Y ahora, el resto
El paquete de medidas que ha anunciado el ministro de Administraciones Públicas para conciliar la vida laboral y familiar de los funcionarios es una decisión sensata y acorde a los tiempos. Ahora bien, subraya la situación en que se encuentran el resto de los trabajadores, independientemente de lo que ya contemplan los convenios colectivos de algunas grandes empresas. Si no se convierte en un ejemplo a seguir, quedará como una medida discriminatoria y puede ser objeto de animosidad hacia un colectivo que no siempre goza de la comprensión y el apoyo populares. Es de esperar que la futura Ley de...
El paquete de medidas que ha anunciado el ministro de Administraciones Públicas para conciliar la vida laboral y familiar de los funcionarios es una decisión sensata y acorde a los tiempos. Ahora bien, subraya la situación en que se encuentran el resto de los trabajadores, independientemente de lo que ya contemplan los convenios colectivos de algunas grandes empresas. Si no se convierte en un ejemplo a seguir, quedará como una medida discriminatoria y puede ser objeto de animosidad hacia un colectivo que no siempre goza de la comprensión y el apoyo populares. Es de esperar que la futura Ley de Igualdad que prepara el Gobierno recoja estos justos beneficios para el conjunto de la sociedad.
Más de medio millón de personas de la Administración central, incluidos jueces y policías -el 22,6% del total de los 2,4 millones de empleados públicos que existen en España-, podrán recurrir a gran parte de esas nuevas normas a partir del próximo 1 de enero, entre ellas la de una mayor flexibilidad en el horario de trabajo, especialmente para aquellos que tengan hijos menores de 12 años. Son buenas noticias para el funcionariado, justo cuando ha conocido que al final tendrá un aumento salarial del 3,9% en 2006, ocho décimas más de lo pactado el pasado julio. Al acuerdo entre Gobierno y sindicatos no se ha sumado Comisiones Obreras por entender que es inferior a la subida de los empleados de las autonomías.
El bautizado Plan Concilia amplía a 10 días frente a los dos actuales el permiso de paternidad retribuido. Esta norma no entrará inmediatamente en efecto, porque requerirá antes un desarrollo legislativo. En comunidades como Cataluña, disposiciones de este tipo habían sido ya aprobadas para sus funcionarios, y con una mayor generosidad: cuatro semanas de permiso al padre, independientemente de los cuatro meses a los que tiene derecho la madre. El PSOE, en su programa electoral, hablaba de dos semanas para todos los trabajadores. Parece justo que el plan otorgue mayores beneficios a la mujer, en coherencia con el espíritu de lograr la igualdad de género. Resultan así lógicas las mayores facilidades a las madres trabajadoras (podrán sustituir el permiso de lactancia por un mes de baja), si se tiene en cuenta que el 43% de las mujeres no se reintegra a su empleo después de ser madre por primera vez, según datos del Instituto Nacional de la Mujer.