El Gobierno respalda las querellas de la Zona Franca

El Gobierno central defendió ayer que los servicios centrales y la subdirección general de los servicios contenciosos de la Abogacía General del Estado elaborasen y presentasen la querella por presuntos delitos societarios, de prevaricación, malversación de fondos públicos, apropiación indebida, fraude y exacciones ilegales contra los ex delegados en la Zona Franca Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna, ambos del PP.

En respuesta parlamentaria al senador popular José Blas Fernández, que preguntó sobre la autoría de la querella, el Ejecutivo detalla que se consideró "oportuno" que la...

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El Gobierno central defendió ayer que los servicios centrales y la subdirección general de los servicios contenciosos de la Abogacía General del Estado elaborasen y presentasen la querella por presuntos delitos societarios, de prevaricación, malversación de fondos públicos, apropiación indebida, fraude y exacciones ilegales contra los ex delegados en la Zona Franca Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna, ambos del PP.

En respuesta parlamentaria al senador popular José Blas Fernández, que preguntó sobre la autoría de la querella, el Ejecutivo detalla que se consideró "oportuno" que la estructura central de la Abogacía del Estado en Madrid preparase las acciones penales debido al "exhaustivo conocimiento" que tenían de las "irregularidades contables" de la Zona Franca por su participación en los informes que elaboraron con anterioridad el Ministerio de Economía y el Tribunal de Cuentas.

Asimismo, el Gobierno detalla que la Abogacía del Estado en Cádiz colaboró en la querella, pero no la elaboró porque era la encargada de prestar asistencia jurídica cotidiana al Consorcio y había asumido la defensa de las personas querelladas en otros asuntos que "no tenían nada que ver con éste".

El diputado del PSOE por Cádiz, Rafael Román, sostuvo que, con esta respuesta parlamentaria, al PP "se le cae una nueva estrategia de confusión al intentar poner bajo sospecha la actuación de la Abogacía del Estado". "Siguen buscando culpables por todos lados, sin asumir que la responsabilidad de las irregularidades fue de los dirigentes populares", dijo Román.

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