Dos años de prisión para un funcionario del Consell que se apropió de 160.000 euros
Tiene 64 años y ha acabado su vida laboral de funcionario con una condena de dos años de cárcel y cinco de inhabilitación por apropiarse ilegalmente mientras trabajaba en el área de desarrollo agrario de la Consejería de Agricultura de 160.346 euros. Entre 1998 y 2001, a través de 60 operaciones fraudulentas, usando facturas por trabajos ficticios de una empresa que inventó con el nombre de su esposa se fue apoderando del dinero.
Admitió el delito de malversación de caudales públicos ante el tribunal de la sección segunda de la Audiencia de Valencia y aceptó los dos años de cárcel por u...
Tiene 64 años y ha acabado su vida laboral de funcionario con una condena de dos años de cárcel y cinco de inhabilitación por apropiarse ilegalmente mientras trabajaba en el área de desarrollo agrario de la Consejería de Agricultura de 160.346 euros. Entre 1998 y 2001, a través de 60 operaciones fraudulentas, usando facturas por trabajos ficticios de una empresa que inventó con el nombre de su esposa se fue apoderando del dinero.
Admitió el delito de malversación de caudales públicos ante el tribunal de la sección segunda de la Audiencia de Valencia y aceptó los dos años de cárcel por un delito de malversación de caudales públicos. Y logró con ello que el fiscal rebajara los tres años y 11 meses de prisión que pedía el fiscal. El acusado presentaba un trastorno de tipo ansioso depresivo, unido a una ludopatía o juego patológico que no repercutía sobre su capacidad intelectiva aunque sí sobre su voluntad. Así explica el fiscal lo ocurrido. El acusado, jefe de negociado de Administración de Desarrollo Agrario, mientras ejercía las funciones de habilitado suplente de la caja fija, era el encargado de la gestión material de todos los temas de pago de la Dirección General de Modernización y Estructuras Agrarias de la consejería, lo que suponía que se ocupaba tanto de la caja como de la gestión contable. Desde esa posición, entre el 14 de septiembre de 1998 y hasta el 11 de octubre de 2001 realizó un total de 60 operaciones fraudulentas al ordenar pagos desde la cuenta corriente de la consejería hasta la suya. Agricultura detectó las operaciones e investigó. Confesó los hechos cuando le citaron a declarar y poco después devolvió algo más de 35.000 euros en pagos sucesivos. Por eso la acusación entendió que era conveniente un acuerdo.