El Parlamento catalán vota el jueves a sus 39 delegados ante el Congreso

La primera semana de febrero se constituirá la Comisión Mixta, integrada por 39 diputados y 39 miembros del Parlamento catalán, que negociará la reforma del Estatuto de Cataluña. El acuerdo previo entre el Gobierno central y los cuatro partidos catalanes que apoyan la reforma estatutaria facilitará los trabajos de esta comisión negociadora, adscrita a la Comisión Constitucional del Congreso, que preside Alfonso Guerra.

La Comisión Mixta, que se constituirá a finales de la primera semana de febrero en el Congreso de los Diputados, está formada por dos equipos: uno integrado por 39 diputa...

La primera semana de febrero se constituirá la Comisión Mixta, integrada por 39 diputados y 39 miembros del Parlamento catalán, que negociará la reforma del Estatuto de Cataluña. El acuerdo previo entre el Gobierno central y los cuatro partidos catalanes que apoyan la reforma estatutaria facilitará los trabajos de esta comisión negociadora, adscrita a la Comisión Constitucional del Congreso, que preside Alfonso Guerra.

La Comisión Mixta, que se constituirá a finales de la primera semana de febrero en el Congreso de los Diputados, está formada por dos equipos: uno integrado por 39 diputados de todos los grupos de la Cámara baja y otro por 39 representantes del Parlamento catalán. Cada uno de ellos tiene una composición proporcional al reparto de escaños de su Cámara respectiva.

El Pleno del Parlamento del próximo jueves tiene previsto designar a los 39 integrantes de la delegación catalana que negociará el Estatuto en la Comisión Mixta: 13 miembros de Convergència i Unió (CiU), 11 del Partit dels Socialistes (PSC), siete de Esquerra Republicana (ERC), cuatro del Partido Popular (PP) y cuatro de Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV-EUiA).

En representación de CiU, formarán parte el presidente del grupo, Artur Mas, y los tres diputados que ya fueron ponentes en el Parlamento: Francesc Homs, Ramon Camp y Núria de Gispert. El grupo parlamentario de CiU elegirá el próximo martes a sus demás representantes.

Por parte del PSC, acudirán a la Comisión la presidenta del grupo, Manuela de Madre, y los ponentes del Parlamento: Miquel Iceta, Lídia Santos, Joan Ferran, y Álex Masllorens; además de los diputados Carme Valls, Carme Figueras, Lluís Miquel Pérez, Higini Clotas, Carme Carretero y David Pérez. Los miembros de ERC serán su presidente, Josep Lluís Carod-Rovira; los ponentes Joan Ridao, Pilar Dellunde y Teresa Aragonés; y los diputados Sergi de los Ríos, Miquel Àngel Estradé y Pere Vigo.

Los delegados de ICV-EUiA en el Congreso serán el líder del partido, Joan Saura, y sus ponentes en el Parlamento: Joan Boada, Jaume Bosch y Jordi Miralles. Finalmente, los delegados del PP catalán serán su presidente, Josep Piqué, y los tres ponentes: Francesc Vendrell, Maria Àngels Olano y Jordi Montanya.

Para que las negociaciones resulten más efectivas, la comisión nombrará una ponencia para analizar y votar las enmiendas al Estatuto. De cada equipo se designarán 11 diputados. Mas y Carod Rovira ya anunciaron su propósito de formar parte de este núcleo reducido.

Tras cerrarse el plazo de enmiendas, el pasado 27 de diciembre, los dos equipos de la ponencia disponen de dos meses para intentar acordar un texto definitivo. La aprobación de las enmiendas requiere la mayoría simple de los votos ponderados.

Si no hubiera acuerdo entre los dos equipos, la Comisión Constitucional -integrada en exclusiva por representantes del Congreso de los Diputados- sometería las enmiendas a votación y redactaría un dictamen, cuya aprobación sólo necesitaría la mayoría simple de los votos.

Llegado a este punto, el texto aprobado en la Comisión Constitucional se remite al Pleno del Congreso, donde debe ser aprobado por mayoría absoluta. Si no la lograra, el texto sería rechazado. En todo momento, el Parlamento catalán mantiene la potestad de retirar el proyecto estatutario si considera que las enmiendas no son satisfactorias respecto de la propuesta originaria.

En el caso de que la reforma sea aprobada por mayoría absoluta, el texto pasa al Senado, donde sigue un proceso similar al del Congreso, con la participación de parlamentarios autonómicos en el debate de las enmiendas. Tanto si se modifica como si es vetado, el proyecto vuelve al Congreso para un pronunciamiento definitivo, que de nuevo requiere mayoría absoluta.

A continuación, el Parlamento de Cataluña dispone de 10 días para manifestar su acuerdo o desacuerdo con el texto acordado en las Cortes. Si no hay inconvenientes, el Estatuto se remite al Gobierno y a la Generalitat.

Una vez superado este largo camino, se convoca un referéndum en el que los ciudadanos se pronuncian sobre el nuevo Estatut. El presidente catalán, Pasqual Maragall, ha expresado su intención de celebrarlo en torno al verano. Tras firmarlo el Rey y publicarse en el BOE, será ley y el PP podrá, como ha anunciado, recurrirlo al Constitucional.