Orar por España
NI EN TIEMPOS de la República llegó a ocurrir lo que hemos tenido ocasión de presenciar por dos veces en sólo medio año: la convocatoria por la Conferencia Episcopal y el Partido Popular de sendas manifestaciones contra la política del Gobierno en cuestiones relativas al derecho de los homosexuales a contraer matrimonio y a la enseñanza de la religión en las escuelas. La confluencia de obispos y políticos para sacar a la gente a la calle es algo insólito, y vuelve a poner sobre el tapete si acaso no habremos dado por prematuramente clausurada aquella excepcionalidad española que tantos dolores...
NI EN TIEMPOS de la República llegó a ocurrir lo que hemos tenido ocasión de presenciar por dos veces en sólo medio año: la convocatoria por la Conferencia Episcopal y el Partido Popular de sendas manifestaciones contra la política del Gobierno en cuestiones relativas al derecho de los homosexuales a contraer matrimonio y a la enseñanza de la religión en las escuelas. La confluencia de obispos y políticos para sacar a la gente a la calle es algo insólito, y vuelve a poner sobre el tapete si acaso no habremos dado por prematuramente clausurada aquella excepcionalidad española que tantos dolores de cabeza produjo a las preclaras mentes de nuestros ancestros. Pues excepcionalidad española es que obispos y políticos aparezcan juntos -aunque en esta ocasión cuidando de no aparecer revueltos- en la misma manifestación.
Lo que se ventilaba en la última quedó claramente definido en el comunicado de la Conferencia Episcopal contra el proyecto de Ley Orgánica de Educación de 29 de septiembre pasado. Los obispos quieren tres cosas: que los centros concertados puedan elegir a sus alumnos, que la religión tenga el carácter de asignatura fundamental y que los llamados profesores de religión sean empleados del Estado, aunque conserven ellos la prerrogativa de nombrarlos y destituirlos a voluntad. Si el Gobierno se empeña en salvaguardar el carácter de servicio público de los centros, si mantiene la religión como opción no evaluable y si paga a sus enseñantes aunque el empleador sea el obispo, entonces se atenta contra derechos fundamentales, se cercena la libertad de enseñanza y se viola el derecho de los padres a elegir la formación religiosa y moral de sus hijos.
Por debajo de esta trifulca medieval no late únicamente la pretensión de ampliar los privilegios arrancados por la Santa Sede al Estado español en los acuerdos de 3 de enero de 1979. Hay algo más inquietante. Si se cree al secretario general de la Conferencia Episcopal, "la razón de fondo" del enfrentamiento radica en que "los proyectos legislativos del Gobierno se basan en una filosofía que no coincide con elementos fundamentales de la visión cristiana de siempre de las cosas". Ésta es la madre del cordero, que "la posición socialista prescinde por completo de la perspectiva teológica". La arrogancia clerical de este personaje, venido de las profundidades del nacionalcatolicismo, le llevó a amenazar con la salida de los católicos a la calle si los socialistas se obstinaban en una política carente de perspectivas teológicas, aunque al mismo tiempo, y para sumar la impostura a la arrogancia, Martínez Camino prometía al Gobierno "pleno apoyo" si se avenía a sellar con la Conferencia Episcopal "un pacto de Estado".
Política de palo y zanahoria se llama esta figura: si no aceptas la visión cristiana de siempre de las cosas, te saco la gente a la calle; pero si adoptas una perspectiva teológica, tendrás mi pleno apoyo. Estas cosas están dichas y publicadas, como dicha y publicada está la conferencia de Antonio Rouco en la que, pretendiendo dotar de una armadura teórica a esta involución, se habla de una "realidad histórica cristiana de España" -ay, si don Américo lo viera-, vigente hasta hoy mismo y marcada por "el signo de lo católico", y se aboga por la aportación decisiva, indispensable, de la Iglesia a la edificación diaria de la sociedad. No hay sociedad sin que la Iglesia se constituya en su fundamento, viene a decir Rouco, que incurre en la conocida infamia de vincular la Ilustración con el nazismo como ejemplo de lo que ocurre cuando una sociedad no se construye sobre el fundamento de la religión. Orar por España, exhorta el cardenal; orar "por la guarda efectiva de su identidad católica", en la que se fundamenta su unidad: Menéndez Pelayo habrá saltado de alegría en su tumba.
Ésta es toda la sustancia de un enfrentamiento que el Gobierno, torpemente, no ha sabido digerir peregrinando al Vaticano cuando no tocaba, amenazando con recortes cuando no venía a cuento y abriendo amplio campo al Partido Popular para dedicarse a la pesca en río revuelto enviando sus más aguerridas falanges a la manifestación. Pero esta identificación de política y religión, esta colusión con los obispos de un partido dispuesto a reimplantar en la política una "perspectiva teológica", o sea, nacional y católica, trae a la memoria recuerdos ominosos: expulsado en la transición por la ventana el proyecto de un partido democristiano, lo que ahora entra por la puerta es... ¡la CEDA! Monjas, obispos y ex ministras en la manifestación; teología como base de la política, y, sobre todo, oración, mucha oración por España, por su identidad católica, por su unidad.
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