La izquierda acuerda una financiación en el Estatuto opuesta a la propuesta catalana
PSOE e IU reprochan al PP que antepongan la crítica a Zapatero a la defensa de Andalucía
PSOE e Izquierda Unida acordaron ayer incluir en la reforma del Estatuto una financiación para Andalucía en el que se establece "el principio de igualdad" en el acceso de la prestación de servicios en todo el territorio español como pieza clave. Ambos partidos destacaron que la propuesta en completamente opuesta a la que figura en el proyecto del Estatuto de Cataluña. El acuerdo servirá de base a la posición que defenderá la Junta de Andalucía el próximo mes de enero cuando se abra la discusión del nuevo sistema de financiación autonómica en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF)....
PSOE e Izquierda Unida acordaron ayer incluir en la reforma del Estatuto una financiación para Andalucía en el que se establece "el principio de igualdad" en el acceso de la prestación de servicios en todo el territorio español como pieza clave. Ambos partidos destacaron que la propuesta en completamente opuesta a la que figura en el proyecto del Estatuto de Cataluña. El acuerdo servirá de base a la posición que defenderá la Junta de Andalucía el próximo mes de enero cuando se abra la discusión del nuevo sistema de financiación autonómica en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
Los socialistas andaluces han tomado buena nota de las palabras pronunciadas por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el pasado día 2 en el Congreso sobre que los Estatutos pueden incluir "algo más que principios" sobre la financiación. De hecho, el PSOE andaluz comunicó a su dirección federal que caminarían en esa dirección.
El texto aprobado ayer en la ponencia del Estatuto, que como todos los acordados no son definitivos, incluye algo más que criterios genéricos sobre la financiación de Andalucía. A los principios de autonomía fiscal y financiera y suficiencia, PSOE e IU añaden el de "la nivelación de servicios, en relación con la población y con los indicadores sociales que se determinen"; incluyen la "multilateralidad" para definir el modelo; abogan por la participación en la Administración tributaria del Estado y el "acceso a la información sobre la evolución de los tributos"; y exigen "neutralidad interterritorial cuando la carga tributaria sea la misma", es decir, rechaza el criterio de las balanzas fiscales para establecer la financiación de las comunidades.
El proyecto incluye la creación por ley de una agencia tributaria andaluza para la "gestión, inspección y recaudación" de los tributos cedidos, propios "o los de otras administraciones públicas por vía de convenio". También fija un listado de 15 tributos cedidos por el Estado como recursos de la comunidad. PSOE asumió íntegramente la propuesta de IU sobre las relaciones de Andalucía con la Administración financiera del Estado en la que se afirma que la vinculación o no a los modelos de financiación no podrán suponer "una merma de sus ingresos"; que el Estado "establecerá medidas de compensación" si se modifica un tributo que le suponga variación en sus ingresos; y que la comunidad "participará" en la determinación o reforma del sistema impositivo que "afecten a los tributos cedidos" y en "la planificación de la inversión pública estatal".
PSOE e IU se mostraron exultantes por el acuerdo. "Con el acuerdo político que hay detrás de este texto estamos haciendo un servicio importante al conjunto de España. Ante el anuncio de la reunión del CPFF y el modelo de financiación insolidario de la propuesta catalana, que no compartimos, construimos una posición firme y clara para que Andalucía tenga una voz potente", afirmó el portavoz socialista, Manuel Gracia.
"Este texto va a ser muy útil en el futuro y va a dar mucho juego en el debate territorial. Es la propuesta más avanzada de cuantas hay en el conjunto del Estado y mas de izquierdas", destacó la portavoz de IU, Concha Caballero. Para subrayar la importancia del acuerdo, el coordinador de IU, Diego Valderas -que no tiene escaño en la Cámara- compareció junto a la portavoz para calificar de "francamente positivo" el documento.
Tanto Gracia como Caballero indicaron que el proyecto acordado es "distinto en 180 grados al de Cataluña" y "la mejor respuesta que se puede dar desde Andalucía al modelo catalán". De ahí, que ni IU ni PSOE entendieran la posición que mantuvo el PP en la ponencia.
Los populares -cuyo portavoz, Antonio Sanz, puso el acento sobre todo en las reservas que IU y PA mantienen al texto, para minimizar su soledad- aseguran que el texto acordado "impone un modelo de financiación y excede de la Constitución". Sanz insistió en que no se puede avanzar ni este título ni el de competencias, mientras exista "la amenaza del Estatuto catalán".
"El PP hace dejación de su responsabilidad con Andalucía, autoexcluyéndose", dijo Gracia. "El PP antepone su confrontación con Zapatero a la defensa de los intereses de Andalucía", aseguró Concha Caballero.
El PA mantuvo una reserva general al texto. "No nos disgusta la música, pero nos gustaría afinar la letra del texto", explicó su portavoz Ildefonso Dell'Olmo, quien calificó de "troglodita" e "inmovilista" al PP.
Más competencias
Desde hace un par de semanas los titubeos que podían apreciarse en el PSOE en relación con los criterios de financiación que deben figurar en el Estatuto y en las competencias parecen haberse eliminado. Los socialistas han ido más allá de lo previsto en lo referido a la financiación de la comunidad, una vez que en este partido parece que empieza a primar la posición de que no ocurre ninguna catástrofe si en el Congreso de los Diputados su propio grupo plantea una rebaja del texto que apruebe el Parlamento andaluz.
En el capítulo de competencias ocurre algo similar. El texto que se conoce de las propuestas socialistas incluye la petición de hasta cuatro competencias estatales para Andalucía (puertos y aeropuertos de interés general, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, servicio meteorológico y archivos, museos y bibliotecas). Fuentes de este partido aseguran que este paquete "puede ampliarse" en las próximas semanas. "Nosotros no vamos a atravesar la línea roja de la Constitución, pero vamos a llegar hasta ella", afirma un dirigente regional.
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