El ex subdelegado en Lleida declara por las anomalías en los papeles a inmigrantes
Joan Barios, imputado por el juez, niega su participación en las presuntas irregularidades
El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lleida ha interrogado al subdelegado del Gobierno en Lleida durante el mandato del PP, Joan Barios, como imputado en una presunta trama de presunta corrupción descubierta en la Oficina Única de Extranjería, donde según los investigadores se tramitaron entre los años 2001 y 2003 más de 300 expedientes de inmigrantes de forma supuestamente irregular. Además de Barios, también están presuntamente implicados algunos de sus colaboradores, entre los que se encuentran el que fue su asesor personal, Salvador Puy; el secretario general, Antoni Dolcet; e...
El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lleida ha interrogado al subdelegado del Gobierno en Lleida durante el mandato del PP, Joan Barios, como imputado en una presunta trama de presunta corrupción descubierta en la Oficina Única de Extranjería, donde según los investigadores se tramitaron entre los años 2001 y 2003 más de 300 expedientes de inmigrantes de forma supuestamente irregular. Además de Barios, también están presuntamente implicados algunos de sus colaboradores, entre los que se encuentran el que fue su asesor personal, Salvador Puy; el secretario general, Antoni Dolcet; el ex delegado de Trabajo, Lorenzo Echarri, y el responsable de la oficina de extranjeros, el policía José María Vieites.
Barios, a preguntas del fiscal del caso, se limitó a negar cualquier relación con las supuestas irregularidades cometidas en la tramitación y concesión de permisos de trabajo y de residencia a ciudadanos extranjeros. Igualmente rechazó que durante el tiempo que permaneció al frente de la Subdelegación del Gobierno central en Lleida existieran casos de tratos de favor en la Oficina de Extranjería o que los funcionarios hubieran cobrado dinero a los inmigrantes por facilitarles los papeles. A lo largo de las más de tres horas que duró su declaración, el ex alto cargo presentó numerosos documentos a fin de acreditar la forma de proceder en la tramitación de los expedientes.
En el juzgado que investiga el escándalo ya han declarado una docena de personas, algunas imputadas, como Puy y Vieites, y otras en calidad de testigos, así como varios funcionarios, inmigrantes, empresarios e intermediarios. Entre las versiones de estos últimos y la de los responsables de los asuntos de extranjería existen notorias contradicciones que avalan la tesis del fiscal sobre la existencia de presuntas corruptelas en el proceso de regularización de decenas de inmigrantes.
Fuentes cercanas a la investigación del caso han explicado que las presuntas irregularidades investigadas consistieron en ofrecer a los inmigrantes contratos de trabajo ficticios para conseguir la regularización a cambio de cantidades de dinero que oscilaban entre 2.500 y 6.000 euros, y también en fingir tener buenos contactos en la Oficina de Extranjería para tramitarles los expedientes de regularización de forma fraudulenta.
De las indagaciones realizadas por los Mossos d'Esquadra se desprende que los responsables de la oficina resolvieron, durante los años 2001, 2002 y 2003, decenas de expedientes de forma irregular dando trato de favor a determinadas solicitudes que llegaron con notas manuscritas. Algunos expedientes analizados por los Mossos se resolvieron en un tiempo récord -entre un día y un mes-, cuando el proceso legal no puede ser inferior a tres meses. En esa época, la Oficina de Extranjería de Lleida tenía sólo 13 funcionarios para resolver unos 37.000 expedientes.
La investigación policial detectó que en ese periodo se había llegado a aprobar hasta 8.214 solicitudes, un número muy elevado para una provincia de las dimensiones de Lleida, con unas necesidades laborales determinadas. De los 1.772 expedientes revisados, 1.522 habían sido tramitados por tres funcionarias que denunciaron prácticas irregulares por parte de los altos cargos de la Administración. Este trato de favor, según se desprende de las pesquisas, se concedía a particulares pero, principalmente, a tres empresas de trabajo temporal (ETT) y alguna cooperativa, que llegaron a acaparar en ese periodo hasta el 25% de las ofertas. El 60% de los beneficiarios de esas ofertas de trabajo aprobadas nunca llegaron a ser dados de alta en la seguridad social.
En caso de demostrarse todas estas irregularidades, los ex altos cargos del PP podrían ser acusados de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y contra los derechos de los trabajadores.