Competencia desleal en legislaciones sociales
Si reconocemos que la Unión Europea es un mercado único, nadie debe dudar, por lo tanto, del derecho de las empresas de los nuevos países a instalarse en otros países miembros. Ahora bien, nosotros abogamos por una de estas ideas: respetar la legislación del país de destino o armonizar al alza las legislaciones sociales. No puede ser que se tire del telón hacia abajo, provocando que las normas compitan entre sí con el arrastre de los países menos exigentes.
La directiva sobre servicios en el mercado interior, que entró a discutirse a finales de noviembre en comisión y que tiene que pasa...
Si reconocemos que la Unión Europea es un mercado único, nadie debe dudar, por lo tanto, del derecho de las empresas de los nuevos países a instalarse en otros países miembros. Ahora bien, nosotros abogamos por una de estas ideas: respetar la legislación del país de destino o armonizar al alza las legislaciones sociales. No puede ser que se tire del telón hacia abajo, provocando que las normas compitan entre sí con el arrastre de los países menos exigentes.
La directiva sobre servicios en el mercado interior, que entró a discutirse a finales de noviembre en comisión y que tiene que pasar a debate y votación en el plenario del Parlamento Europeo, en caso de ser adoptada, puede socavar sistemáticamente las leyes nacionales por medio del principio de "país de origen". Por ella, las empresas de servicios podrán obedecer solamente los requisitos del país de origen, ya que a los países de destino no se les permitirá imponer restricciones o controles de ningún tipo. Ante la apertura de la discusión de esta directiva, la UGT-PV solicitó públicamente a los europarlamentarios valencianos que se opongan a la misma.
Esta directiva considera como servicio cualquier actividad que se haga a cambio de una remuneración, aunque no la pague el receptor del servicio, pudiendo ser incluso el Estado. Por lo tanto, esta directiva, para más inri, no solamente tendrá consecuencias en el mercado de trabajo, sino que además puede producir un deterioro en los servicios públicos, ayudas sociales o sistema educativo y sanitario, que podrían quedar sujetos a la misma competencia que las mercancías, convirtiendo al alumnado o a los enfermos en puros clientes.
Las últimas discusiones y las enmiendas presentadas a la Comisión incidían en los puntos más débiles que hemos destacado, especialmente en el principio del país de origen; con una redacción nueva que implicaba un avance que considerábamos positivo, pero que esta misma semana ha sido rechazada por la Comisión del Mercado Interior, dando un paso atrás con respecto a la línea adoptada en el seno de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo.
Como decía al inicio, es un derecho establecerse en otro país miembro, pero esto implica, para no crear problemas, una armonización que no sea a la baja. Ahí es donde pedimos la finura y la sensibilidad oportuna a los parlamentarios europeos, de cualquier partido, para que, al final, esta directiva no incida negativamente en el mercado laboral. Está en sus manos y no deben descuidarse, por lo que UGT reitera su petición al Gobierno y a los eurodiputados españoles que sustenten las propuestas de la Confederación Europea de Sindicatos en la votación de la sesión plenaria y, en particular, la exclusión de los servicios públicos y de interés general, así como la exclusión de determinados sectores sensibles y la retirada o modificación en profundidad del principio de país de origen.
Si a esta propuesta de directiva le sumamos los nuevos contratos de trabajo en Francia, unos contratos por tiempo indeterminado rescindibles, que no son nada más que una regresión gigantesca a las condiciones del siglo XIX, o los contratos que propone la CEOE, podemos constatar que, en su conjunto, se está produciendo una oleada de medidas para activar la precarización del trabajo, empujar a los trabajadores por un resorte maligno, inclinado y siempre descendente, que sólo facilita la inseguridad laboral y social.
Desde la UGT-PV consideramos que combatir la abusiva temporalidad y la precariedad del empleo, íntimamente ligadas a la siniestralidad, deben ser los ejes del diálogo social sobre el mercado del trabajo. El grave problema de la temporalidad, que soporta el mercado de trabajo de nuestra Comunidad, obedece al uso abusivo de la legalidad, motivada por la búsqueda obsesiva de formas de contratación precarias, con rotaciones continuas del mismo personal, y muy baratas, no debido a una necesidad real derivada de las propias actividades en las empresas.
Este frente de liberalización tiene que ser contrarrestado en la UE, en España y en nuestra comunidad autónoma con acciones que rechacen su contenido, porque todavía hay tiempo para detener planes tan radicales como la Bolkestein, y con otras, que hagan reflexionar a los empresarios y a los gobiernos.
Para la UGT resulta fundamental impulsar el cambio hacia un nuevo modelo productivo sostenible, pero que éste no consiste en más flexibilidad, ni en el alargamiento de la vida productiva, ni en más facilidades para el despido, ni en un despido más barato, ni en la desaparición del contrato indefinido...
Este cambio debe asentarse sobre las bases de un empleo de calidad, una mayor y mejor cualificación y formación de los trabajadores y trabajadoras, y, una mayor dotación científica y tecnológica que permita, a través de un empleo estable, el crecimiento económico y, a la vez, consolide un tejido sólido en todos los sectores de la producción. Como conclusión, no podemos admitir que distintas instituciones intenten buscar, resquicio tras resquicio, para abandonar a la baja el principio de armonización de las legislaciones sociales.
Rafael Recuenco es secretario general de la UGT-PV.