Bruselas pide más derechos para 10 millones de inmigrantes
Un total de 10 millones de ciudadanos de países terceros legalmente residentes en la UE deberían poder moverse con libertad en la Unión a partir del lunes si los países europeos hubieran respetado su compromiso de adaptar a las legislaciones nacionales la directiva correspondiente. Sólo cinco Gobiernos lo han hecho hasta ahora. Otros 17, entre ellos el de España, no han cumplido. La Comisión anunció ayer que se da dos meses más para pedir explicaciones sobre el retraso, paso previo a un procedimiento que en último extremo podría llegar al Tribunal de Justicia de la Unión.
La directiva f...
Un total de 10 millones de ciudadanos de países terceros legalmente residentes en la UE deberían poder moverse con libertad en la Unión a partir del lunes si los países europeos hubieran respetado su compromiso de adaptar a las legislaciones nacionales la directiva correspondiente. Sólo cinco Gobiernos lo han hecho hasta ahora. Otros 17, entre ellos el de España, no han cumplido. La Comisión anunció ayer que se da dos meses más para pedir explicaciones sobre el retraso, paso previo a un procedimiento que en último extremo podría llegar al Tribunal de Justicia de la Unión.
La directiva fue aprobada en noviembre de 2003 para conceder a los llegados de terceros países un estatus de residente de larga duración, que conlleva derechos privativos de los ciudadanos de la Unión, como el de trabajar, estudiar o residir en otro país. También podrían tener los mismos derechos económicos y sociales.
Reino Unido, Irlanda y Dinamarca están exentos de la transposición de la directiva, pero de los otros 22 Estados obligados sólo cinco la han convertido en legislación nacional: Austria, Eslovaquia, Eslovenia, Lituania y Polonia. La directiva establece que ciudadanos con al menos cinco años de residencia legal, medios económicos suficientes y seguridad social podrán reclamar el estatus de ciudadano de larga residencia, con sus beneficios correspondientes.
La Comisión va a reclamar explicaciones a los Gobiernos morosos, retraso que relaciona con la complejidad de la propia directiva. "Aunque es complicada, han tenido dos años y hemos creado comités de contactos para ayudar a los Estados en la interpretación de los aspectos más difíciles", comentó ayer un portavoz.