La Fiscalía del Estado reclama información sobre supuestos vuelos de la CIA en Canarias

La Fiscalía General del Estado pidió ayer a las fiscalías del Tribunal Superior de Canarias y de la Audiencia de Tenerife que le envíen "información actualizada" sobre la posible implicación de aeropuertos canarios en el supuesto traslado de personas a cárceles secretas en vuelos de la CIA, y anunció la disposición del fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, a extender la investigación a toda España. La fiscal Elvira Tejada, jefe de la Secretaría Técnica, respondió a sendas demandas del líder de IU, Gaspar Llamazares, que el fiscal se encuentra "permanentemente dispuesto a impulsar la investiga...

La Fiscalía General del Estado pidió ayer a las fiscalías del Tribunal Superior de Canarias y de la Audiencia de Tenerife que le envíen "información actualizada" sobre la posible implicación de aeropuertos canarios en el supuesto traslado de personas a cárceles secretas en vuelos de la CIA, y anunció la disposición del fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, a extender la investigación a toda España. La fiscal Elvira Tejada, jefe de la Secretaría Técnica, respondió a sendas demandas del líder de IU, Gaspar Llamazares, que el fiscal se encuentra "permanentemente dispuesto a impulsar la investigación".

La petición de "información actualizada" sobre la presunta escala de vuelos de la CIA en aeropuertos canarios equivale, de hecho, a la apertura de una investigación del Ministerio Fiscal, pues hasta ahora éste no había realizado diligencia alguna en relación con dicho archipiélago, al contrario que en Baleares.

El diario La Provincia, de Las Palmas, publicó ayer que al menos cinco aviones supuestamente implicados en el traslado de personas ilegalmente detenidas hicieron escala en el aeropuerto de Gando (Gran Canaria) entre enero y octubre pasados. Según esta información, dos de los aparatos procedían de Tan Tan (Marruecos) y Pakistán; uno de los aviones tenía la matrícula N313P, igual que el que aterrizó cuatro veces en Palma de Mallorca, y los propios pilotos calificaron su escala, en las comunicaciones por radio con la torre de control, de "operación carcelaria".

La Delegación del Gobierno en Canarias sólo confirmó ayer que dos vuelos estadounidenses, que transportaban a nigerianos deportados, hicieron escala en Gando entre enero y octubre.

En respuesta a una petición de información de Llamazares sobre vuelos de la CIA, la fiscal jefe de la Secretaría Técnica explica en una carta al líder de IU fechada ayer mismo que el fiscal jefe de Baleares, Bartolomé Barceló, tramitó unas diligencias informativas tras la recepción de una denuncia según la cual el aeropuerto de Son Sant Joan había sido empleado como base de aviones empleados para la comisión de hechos delictivos en otros países.

La fiscal asegura que se practicaron todas las averiguaciones posibles y se recabó de la Guardia Civil un informe, pero "no resultó posible constatar la existencia de indicios de la comisión de hechos delictivos, lo que abocó al archivo de esas actuaciones". Con posterioridad, se presentó una denuncia ante un juzgado de Palma de Mallorca, que abrió diligencias previas.

Ante esta denuncia, la fiscal Tejada recuerda que la Ley de Enjuiciamiento Criminal prohíbe a los fiscales "desarrollar investigaciones cuando sobre los mismos hechos exista un procedimiento judicial en tramitación". Por ello, "en este momento, y dado que el Juzgado número 7 de Palma está investigando los hechos, el Ministerio Fiscal se ve impedido para reabrir sus diligencias que, además, han sido incorporadas a la causa judicial". No obstante, la Fiscalía dice a Llamazares que "comparte plenamente su preocupación por esos hechos" y, por ello, está actuando en el procedimiento judicial, en el que el pasado día 26 presentó un recurso de reforma ante el juez instructor contra su decisión de inhibirse en favor de la Audiencia Nacional. Su objetivo, puntualiza, "no es poner fina a la investigación judicial, sino solicitar del juez de instrucción que exponga en su resolución las infracciones penales presuntamente cometidas, las personas que pudieran ser responsables de ellas y las posibles víctimas".

La Fiscalía asegura estar "continuamente dispuesta a atender, según lo dispongan los textos legales nacionales e internacionales vigentes, las peticiones de colaboración que le dirijan las autoridades judiciales de otros países", y concluye mencionando la posibilidad de ampliar la investigación a toda España.