El último cartucho judicial

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz confirmó el pasado viernes las órdenes de detención internacional contra los tres militares estadounidenses implicados en la muerte del cámara de Tele 5 José Couso, de 38 años, el 8 de abril de 2003 en Bagdad, en plena toma de la capital iraquí por las fuerzas aliadas. Con esa decisión rechazó el recurso del fiscal adscrito al proceso, Pedro Rubira, que sostiene que el magistrado carece de competencia para conocer del caso. Extremo que niega el juez amparándose en la Convención de Ginebra, relativa a la protección de personas civiles en tiempo d...

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz confirmó el pasado viernes las órdenes de detención internacional contra los tres militares estadounidenses implicados en la muerte del cámara de Tele 5 José Couso, de 38 años, el 8 de abril de 2003 en Bagdad, en plena toma de la capital iraquí por las fuerzas aliadas. Con esa decisión rechazó el recurso del fiscal adscrito al proceso, Pedro Rubira, que sostiene que el magistrado carece de competencia para conocer del caso. Extremo que niega el juez amparándose en la Convención de Ginebra, relativa a la protección de personas civiles en tiempo de guerra, y en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El fiscal ha recurrido de nuevo, esta vez ante la Sala de lo Penal de la Audiencia. Pedraz sostiene, al contrario que Rubira, que la orden de detención es la única alternativa ante la "nula cooperación judicial" de Estados Unidos para que declaren los implicados. "No se me ocurre otra", subrayó. Sin esas declaraciones, el caso está abocado a su sobreseimiento. En junio un alto funcionario del Departamento de Estado manifestó que "hará frío, mucho frío, en el infierno antes de que los militares sean interrogados en España". Pedraz imputa al sargento Thomas Gibson, al capitán Philip Wolford y al teniente Philip de Camp un delito contra la comunidad internacional y otro de asesinato.

Asociaciones de jueces y la Asociación de Fiscales se muestran prudentes a la hora de dar su opinión y aseguran respetar los argumentos de ambas partes.

- Asociación Profesional de la Magistratura (APM). El portavoz de esta asociación, mayoritaria y conservadora, José Manuel Suárez, subraya que, al margen de que la Audiencia tenga o no competencia -"es un tema jurídicamente discutible"-, no es una regla normal que se decrete una orden de detención internacional sin pedir simultáneamente la extradición. La Ley de Enjuiciamiento Criminal, asegura, establece que para que se pueda dar una orden de detención se tiene que estar seguro de alguna forma de que esas personas han tenido una participación en un delito. "Y ahí es donde puede haber cierta discusión", señala. Suárez se muestra pesimista sobre la posibilidad de que los militares estadounidenses puedan ser extraditados. "Probablemente esto se va a quedar en nada, porque Estados Unidos nunca extradita a sus nacionales". El portavoz de la APM considera que el juez ha interpretado que ante la negativa de las autoridades a colaborar, la única posibilidad de que los soldados declaren a fin de determinar si tienen responsabilidad penal sea con la orden de detención, "que sólo podrá aplicarse si pisan un país extranjero".

- Asociación Francisco de Vitoria (FV). El portavoz de esta asociación moderada de magistrados, Manuel Torres Vela, no ve impedimento para que la orden de detención internacional pueda ejecutarse, y el juez instructor actúe contra quien considere responsable de los hechos, a la vista de los datos que tenga en su poder. "De hecho", añade, "existen precedentes en otros casos de delitos contra españoles en el extranjero".

Torres Vela señala que habrá que esperar al resultado de la investigación para determinar qué tipo de delito existe y si éste se puede englobar en alguno de aquellos en los que tiene competencia la Audiencia Nacional. "Hay un hecho evidente, que es que una persona que no interviene directamente en un conflicto armado, que no es objetivo militar, sufre un ataque; y tendrán que explicarse esas circunstancias para determinar el tipo de delito". Asimismo, entiende que "por los hechos y la resolución motivada que hizo el juez Pedraz, entendemos que hay base para que la investigación continúe".

- Jueces para la Democracia (JpD). El portavoz de esta asociación progresista, Edmundo Rodríguez, subraya que la Audiencia tiene posibilidad de perseguir un delito que se ha cometido contra un ciudadano español en el extranjero si considera que está dentro de los supuestos en los que la Ley del Poder Judicial le otorga competencia.

Según esta asociación, la no admisión de la querella no puede impedir la investigación de un hecho criminal, cuando precisamente la querella no ha sido admitida porque no se dan facilidades para investigar por parte del Gobierno estadounidense. "Esa falta de colaboración ha abocado al juez a dictar la orden de persecución internacional", asegura. "Lo que no se puede pedir al juez es que ampare la impunidad y no investigue", añade. Además, señala que "si se interpretara el ataque de un soldado del Ejército estadounidense a un ciudadano civil en un conflicto bélico como un delito de lesa humanidad, la Audiencia sí sería competente, y ya se han dado muchas resoluciones anteriores como en el caso Pinochet y el caso Scilingo".

- Asociación de Fiscales. El portavoz de esta asociación, Guillermo García, asegura que el recurso del fiscal es razonable, "porque lo primero que hay que hacer es valorar la competencia". "Estamos hablando de un funcionamiento normal de la justicia. No tenemos nada que alegar ni a favor ni en contra", comenta.