Madrid tendrá un régimen especial pero sin financiación
El Consejo de Ministros aprobará hoy, previsiblemente, el anteproyecto de Ley de Capitalidad y de Régimen Especial para Madrid. El texto regula la condición de la villa de Madrid como capital de España. También define las competencias y las especialidades del régimen jurídico que se puede aplicar a la ciudad. Sin embargo, y en notable contraste con la Carta de Barcelona, el anteproyecto elude el capítulo financiero. Por tanto, la situación especial no se traducirá en un aumento de los ingresos.
También a diferencia de Barcelona, el texto no otorga a Madrid participación alguna en materi...
El Consejo de Ministros aprobará hoy, previsiblemente, el anteproyecto de Ley de Capitalidad y de Régimen Especial para Madrid. El texto regula la condición de la villa de Madrid como capital de España. También define las competencias y las especialidades del régimen jurídico que se puede aplicar a la ciudad. Sin embargo, y en notable contraste con la Carta de Barcelona, el anteproyecto elude el capítulo financiero. Por tanto, la situación especial no se traducirá en un aumento de los ingresos.
También a diferencia de Barcelona, el texto no otorga a Madrid participación alguna en materia de infraestructuras. El anteproyecto acordado prevé sólo cesiones mínimas de competencias a la ciudad. El proyecto de ley se limita a recoger especificidades de la capital en materia de seguridad ciudadana y vial.
Pese a esta carencia, los grupos municipales de PP y PSOE en el Ayuntamiento de Madrid exhiben un sólido apoyo a la propuesta. En el pleno celebrado ayer, ambas formaciones aprobaron una moción en la que expresan su apoyo al proyecto de Ley de Capitalidad. El alcalde, el popular Alberto Ruiz-Gallardón, expresó su "agradecimiento" al Gobierno central y a la Comunidad de Madrid por su trabajo en la elaboración de la ley.
"Todos desearíamos que se convierta en una ley de todos los madrileños", dijo Gallardón en clara alusión a Izquierda Unida, que se abstuvo en la votación. La portavoz de IU, Inés Sabatés, justificó la posición de su grupo porque, a su juicio, la ley "no resuelve los problemas, no reconoce derechos y no mejora la democracia". "Es una ley de mínimos para los ciudadanos pero muy buena para quien gobierna".
"Todos hemos tenido que renunciar incluso a puntos que considerábamos imprescindibles", replicó la portavoz socialista, Trinidad Jiménez.