Londres planea crear tribunales secretos para los sospechosos de terrorismo
Jueces especiales decidirían cuánto tiempo se puede permanecer en prisión sin cargos
El Gobierno británico estudia la creación de tribunales antiterroristas secretos con poder para determinar cuánto tiempo debe permanecer en prisión un sospechoso sin haber sido acusado de cargo alguno ni haber comparecido ante la justicia. Tales jueces estarían facultados para estudiar el contenido de cintas con escuchas telefónicas. En el proyecto del Gobierno se prevé además la figura de unos "abogados defensores especiales" que podrían acceder a las pruebas, pero a condición de que no se las desvelen a sus defendidos.
El proyecto fue adelantado ayer por el diario The Guardian ...
El Gobierno británico estudia la creación de tribunales antiterroristas secretos con poder para determinar cuánto tiempo debe permanecer en prisión un sospechoso sin haber sido acusado de cargo alguno ni haber comparecido ante la justicia. Tales jueces estarían facultados para estudiar el contenido de cintas con escuchas telefónicas. En el proyecto del Gobierno se prevé además la figura de unos "abogados defensores especiales" que podrían acceder a las pruebas, pero a condición de que no se las desvelen a sus defendidos.
El proyecto fue adelantado ayer por el diario The Guardian varios días después de que el primer ministro, Tony Blair, hiciese público el paquete de 12 medidas contra el terrorismo que pretende consultar en los próximos meses con el resto de partidos políticos.
Fuentes del Ministerio del Interior británico, según el periódico, confirmaron que el Ejecutivo se plantea nombrar jueces especiales para casos de terrorismo, con la misión de conducir un proceso previo, al estilo de los grandes jurados de EE UU, con el objetivo de determinar si existen suficientes pruebas y evidencias para encausar al sospechoso. Estos magistrados tendrían acceso a "pruebas sensibles" aportadas por los servicios de espionaje, incluidas las cintas con escuchas telefónicas de líneas interceptadas, algo que los tribunales ordinarios no admiten como prueba en Reino Unido.
El plan, según el periódico británico, también prevé la designación de abogados especiales como representantes legales de los detenidos por presuntos actos de terrorismo. Estos letrados tendrían acceso a las "pruebas sensibles", a condición de no poder desvelar su contenido. El propio diario criticaba ayer en su análisis editorial la vaguedad y falta de concreción en las propuestas de Blair. "Ésta no es la forma de lograr el consenso en un tema tan importante", señalaba el rotativo.
Las críticas han llegado desde los propios escaños laboristas. John Denham, miembro del comité de Exteriores, declaró que algunas de las propuestas presentadas en la última semana parecen "a medio cocinar" y concebidas bajo presión.
En relación a los atentados del 7 de julio, en los que murieron 56 personas, aún no se ha producido ni una sola detención. Sin embargo, Scotland Yard ya ha detenido a 39 personas vinculadas con los atentados fallidos del 21 de julio. De ellas, 15 permanecen en prisión y 14 fueron liberadas antes de que transcurriera el plazo máximo de dos semanas.
Los responsables policiales británicos llevan mucho tiempo solicitando al Gobierno que prorrogue ese periodo máximo de detención de 14 días hasta los tres meses. De haber estado en funcionamiento los tribunales especiales cuya creación sopesa ahora el Gobierno, algunas de las 14 personas liberadas por Scotland Yard seguirían previsiblemente en prisión.
Roger Smith, director de la organización Justicia, formada por prestigiosos juristas, declaró ayer que entraña un enorme peligro el uso de las "detenciones preventivas" y la práctica de mantener a una persona en prisión sin desvelar de qué se le acusa. "¿Cómo puede una persona defenderse de las alegaciones presentadas contra él si no conoce de qué alegaciones se trata?", se pregunta Smith.
En los últimos días también se ha recibido con incredulidad, tanto en los diarios progresistas como en los conservadores, la idea filtrada por el fiscal general de Reino Unido, Peter Goldsmith, de que estudia acusar a tres predicadores radicales musulmanes de delitos de traición. La legislación en la que se ampara Goldsmith se aprobó en el año 1351, poco después del inicio de la Guerra de los Cien Años contra Francia. La última vez que se aplicó fue en 1946 y acarreó una condena a muerte para William Joyce, acusado de colaborar con los nazis.
Hasta los más incondicionales defensores de las medidas propuestas por Blair, como el diario The Daily Telegraph, sostienen que llamar traidores a los terroristas no es la solución. Tanto en la izquierda como en la derecha se critica a Blair por buscar titulares populistas que se avienen a la perfección con el apetito que la sociedad británica parece tener de soluciones contundentes contra el terrorismo.