El Estado tendrá que pagar los impuestos locales de la base de Rota
Un auto de la audiencia de Cádiz obliga al Estado al pago de unos dos millones de euros al Ayuntamiento de Rota (Cádiz) en concepto de impuestos correspondientes a los años 2003 y 2004 por la actividad y las edificaciones civiles establecidas en el interior de la base naval de uso conjunto hispano-norteamericano.
El fallo anula la Ley de Acompañamiento dictada en 2002 por el entonces gobierno del PP por la que se modificó el texto de la Ley de Haciendas Locales con la finalidad de considerar a toda la base de Rota, incluyendo los establecimientos comerciales, de ocio y de restauración, ...
Un auto de la audiencia de Cádiz obliga al Estado al pago de unos dos millones de euros al Ayuntamiento de Rota (Cádiz) en concepto de impuestos correspondientes a los años 2003 y 2004 por la actividad y las edificaciones civiles establecidas en el interior de la base naval de uso conjunto hispano-norteamericano.
El fallo anula la Ley de Acompañamiento dictada en 2002 por el entonces gobierno del PP por la que se modificó el texto de la Ley de Haciendas Locales con la finalidad de considerar a toda la base de Rota, incluyendo los establecimientos comerciales, de ocio y de restauración, como directamente afecta a la Defensa nacional y, por tanto, totalmente exenta del pago de cualquier tipo de impuestos al Ayuntamiento.
El alcalde de Rota, Lorenzo Sánchez (Roteños Unidos), aseguró ayer que el fallo de la Audiencia "quita legitimidad a una Ley de Acompañamiento injusta que con una frase quería impedir que el Ayuntamiento de Rota pudiera cobrar lo que legítimamente venía reclamando desde 1998".
Se trata del segundo pronunciamiento judicial que da la razón al Ayuntamiento de Rota en sus reclamaciones. Con anterioridad, el Tribunal Supremo reconoció, en 2001, el derecho del Ayuntamiento roteño a cobrar impuestos por las instalaciones civiles de la base. El PP estableció mecanismos administrativos para eludir el cumplimiento de la ley, cuya validez ha sido ahora derogada por el auto de la Audiencia de Cádiz. El actual Gobierno socialista reconoce el derecho adquirido por el Ayuntamiento, pero aún negocia la cuantía pendiente de liquidación.
Como respuesta, el Ayuntamiento mantiene en impago los impuestos estatales para compensar la deuda contraída por la Administración. En noviembre de 2004, el Juzgado Contencioso Administrativo de Cádiz reconoció el derecho a la "insumisión fiscal" que asiste al Ayuntamiento como método "para resarcirse" del impago de la Administración.