IV pide acabar con los privilegios que la Iglesia usa para "sembrar odio"

La llamada sobrefinanciación de la Iglesia, esto es, el dinero que el Estado entrega a esta institución por encima del que efectivamente se recauda de los ciudadanos que marcan la casilla correspondiente en sus declaraciones de la renta, aleja claramente al PSOE de uno de sus socios preferentes, Izquierda Verde (IU-ICV). El portavoz de este grupo, Joan Herrera, interpeló ayer al Gobierno por este asunto y le pidió que acabe de una vez con los "privilegios" de la Iglesia en financiación y tratamiento fiscal, y aseguró que los obispos utilizan parte de ese dinero extra, "fuera de la ley",...

La llamada sobrefinanciación de la Iglesia, esto es, el dinero que el Estado entrega a esta institución por encima del que efectivamente se recauda de los ciudadanos que marcan la casilla correspondiente en sus declaraciones de la renta, aleja claramente al PSOE de uno de sus socios preferentes, Izquierda Verde (IU-ICV). El portavoz de este grupo, Joan Herrera, interpeló ayer al Gobierno por este asunto y le pidió que acabe de una vez con los "privilegios" de la Iglesia en financiación y tratamiento fiscal, y aseguró que los obispos utilizan parte de ese dinero extra, "fuera de la ley", para "sembrar el odio" desde su cadena, la Cope.

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, no quiso comprometer al Gobierno en ninguna reforma de la financiación de la Iglesia y, a pesar de que se mostró abierto a cualquier debate en el Parlamento, recordó que no figuraba en el programa con el que el PSOE se presentó a las elecciones "la revisión o renegociación de los acuerdos suscritos con la Santa Sede".

Este asunto divide al Grupo Socialista, ya que varios diputados defienden que, precisamente en un momento de máxima tensión con la Iglesia, el Ejecutivo podría al menos acabar con este plus anual, establecido en 1988 y que debía haber concluido en 1991. Según Herrera, ha supuesto desde ese año 500 millones de euros extra para las arcas de la Conferencia Episcopal. De hecho, la semana pasada siete diputados socialistas, liderados por el asturiano Álvaro Cuesta, hombre del entorno del presidente del Gobierno, rompieron la disciplina de grupo cuando se votaba una enmienda de Izquierda Verde para acabar en los Presupuestos de 2006 con esta aportación suplementaria.

Herrera aseguró que incluso en el mundo cristiano hay muchos ciudadanos que están "hartos de tanta cabezonería, tanto dogma y tanto privilegio", precisamente en un momento en que la Iglesia tiene "un papel político muy relevante" en la oposición al Gobierno. Como demostración de este hartazgo de una parte de los católicos, aportó el dato de que cada año baja el porcentaje de ciudadanos que marcan la casilla de la declaración de la renta que supone donar una pequeña parte del dinero cobrado a financiar las actividades de la Iglesia. "Ha caído 10 puntos en sólo tres años, sobre todo desde el caso Gescartera -en el que se descubrió que el obispado de Valladolid invertía parte del dinero en operaciones ficticias en bolsa-, y ahora ronda el 25%", aseguró.

La Iglesia, recordó Herrera, además de gastar su dinero "en inversiones opacas", no paga impuestos de compras, ni de sucesiones, ni de donaciones. "¿En qué Estado aconfesional del mundo tiene la Iglesia estos privilegios? En ninguno", se quejó. Además, recordó que mientras los presupuestos aportan 144 millones de euros a la Iglesia -una pequeña parte de los 3.000 que le llegan del Estado-, las otras confesiones reciben sólo 4 millones.

López Aguilar se mostró abierto a la posibilidad de que una comisión del Parlamento estudie "con rigor" la situación de la financiación de la Iglesia, pero fue muy cauto en sus términos y no quiso concretar ningún plan de reforma. No reconoció que existan privilegios, aunque sí habló de financiación "singular y diferenciada" y recordó que el Estado no tiene "ningún deber" de cubrir las necesidades de ninguna confesión, ni siquiera la católica. En cuanto a la sobrefinanciación, que se sitúa entre un 20% y un 30% más de lo que le corresponde, aseguró que se está buscando una solución satisfactoria para acabar con ella antes de un año.