Trabajo pagó en 1995 más de 45.500 euros por ocho informes copiados

El Departamento de Trabajo de la Generalitat pagó en 1995 más de 7,5 millones de pesetas (45.556 euros) por ocho informes jurídicos que ahora se ha comprobado que eran copias literales de tratados de derecho ya publicados. Los informes fueron adjudicados por el consejero de Trabajo de la época, Ignasi Farreres, de Unió Democràtica (UDC), a propuesta del secretario general del departamento, Josep Maria Servitje. Los beneficiarios fueron militantes del partido democristiano

Farreres y Servitje declararon el pasado 16 de septiembre en el Juzgado de Instrucción número 11 de Barcelona acusad...

El Departamento de Trabajo de la Generalitat pagó en 1995 más de 7,5 millones de pesetas (45.556 euros) por ocho informes jurídicos que ahora se ha comprobado que eran copias literales de tratados de derecho ya publicados. Los informes fueron adjudicados por el consejero de Trabajo de la época, Ignasi Farreres, de Unió Democràtica (UDC), a propuesta del secretario general del departamento, Josep Maria Servitje. Los beneficiarios fueron militantes del partido democristiano

Farreres y Servitje declararon el pasado 16 de septiembre en el Juzgado de Instrucción número 11 de Barcelona acusados de prevaricación, malversación y falsedad documental. En su comparecencia, ambos defendieron la utilidad de cuatro informes de cuya existencia se tenía conocimiento entonces argumentando que sirvieron para negociar con el Gobierno del PSOE el traspaso de competencias del Inem a la Generalitat.

Sin embargo, días después de esa declaración, la fiscalía y la abogada de la Generalitat, que ejerce la acusación en el caso, han entregado unos escritos al juzgado que revelan que existen otros cuatro informes más y que todos ellos carecen de cualquier interés y utilidad porque son copias literales de obras jurídicas. Por ese motivo, el fiscal Fernando Rodríguez Rey solicitará del juez que Farreres y Servitje declaren de nuevo sobre estos informes y sobre el contenido de todos ellos.

Así, el informe titulado Salario y garantías salariales es una copia de la obra Estudios sobre el salario, editada en 1993 por la Asociación de Cajas de Ahorro para Relaciones Laborales. Lo mismo ocurre con el informe Cláusulas en los contratos de alta dirección, copiado de La relación laboral del directivo, editado por Aranzadi en 1991. En cuanto al estudio Libertad de expresión y relación de trabajo: principios generales, es un plagio íntegro de las páginas 79 a 130 de Libertad de expresión e información y contrato de trabajo, que editó la Consejería de Trabajo de la Junta de Andalucía en 1994. Del mismo modo, el estudio Ius variandi empresarial es un calco de las páginas 34 a 73 del libro editado en 1991 por Deusto La modificación de la prestación del trabajo.

Lo mismo ocurre con el estudio El mundo laboral y la libertad de expresión, copiado de las páginas 17 a 54 del libro La libertad de expresión del trabajador, editado por Trotta en 1991. Y con el informe El nuevo sistema de contratación laboral, plagiado de Los nuevos contratos de trabajo, editado en 1994 por CISS.

Las empresas beneficiarias fueron Gestumer, SL, y Socesca, SL, dirigidas por Víctor Manuel Lorenzo Acuña y Santiago Vallvé. Servitje declaró ante el juez que se había enterado hacía poco de que Lorenzo Acuña formaba parte de Gestumer, pero la abogada de Trabajo también ha entregado al juzgado un convenio de colaboración firmado entre ambos en 1994.

Acuña y Vallvé son dos de los nueve militantes de Unió condenados, junto con una décima persona, por la Audiencia de Barcelona por malversar casi un millón de euros del Consorcio de Turismo de Cataluña entre 1993 y 1995. En la sentencia se explica que el método utilizado consistió precisamente en la redacción de informes plagiados.

El fiscal Rodríguez Rey no recurrirá contra la sentencia porque "en líneas generales es satisfactoria y coincidente con el relato de hechos" que él planteó en el juicio. El tribunal asume la tesis de que existen "indicios bastantes", pero no pruebas, de que la orden de la malversación pudo surgir de la dirección de Unió, que lidera Josep Antoni Duran Lleida.

El Departamento de Comercio, Consumo y Turismo está estudiando todavía si recurre el fallo y el abogado de ICV, Vladimir Blanes, explicó que muy probablemente tampoco la recurrirán. La otra acusación, ejercida por Manuel González Peeters y Xavier Rotllan, consideran la sentencia "adecuada, pero insuficiente por la ausencia de ciertos acusados", en referencia a los dirigentes de UDC, aunque tampoco recurrirá.