"La información no es moneda de cambio"

Desde hace días y, tras la emisión del reportaje "Construcción sin límites", no han dejado de llegar correos electrónicos de apoyo a la redacción del programa de TVE Informe semanal. Mientras el Gobierno valenciano exige una rectificación y la emisión de un vídeo de réplica elaborado por el propio Consell, y amenaza con revisar el convenio de colaboración que mantiene con la entidad pública, sindicatos, partidos políticos, asociaciones de periodistas y ciudadanos valencianos han mostrado su solidaridad y agradecimiento por la emisión del reportaje.

La directora del programa, Alic...

Desde hace días y, tras la emisión del reportaje "Construcción sin límites", no han dejado de llegar correos electrónicos de apoyo a la redacción del programa de TVE Informe semanal. Mientras el Gobierno valenciano exige una rectificación y la emisión de un vídeo de réplica elaborado por el propio Consell, y amenaza con revisar el convenio de colaboración que mantiene con la entidad pública, sindicatos, partidos políticos, asociaciones de periodistas y ciudadanos valencianos han mostrado su solidaridad y agradecimiento por la emisión del reportaje.

La directora del programa, Alicia Gómez Montano, asiste incrédula a la polémica que se ha suscitado: "La información no puede ser moneda de cambio. Se trata de un reportaje perfectamente equilibrado y compensado. Se defiende por sí mismo. Hablan todas las partes. No hay nada mejor que rectificar cuando uno se equivoca, pero no se puede rectificar porque a alguien no le guste", decía ayer desde la redacción en la que preparaba el programa de la noche y donde invitaba al EL PAÍS a ver los dos vídeos en litigio: El de Informe semanal y el de la Generalitat.

"No somos correa de transmisión de ningún Gobierno. Los convenios no deben ser mordaza"

Frente a lo ecuánime del reportaje de TVE, en el que se alternan sucesivamente opiniones a favor y en contra de la política urbanística desarrollada por la Generalitat y se muestran algunos de los últimos proyectos urbanísticos en construcción, el del Gobierno valenciano, que lo mostró el viernes en rueda de prensa, está plagado de imágenes de playas casi desiertas, islas casi vírgenes, rincones en los que se posan las gaviotas y los flamencos y de los cascos viejos de los pueblecitos con encanto de esa costa levantina, y se limita a recoger las opiniones de todos aquellos que están a favor de la política urbanística del Consell y a calificar de "marcadamente partidista y tendencioso" el emitido por TVE. Además dice que se ha creado un "alarmismo injustificado" y que se cae en "tópicos urbanísticos", para concluir que el reportaje de Informe semanal "es un catálogo de inexactitudes y falsificaciones".

Ante semejante embate, la reacción de Alicia G. Montano ha sido de total sorpresa y su respuesta tan clara como profesional: "En este momento no somos correa de transmisión de ningún Gobierno. Nuestra obligación es informar con voluntad de servicio público. Los convenios no pueden ser una mordaza".

En este caso, en el que la Generalitat se ha preguntado el porqué de un reportaje que considera injustificado, la percha era el efecto provocado en el Parlamento Europeo, donde se recibieron cerca de 15.000 quejas de ciudadanos sobre la política urbanística valenciana. El llamado Informe Fourtou es contundente. Considera que los métodos de expropiación han sido "en algunos casos leoninos", con tasaciones "a juicio de los interesados excesivamente bajas, para proceder después a su reventa a elevados precios de mercado". Según el informe, los procedimientos de adjudicación de contratos "no se ajustan al derecho comunitario". Y además, el texto aprobado el pasado noviembre en Bruselas indica que algunos planes de urbanización "parecen tener un impacto desastroso en el medio ambiente de numerosas zonas costeras".

TVE mantiene convenios con otras cinco comunidades. El de Valencia supone 10 años de cesión de un edificio a cambio de colocar publicidad, compartir la emisión de la Copa América 2008 y la ampliación de la programación de información sobre la comunidad. En palabras del director de Comunicación, Miguel Somovilla, "no hay ningún ánimo de romperlo ni razón para hacerlo. Del mismo modo que no hay fundamento alguno para exigir esa rectificación. Y, en todo caso, una de ese tipo la tendría que pedir un juez".