Pla acepta las sociedades mixtas para construir pisos pero alerta de los problemas que causarán las de Blasco
Las empresas debían poner en el mercado 1.378 pisos en Alicante y 8.786 en Valencia
El líder de los socialistas valencianos, Joan Ignasi Pla, se entrevistó ayer a petición propia con representantes de las empresas inmobiliarias que participan en las sociedades mixtas creadas con el Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) para la construcción de viviendas libres y protegidas. Acudieron los representantes de Astroc, Bancaja, GyC, Gestinine, Llanera, Ortiz e Hijos, Lubasa, Ruralcaja, Sedesa, y Urbana Ducat, todos ellos socios del Instituto Valenciano de la Vivienda que depende del consejero Rafael Blasco. El encuentro se gestionó después de que estas sociedades pagasen un an...
El líder de los socialistas valencianos, Joan Ignasi Pla, se entrevistó ayer a petición propia con representantes de las empresas inmobiliarias que participan en las sociedades mixtas creadas con el Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) para la construcción de viviendas libres y protegidas. Acudieron los representantes de Astroc, Bancaja, GyC, Gestinine, Llanera, Ortiz e Hijos, Lubasa, Ruralcaja, Sedesa, y Urbana Ducat, todos ellos socios del Instituto Valenciano de la Vivienda que depende del consejero Rafael Blasco. El encuentro se gestionó después de que estas sociedades pagasen un anuncio en el que defendían su legalidad frente a sendos informes jurídicos -uno de ellos del PSPV-, donde se ponían en duda la legalidad de los procedimientos de creación.
En su comparecencia ante los medios de comunicación, Pla recondujo el discurso y reconoció que el partido no está en contra de las sociedades mixtas como instrumento de gestión -una precisión que sonó a nueva-, pero sí contra el modelo que ha empleado el consejero Rafael Blasco para la creación de las que ahora operan en colaboración con la Generalitat en varios municipios valencianos. Es más, Pla advirtió de que "la actual forma de desarrollar la creación de estas sociedades puede provocar problemas futuros", porque "los procedimientos de Blasco" dan argumentos a asociaciones de vecinos o propietarios de terrenos expropiados "para frenar judicialmente" estas actuaciones urbanísticas. Pla atemperó el tono y eludió hablar de la "ilegalidad" de estas sociedades mixtas pese a la existencia de dos informes -uno de ellos encargado por el PSPV-, que concluían que el IVVSA se saltó la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, lo que "vicia de nulidad radical la constitución" de este tipo de sociedades, recogía un diario local."No estamos en contra de las sociedades mixtas. Las empresas han actuado de buena fe, y el problema es la incapacidad de Blasco", dijo Pla, quien hizo hincapié en que en la creación y desarrollo de estas sociedades deben tener en cuenta la libre concurrencia y la transparencia. Los socialistas han denunciado tiempo atrás la opacidad con que el IVVSA ha buscado al socio privado; también ha censurado que la mayoría social de estas sociedades sea privada y no pública. "Se produce una confusión de intereses inadmisible", dijo el secretario general.
En una nota pública sin membrete ni firma, identificable tan sólo por la dirección de correo electrónico que figuraba, el grupo Llanera exponía que las empresas privadas ratifican "la absoluta legalidad de las empresas mixtas creadas con el IVVSA".
En medio de la refriega política ha aflorado la existencia de dos sociedades mixtas creadas durante la etapa de gobierno socialista, cuando el consejero de Obras Públicas era Eugenio Burriel. Las sociedades Gestión de Suelo de Alicante (Gesasa) se creó para impulsar 938 VPO y 440 viviendas libres en el sector PAU 2 de Alicante, y Nova Gestió Urbana SA, de Valencia, constituida para levantar 8.786 viviendas sin determinar los porcentajes de unidades protegidas, según fuentes de la Generalitat. Estas fuentes explican que la primera sólo construyó 938 en Alicante y prácticamente ninguna en Valencia.
Burriel respondió ayer que aquellas sociedades se crearon "en un marco jurídico distinto al actual", donde no existía el urbanizador y sólo podría edificar o el propietario o la Administración pública por expropiación. Según Burriel, la sociedad mixta de Valencia se creó con un 50% de capital de la Generalitat, un 20% del Ayuntamiento de Valencia (AUMSA) y el restante 30% se adjudicó tras un concurso público a las siete empresas privadas que se presentaron mediante un sistema de prorrateo. Burriel insistió en que la firma, por su mayoría pública, estaba sujeta a la fiscalización de todos los controles previstos por la Generalitat, algo que no sucede con las sociedades mixtas de Blasco. Además se levantaban sobre suelo urbanizable, cuando las de Blasco, prosigue Burriel, salvo la que opera en Vinaròs y en parte en Burriana están proyectadas sobre suelo no urbanizable, es decir, fuera de ordenación. En Gesasa, el IVVSA socialista se alía con CLEOP, propietaria de suelo en el PAU 2 para hacer vivienda libre y protegida. "No tiene nada que ver un caso con otro", subrayó Burriel.
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