La Ley Especial excluye las medidas fiscales pedidas por Gallardón

El proyecto de Ley Especial de Madrid que el Ministerio de Administraciones Públicas ultima estos días niega al Ayuntamiento mayor potestad sobre sus propios impuestos y no recoge, por tanto, ninguna de las medidas pedidas por el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, para modificar los tributos municipales. Ruiz-Gallardón pretendía cobrar el IBI en función del valor del inmueble y aplicar descuentos a propietarios con rentas bajas. El ministerio alega que la Ley Especial "no es una ley financiera".

La Ley Especial, en su último borrador, ha sido desposeída de todo el paquete de medidas fisca...

El proyecto de Ley Especial de Madrid que el Ministerio de Administraciones Públicas ultima estos días niega al Ayuntamiento mayor potestad sobre sus propios impuestos y no recoge, por tanto, ninguna de las medidas pedidas por el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, para modificar los tributos municipales. Ruiz-Gallardón pretendía cobrar el IBI en función del valor del inmueble y aplicar descuentos a propietarios con rentas bajas. El ministerio alega que la Ley Especial "no es una ley financiera".

La Ley Especial, en su último borrador, ha sido desposeída de todo el paquete de medidas fiscales que el concejal de Hacienda, Juan Bravo, incluyó en el borrador inicial, según confirmó un portavoz del ministerio que dirige Jordi Sevilla. El argumento es que no se va a conceder a Madrid nada que no se haya concedido a Barcelona en su Carta Municipal, aprobada ya por el Consejo de Ministros. "Ni la Ley de Capitalidad ni la Carta de Barcelona son leyes financieras, por eso no incorporan propuestas fiscales", explicó el portavoz a este periódico.

Al Ayuntamiento ya sólo le queda esperar que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero asuma las medidas fiscales que Madrid quería para sí incluyéndolas, para el conjunto de España, en la nueva Ley de Haciendas Locales. "Pero ésa es una competencia del Ministerio de Economía y Hacienda, que todavía no ha comenzado los trabajos de preparación de la reforma legal. En cualquier caso, el Ayuntamiento de Madrid puede trasladar sus sugerencias para que sean incorporadas a los trabajos legislativos", señaló el responsable de Administraciones Públicas.

El equipo de Ruiz-Gallardón reclamaba principalmente más capacidad normativa sobre tres impuestos: el IBI -el principal tributo de los ayuntamientos, que grava la posesión de un inmueble-, el de plusvalía -sobre la compraventa de inmuebles y solares- y el de matriculación de vehículos.

En el primer caso, el objetivo era convertir el IBI en un impuesto progresivo: aplicar tipos distintos, por tramos, en función del valor catastral de cada casa. Ahora se aplica el mismo tipo (el 0,52 en Madrid) a todos los inmuebles; el Ayuntamiento sólo puede establecer un tipo diferenciado -cosa que ha hecho este año, subiéndolo al 0,8- al grupo de inmuebles de más valor que no sean viviendas -las grandes superficies comerciales, bloques de oficinas, instalaciones deportivas o de ocio-.

Además de establecer tramos distintos, el concejal de Hacienda, Juan Bravo, había pedido al ministerio que le permitiera modificar el IBI de forma que este tributo no tuviera sólo en cuenta el valor catastral de los pisos, sino también la situación económica de sus dueños. Hay casos, argumentaba, en los que personas con bajos ingresos -principalmente pensionistas, pero también desempleados- viven en inmuebles de gran valor, por ejemplo porque los han heredado. O que habitan casas humildes con un IBI bajo pero excesivo para sus escasos recursos. Bravo planteaba aplicar descuentos de hasta el 50% del recibo a estas personas.

Si el Gobierno lo autoriza, me comprometo a aplicar las bonificaciones, en distintos tramos hasta un máximo del 50%, a partir del primer año de vigencia de la Ley Especial de Madrid", afirmó el concejal el pasado septiembre.

Las modificaciones solicitadas por el Ayuntamiento no sólo tenían que ver con el IBI. También reclamaba poder cobrar hasta un 50% más en el impuesto de plusvalía a quien venda solares vacíos o en el plazo inferior a un año -"con el objeto de combatir la especulación"- o cobrar más por impuesto de vehículos a los coches más contaminantes.