El fiscal pide que se procese a Yagüe por desobedecer a los jueces

El fiscal de Medio Ambiente de Málaga, Juan Carlos López Caballero, ha encontrado indicios de que la alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, ha podido cometer un presunto delito de desobediencia por no dar cumplimiento a órdenes de paralización de obras dictadas por los tribunales de justicia, motivo por el que ha pedido al juzgado decano de la ciudad que se incoen las oportunas diligencias previas.

La Fiscalía abrió diligencias de investigación penal en noviembre pasado, tras recibir siete denuncias de la Consejería de Obras Públicas sobre la continuidad de otras tantas obras que los tri...

El fiscal de Medio Ambiente de Málaga, Juan Carlos López Caballero, ha encontrado indicios de que la alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, ha podido cometer un presunto delito de desobediencia por no dar cumplimiento a órdenes de paralización de obras dictadas por los tribunales de justicia, motivo por el que ha pedido al juzgado decano de la ciudad que se incoen las oportunas diligencias previas.

La Fiscalía abrió diligencias de investigación penal en noviembre pasado, tras recibir siete denuncias de la Consejería de Obras Públicas sobre la continuidad de otras tantas obras que los tribunales habían mandado suspender por incumplir el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente en Marbella sin que el Ayuntamiento hubiera tomado ninguna medida para paralizarlas pese a los requerimientos recibidos al respecto de órganos administrativos y judiciales.

Del examen del caso, el fiscal ha estimado que "los hechos podrían ser constitutivos de un delito de desobediencia del artículo 556 del Código Penal", por lo que ha instado al juzgado decano de Marbella a la apertura de diligencias previas "en averiguación de los hechos y personas responsables de los mismos".

En concreto, la decisión del fiscal se refiere a las obras de construcción de tres viviendas en Camino de los Molinos. El Ayuntamiento concedió la licencia en enero de 2003, cuando aún era alcalde Julián Muñoz, pero la Consejería de Obras Públicas la impugnó porque contravenía el ordenamiento urbanístico vigente. Las viviendas se construyen sobre suelo urbanizable, pero no se había elaborado el preceptivo plan parcial para el desarrollo del sector, por lo que no existía proyecto de compensación ni de urbanización sin los que podía permitirse edificar.

Apercibimiento

El 31 de marzo de 2004, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Málaga dictó un auto en el que decretó la suspensión de las obras. Siete días después, la Consejería de Obras Públicas dio traslado de la resolución al Ayuntamiento y conminó a Yagüe que arbitrara "las medidas necesarias, dando las oportunas órdenes a la Policía Local para garantizar el cumplimiento de la resolución judicial".

Cinco meses más tarde, en septiembre de 2004, la inspección urbanística de la Junta comprobó que las obras continuaban con normalidad, por lo que de nuevo la consejería conminó a Yagüe a que diera efectividad a la orden judicial de suspenderlas.

El 21 de octubre de 2004, el mismo juzgado dictó una providencia en la que requería al Ayuntamiento y a la promotora de las tres viviendas a la "inmediata y efectiva paralización de las obras" y apercibía a ambos de que si no lo hacían incurrirían "en responsabilidades penales por desobediencia a la autoridad judicial".

Finalmente, a mediados de noviembre, la Consejería de Obras Públicas remitió el caso al fiscal junto con otros seis similares. En al menos dos de ellos, los juzgados que ordenaron la paralización de las obras dictaron también sendas providencias de apercibimiento al Ayuntamiento y las constructoras sobre la comisión de un presunto delito de desobediencia. Estos dos casos afectaban a 420 viviendas promovidas por Apex 2000 y Stael Inversiones.

El pasado 16 de junio, Ecologistas en Acción puso una denuncia judicial contra Yagüe por incumplir órdenes judiciales de paralización de obras y contra el jefe de la Policía Local, Rafael del Pozo, por "denegación de auxilio" al no asignar suficientes efectivos para que se cumplan los precintos de las construcciones ilegales ni inspeccionar los incumplimientos.

La Consejería de Obras Públicas ha reiterado en numerosas ocasiones a Yagüe a que haga efectivas las competencias que los ayuntamientos tienen sobre disciplina urbanística, y de hecho ésta fue una de las condiciones que impuso para suscribir el convenio de colaboración sobre la revisión del PGOU.