Un sistema "que hace aguas"
La gestión de los seis centros de menores competencia del Gobierno canario ha pasado por numerosas manos. Primero fue delegada en una ONG, Cicerón Siglo XXI, y, después, en una entidad pública (Fundación Ideo). Sólo el centro de Gáldar, en Gran Canaria, está gestionado por una empresa pública municipal.
Los responsables de Cicerón Siglo XXI fueron destituidos el año pasado bajo la acusación de malos tratos a los internos, cuando el fiscal de Menores requisó correas de contención psiquiátrica en tres de los centros de Nivaria, La Montañeta y Valle Tabares. En La Montañeta se demostraron ...
La gestión de los seis centros de menores competencia del Gobierno canario ha pasado por numerosas manos. Primero fue delegada en una ONG, Cicerón Siglo XXI, y, después, en una entidad pública (Fundación Ideo). Sólo el centro de Gáldar, en Gran Canaria, está gestionado por una empresa pública municipal.
Los responsables de Cicerón Siglo XXI fueron destituidos el año pasado bajo la acusación de malos tratos a los internos, cuando el fiscal de Menores requisó correas de contención psiquiátrica en tres de los centros de Nivaria, La Montañeta y Valle Tabares. En La Montañeta se demostraron casos de violación. En Gáldar, los chicos, incluidas algunas embarazadas, dormían en el suelo, incluso sin colchonetas.
La gestión pasó a la Fundación Ideo, cuyo capital social lo aporta el Gobierno canario y cuyos responsables son la titular de Asuntos Sociales, la de Protección al Menor y la Familia, y el titular de Juventud. Éstos nombraron a un gerente, con responsabilidad en funciones básicas como mantenimiento, horarios, contratación de personal o proyecto educativo.
Ninguno de los dos sistemas ha dado buenos resultados. La Fiscalía de Menores tramitó más de 700 denuncias el año pasado por sucesos ocurridos en centros de menores de la comunidad. "Estamos hartos de denunciar esta situación y que no se haga nada", han dicho los fiscales, quienes reconocen que "el sistema hace agua por todos lados".
Pero, sobre todo, son los 210 jóvenes ingresados los que mantienen en jaque al Gobierno de Canarias. Muchos poseen armas blancas y consumen alcohol y drogas, sin que los responsables consigan impedirlo. En el último año han protagonizado más de veinte incendios, dos intentos de motines, centenares de agresiones y palizas, tres intentos de quemar a compañeros, algunas violaciones y dos muertes.