personal de servicios sociales no siempre pone en conocimiento de la Fiscalía los casos de malos tratos que llega a conocer, pese a que la ley le obliga. E insiste en que los dispositivos de vigilancia se centren en el agresor y no en la mujer.
"Con él toqué el cielo y el infierno"
María tenía sólo 14 años cuando se hizo novia de su futuro agresor y 20 cuando se casó con él. Apenas llevaban un mes casados, cuando recibió la primera torta. "Habíamos quedado con un amigo y me estaba preparando. Me dio una bofetada porque, según él, tardaba mucho", recuerda la mujer, que ahora tiene 44 años y lleva seis separada.
Ahí empezó su calvario. "Con la misma persona llegué a tocar el cielo y el infierno", confiesa María, madre de tres hijos. "Te dice que va a cambiar, tú te lo crees, pero no cambia". Era un hombre "encantador" de puertas para afuera, pero dentro de casa llegó a agredir a su madre y a sus hijos. "Siempre tuvo problemas con el alcohol, pero era violento estando bebido o no", asegura.
Todavía no se explica cómo aguantó tantos años de palizas e insultos. Sentía "un miedo superior" a sus fuerzas que le impedía separarse y denunciar a su marido. Y también preocupación por sus hijos, "vergüenza" y "culpabilidad". En alguna ocasión llegó hasta la puerta de la comisaría, pero se dio la vuelta.Tampoco le resultaba fácil encontrar un trabajo, entre otras cosas porque su ex pareja le ponía obstáculos.
Una de las palizas recibidas obligó a María a acudir al hospital, que denunció el hecho ante el juzgado. Ella lo ratificó y se puso en marcha la maquinaria judicial. Fue un proceso duro en el que tuvo que refugiarse un tiempo en una casa de acogida y en el que sufrió amenazas para que retirara la denuncia. A eso hay que sumar la lucha en los juzgados, porque a su abogada le costó lo suyo que su caso no quedara en un juicio de faltas. Por eso María saluda la Ley Integral, que desde la primera agresión habla de delito.
El caso es que condenaron a su ex pareja a cinco años de prisión y diez de alejamiento. Tras cumplir un año, quedó libre. La policía le avisó de su salida gracias a la insistencia de su letrada, pues entonces, a diferencia de ahora con la nueva norma, no existía la obligación de dar ese aviso. Le facilitó además un número de teléfono al que llamar si tenía algún problema, una medida que María vio insuficiente. A los dos o tres meses ya le dieron un aparato de teléfono móvil. Su ex marido rompió varias veces la orden de alejamiento cuando salió de la cárcel. Ella no le dununció ni usó el teléfono. Pero llegó un día en que el hombre llamó al domicilio de la mujer y atemorizó a la hija de ambos. Fue detenido en un bar cercano y volvió a la cárcel, donde continúa. María sigue con el móvil en el bolsillo. "Psicológicamente" le da tranquilidad. "Ahora, si viene a matarte, no te sirve para nada", añade.