Atmósfera irrespirable

La estructura del Estado no aparece nunca entre las preocupaciones ciudadanas en ninguno de los estudios de opinión que regularmente se publican. En ninguna comunidad autónoma. Pero es así no porque los ciudadanos no sean conscientes de la importancia que la estructura del Estado tiene para sus vidas, sino por todo lo contrario. La estructura del Estado no tiene la condición de un problema, del que los ciudadanos se preocupen, como puede ser el desempleo, la inseguridad ciudadana o la inmigración. Y no la tiene, porque es la premisa a partir de la cual únicamente es posible dar respuesta de un...

La estructura del Estado no aparece nunca entre las preocupaciones ciudadanas en ninguno de los estudios de opinión que regularmente se publican. En ninguna comunidad autónoma. Pero es así no porque los ciudadanos no sean conscientes de la importancia que la estructura del Estado tiene para sus vidas, sino por todo lo contrario. La estructura del Estado no tiene la condición de un problema, del que los ciudadanos se preocupen, como puede ser el desempleo, la inseguridad ciudadana o la inmigración. Y no la tiene, porque es la premisa a partir de la cual únicamente es posible dar respuesta de una manera ordenada y pacífica a todos los problemas que se nos plantean en la convivencia. La estructura del Estado es lo indiscutible con base en lo cual se puede discutir, de manera ordenada y pacífica reitero, todo lo demás.

La estructura del Estado es como el aire que respiramos. No le prestamos atención hasta que nos falta o hasta que los niveles de contaminación resultan alarmantes. Como el aire, la estructura del Estado siempre tiene que soportar un determinado grado de contaminación, pero mientras los niveles de dicha contaminación se mantienen dentro de determinados parámetros, nos despreocupamos de ella. No existe como problema. Cuando el grado de contaminación resulta alarmante, la preocupación ciudadana por este problema desborda a la que se tiene por todos los demás y provoca un deterioro en la convivencia que ningún otro problema es capaz de generar. Con mucha diferencia.

Esto es lo que revela el sondeo del CIS realizado entre el 21 y el 28 de octubre, cuyos resultados hemos conocido esta semana y que únicamente por el tono del debate generado por la aprobación del proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña se puede explicar. La atmósfera política está tan contaminada, que empieza a resultar difícil respirar. Aquí no gana nadie y pierden todos o, mejor dicho, perdemos todos. La confianza en el presidente del Gobierno se desploma, pero la del líder del principal partido de la oposición también. La valoración de la gestión del Gobierno se hunde, pero la valoración de la oposición del PP también. Incluso se deteriora la percepción que se tiene de la situación económica, a pesar de que objetivamente es buena y de que los datos del crecimiento de la economía española están siendo actualizados al alza trimestre a trimestre.

Tengo la impresión de que vamos a vivir en esta atmósfera contaminada hasta que despeje la incógnita de la negociación entre la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados y la delegación del Parlamento de Cataluña, y que el nivel de contaminación aumentará o disminuirá en función de cuál sea el resultado de dicha negociación. Si de la negociación sale un texto comúnmente aceptado, la contaminación atmosférica descenderá de manera rápida y claramente perceptible. Si no se llega a un acuerdo, entonces, como le gusta recordar a Miguel Ángel Aguilar, la ley de la gravedad no es nada para lo que nos espera.

Mientras llega ese momento, sería conveniente recordar que los artículos 148 y 149 de la Constitución, a través de los cuales se delimita el marco para la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas no está siendo sometido a revisión y que dentro de dicho marco opera el proyecto de reforma que ha sido aprobado por el Parlamento de Cataluña. No se puede decir sin faltar a la verdad que la generalización a todas las comunidades autónomas de las competencias previstas en la reforma del Estatuto de Cataluña significaría la desaparición del Estado.