Sesenta peticiones de normalización por arraigo
La Subdelegación del Gobierno de Álava se halla a la cabeza en el número de normalizaciones de inmigrantes por arraigo en Euskadi. De las 60 solicitudes presentadas hasta el momento en Euskadi, 20 ya han sido concedidas: 15 en Álava, tres en Vizcaya y dos en Guipúzcoa, según los datos disponibles hasta mediados del pasado mes de diciembre.
La Subdelegación de Guipúzcoa presenta el porcentaje más alto de solicitudes denegadas, con un 75%, mientras que en Álava ese ratio no llega al 33%. En Vizcaya, de momento la mayoría de las solicitudes siguen en trámite.
El procedimiento de nor...
La Subdelegación del Gobierno de Álava se halla a la cabeza en el número de normalizaciones de inmigrantes por arraigo en Euskadi. De las 60 solicitudes presentadas hasta el momento en Euskadi, 20 ya han sido concedidas: 15 en Álava, tres en Vizcaya y dos en Guipúzcoa, según los datos disponibles hasta mediados del pasado mes de diciembre.
La Subdelegación de Guipúzcoa presenta el porcentaje más alto de solicitudes denegadas, con un 75%, mientras que en Álava ese ratio no llega al 33%. En Vizcaya, de momento la mayoría de las solicitudes siguen en trámite.
El procedimiento de normalización a través del arraigo, en su doble vertiente social y laboral, está dando en estos momentos sus primeros pasos, ya que la legislación fue modificada el pasado mes de agosto, al acabar el proceso extraordinario de normalización. En Euskadi se regularizaron más de 11.000 inmigrantes gracias a esa vía.
El nuevo reglamento establece dos procedimientos: el arraigo social y el laboral. La Administración periférica del Estado considera que el del arraigo va a ser el procedimiento más habitual para conseguir la documentación a partir de este mismo ejercicio.
El mayoritario está siendo por ahora el primero, que supone al 90% de las 60 solicitudes de normalización presentadas. Hasta la fecha, ninguna de las tres subdelegaciones ha concedido la documentación a ningún inmigrante por el principio del arraigo laboral, a pesar de que media docena de inmigrantes se hallan a la espera de la resolución de la Administración periférica del Estado.
"El arraigo laboral está más pensado para que afloren casos de explotación del trabajador inmigrante", explicó la subdelegada de Álava, Gloria Sánchez, a un grupo de funcionarios que se interesaron por el nuevo procedimiento de normalización.
La normativa para la obtención de documentación a través del arraigo había sido restringido desde enero de 2002 por decisión del anterior Ejecutivo del PP. En el caso del arraigo social, los ayuntamientos y los servicios sociales juegan un papel destacado, ya que es preceptivo un informe en el que proponen que le sea o no concedida la documentación a los inmigrantes en función de su inserción en la sociedad.