Los nacionalistas vascos piden el acercamiento de los presos de ETA para favorecer el proceso de paz

El nacionalismo vasco reclama al Gobierno socialista que acerque a los presos de ETA a las cárceles de Euskadi como un "gesto" que permita arrancar el proceso de paz. El Gobierno insiste en que es a ETA a quien le corresponde dar el paso que abra ese proceso, con una declaración pública de cese de la violencia. Pese a que no existe negociación alguna entre el Gobierno y ETA, el PP acusa al Ejecutivo "de claudicar ante el terrorismo".

La reclamación del acercamiento de presos de ETA y el traspaso al Gobierno vasco de competencias sobre prisiones que el consejero de Justicia, Joseba Azkar...

El nacionalismo vasco reclama al Gobierno socialista que acerque a los presos de ETA a las cárceles de Euskadi como un "gesto" que permita arrancar el proceso de paz. El Gobierno insiste en que es a ETA a quien le corresponde dar el paso que abra ese proceso, con una declaración pública de cese de la violencia. Pese a que no existe negociación alguna entre el Gobierno y ETA, el PP acusa al Ejecutivo "de claudicar ante el terrorismo".

La reclamación del acercamiento de presos de ETA y el traspaso al Gobierno vasco de competencias sobre prisiones que el consejero de Justicia, Joseba Azkarraga (EA), planteó el pasado jueves a la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, escenificó la principal reivindicación que Batasuna y el nacionalismo vasco plantean al Ejecutivo como condición previa a un proceso de paz en Euskadi.

Batasuna afirma que el Gobierno "se aleja de la paz" con las decisiones judiciales sobre EHAK

"Una victoria policial, sin diálogo posterior, deja restos terroristas", afirma Ramón Jáuregui

El tajante rechazo de Gallizo a las pretensiones nacionalistas, que estuvo precedido por el del ministro del Interior, José Antonio Alonso, no deja duda alguna de cuál es la posición del Ejecutivo central ante estas reclamaciones. "El Congreso fijó al Gobierno su margen de actuación ante un hipotético proceso de paz en la resolución del pasado mayo. El Gobierno está dispuesto a tratar con ETA sobre sus presos, pero ETA antes tiene que declarar el cese de la violencia", señalan fuentes gubernamentales.

"El proceso será largo y difícil, como ha recordado el presidente. El acercamiento de presos, en caso de que ETA dejara las armas y se iniciara el diálogo amparado en la resolución del Congreso, tampoco sería sencillo. Las cárceles vascas son viejas y están saturadas de reclusos comunes que, en muchos casos, también son vascos", añaden las mismas fuentes.

Batasuna exige también la retirada de la Ley de Partidos. Ayer, esta formación ilegalizada criticó en un comunicado las actuaciones de la Audiencia Nacional contra miembros del Partido Comunista de las Tierras Vascas y afirmó que el Gobierno de Zapatero "se aleja de la paz en la medida que impulsa la ilegalización" de EHAK.

Pese a que la posición de La Moncloa es "pública y muy firme" en lo que se refiere a la Ley de Partidos y al acercamiento de presos, el Gobierno contempla con "preocupación" la actitud del PP en este inicio de curso político. Si bien el jefe del Ejecutivo lo inició con una entrevista con el líder del PP, Mariano Rajoy, en la que le informó sobre la situación de ETA, los populares han vuelto a utilizar el terrorismo en la primera sesión parlamentaria de control al Gobierno, al que acusaron de negociar con ETA, e insinuaron que habrá acercamientos de presos.

Ante esa hipótesis, el PP apoya, por segunda vez, las movilizaciones contra el Ejecutivo de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). "Además de falsificar la realidad a sabiendas, el PP actúa deslealmente y trata de obstruir un hipotético proceso de paz", señala Ramón Jáuregui, ex vicepresidente del Gobierno vasco con la coalición PNV-PSE. "El Gobierno persigue a los terroristas y ha detenido a 190 en este mandato. No ha acercado a presos ni ha derogado la Ley de Partidos. Y si no promovió la ilegalización del PCTV, antes de las elecciones, fue porque presentaba enormes dificultades ante el Tribunal Constitucional al ser un partido legalizado desde 2003".

La tesis de fondo que esgrime el Partido Popular es que hay dos alternativas frente a ETA: combatir o negociar. La primera, según los populares, es la acertada, y la segunda, la del Gobierno, es la claudicación. "No son incompatibles combate y negociación. La victoria de la firmeza democrática acaba generando este escenario, que abre la posibilidad de la negociación si se dan las condiciones. Una victoria policial, sin diálogo ulterior, deja residuos terroristas y no le pone punto final. Oponerse a la estrategia del final dialogado, si se dan las condiciones, es obstaculizar la posibilidad de paz y negar la historia de la política antiterrorista", señala Jáuregui.

El Gobierno argumenta la "deslealtad" del PP en su negación de la política antiterrorista de unidad de los demócratas, desarrollada desde el Pacto de Ajuria Enea (1988). El Gobierno contrasta la actitud del PP con la que el PSOE mantuvo en sus ocho años de oposición al Ejecutivo de José María Aznar.

Los socialistas recuerdan cómo en la primera etapa del Gobierno del PP, marcada en Euskadi por el Pacto de Lizarra, de septiembre de 1998, hicieron "causa común" con el Gobierno de Aznar frente a ETA y al pacto que suscribió con todos los partidos nacionalistas. Apoyó el PSOE al Gobierno del PP en su diálogo con Batasuna -en diciembre de 1998- y con ETA -en mayo de 1999-, tras declarar la banda una tregua que duró 14 meses. "Ni siquiera nos aprovechamos de la gran metedura de pata de Aznar al calificar a ETA de Movimiento de Liberación Nacional Vasco", dice Jáuregui.

La complicidad entre el PP y el PSE frente al nacionalismo y ETA fue tal que hicieron causa común en los comicios municipales de 1999. El PP gobernó la Diputación de Álava y ocupó la alcaldía de Vitoria con votos del PSE. La complicidad se extendió a las elecciones vascas de 2001.

Poco después de ser elegido secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero promovió en diciembre de 2000 el Pacto Antiterrorista, que dio cobertura política a la acción del Gobierno del PP contra ETA, una vez que la banda rompió la tregua de 14 meses. "Apoyamos toda la política antiterrorista del Gobierno del PP, incluida la Ley de Partidos, iniciativa de la que nos enteramos por la prensa, y la ilegalización de Batasuna. E incluso ante asuntos que no veíamos claro, como que fueran los partidos los que promovieran la ilegalización de Batasuna en el Parlamento y que se prohibiera cursar estudios a los presos etarras", señala Jáuregui.

Este diputado socialista argumenta que "nuestra actitud de lealtad hacia la política antiterrorista del Gobierno del PP se basaba en primar la unidad frente al terrorismo respecto a consideraciones partidistas". Esta actitud, recuerda, está recogida en el punto 1 del Pacto Antiterrorista, que dice que es el Gobierno quien fija la política antiterrorista y la oposición le apoya, además de rechazar el uso de la política antiterrorista como arma política.

La conclusión del Gobierno es que el PP, cuando ha pasado a la oposición, no ha actuado en correspondencia. "El PP no ha aceptado, tras perder las elecciones, que el Gobierno dirige la política antiterrorista. Además, usa la lucha antiterrorista como un elemento básico en su estrategia de oposición, apoyando, incluso, manifestaciones contra el Gobierno, lo que es inédito en la democracia", señala Jáuregui.

El PSOE admite que el PP "pueda tener reservas sobre el diagnóstico del Gobierno sobre la situación creada tras los 27 meses que ETA lleva sin matar y los llamamientos de Batasuna a sustituir el conflicto armado por el político". "Nosotros tuvimos reservas ante decisiones del Gobierno del PP en su política antiterrorista, pero las apoyamos. Ahora nos conformaríamos con que el PP se limitara a estar a la expectativa. Lo grave y desleal es que obstaculice nuestras iniciativas", agrega Jáuregui.

No obstante, el Gobierno vaticina que si ETA declara el cese de la violencia, el PP "tendrá difícil oponerse al proceso que se generase", porque "ese proceso tendría el apoyo de la inmensa mayoría de la población".

Zapatero dijo el jueves que "el proceso será largo y difícil". El referente más cercano es el del IRA. "Han pasado 10 años de su declaración de alto el fuego hasta el cese definitivo", recuerdan en La Moncloa.