El Consejo Escolar reclama un nuevo plan de escuelas infantiles
Ve "insuficiente" el programa actual por no cubrir la demanda
El Consejo Escolar de Euskadi, el órgano consultivo del Gobierno en la enseñanza no universitaria, ha reclamado al Ejecutivo un nuevo plan para las escuelas infantiles (de 0 a 3 años) públicas, cuya oferta de plazas califica de "insuficiente". Señala que en Vizcaya la situación es de "especial gravedad", con municipios importantes, como Getxo, Leioa, Erandio o Sopelana, sin ninguna oferta pública para los niños de 0 a 3 años.
El Consejo Escolar ve "imprescindible" un plan detallado que fije las plazas requeridas en cada distrito escolar y su puesta a disposición de los demandantes. "Se ...
El Consejo Escolar de Euskadi, el órgano consultivo del Gobierno en la enseñanza no universitaria, ha reclamado al Ejecutivo un nuevo plan para las escuelas infantiles (de 0 a 3 años) públicas, cuya oferta de plazas califica de "insuficiente". Señala que en Vizcaya la situación es de "especial gravedad", con municipios importantes, como Getxo, Leioa, Erandio o Sopelana, sin ninguna oferta pública para los niños de 0 a 3 años.
El Consejo Escolar ve "imprescindible" un plan detallado que fije las plazas requeridas en cada distrito escolar y su puesta a disposición de los demandantes. "Se hace precisa una planificación que establezca dónde y cuándo abrir las nuevas aulas".
El órgano consultivo, en el que participan 48 representantes de todos los sectores relacionados con la enseñanza no universitaria (desde profesores y alumnos hasta padres, la patronal privada y responsables de la administración), ve en las escuelas infantiles una de las principales carencias del sistema educativo vasco. Su último informe, referido al periodo 2002-2004 y presentado ayer en Bilbao, resalta las deficiencias del decreto de escolarización de 0-3 años, aprobado por el Gobierno en diciembre de 2002 para ordenar la situación existente, con centros municipales, forales y privados. "La situación originaria no se ha simplificado. Seguimos ante un panorama complejo de titularidades", señala el estudio. Con la regulación, a estos centros se ha añadido la figura del consorcio Haurreskolak, promovido por el Gobierno.
El Consejo Escolar destaca la "energía desplegada" por la consejería de Educación en esta materia, afirma que el decreto del Gobierno ha supuesto un avance "importante" y que la mayoría de las nuevas plazas son públicas. Pero, según aseguró ayer su presidente Lontxo Oihartzabal, en el tramo 0-2 la oferta apenas supera el 20% de los alumnos potenciales, cuando el objetivo para 2007 es del 40%. El estudio señala que el modelo Haurreskolak ha tenido una implantación notable en las localidades rurales, principalmente de Guipúzcoa, pero apenas ha llegado a los núcleos más poblados, "con especial gravedad en el caso de Vizcaya". "Existen municipios de importante entidad sin ninguna oferta pública, como ocurre en toda la Margen Derecha", indica. Y agrega que en Bilbao es cuatro o cinco veces inferior a la privada.
El estudio alerta de las dificultades de muchos municipios de integrarse en el consorcio Haurreskolak -que obliga al ayuntamiento a facilitar el suelo y el edificio del centro- por la carestía del suelo, y llama a todas las instituciones relacionadas con la educación a buscar "una solución conjunta". Esta situación, apunta, permite la "proliferación" de guardaría "alegales".
Cuotas diferentes
El informe coincide con las apreciaciones del Ararteko, que hace tres meses reclamó a Educación una misma cuota para todas las guarderías públicas. "El coste de creación de una plaza pública en Bilbao es muy superior a la de un municipio pequeño del interior de Guipúzcoa o de Vizcaya". Oihartzabal destacó la "paradoja" de que en varias localidades "una plaza pública sea más cara que una privada". Ante ello, abogó por establecer subvenciones en el ciclo 0-3 basadas en el coste real por unidad o aula, "y no por niño". El compromiso del Gobierno, con su plan de escuelas infantiles, era financiar progresivamente, hasta un 60%, el coste de las plazas en el tramo de 0-2 años, independientemente de la titularidad de los centros, y, en el de 2-3 años, financiación de hasta el 60% para plazas privadas y del 100% para las públicas. El resto del coste lo deben sufragar los padres.
Pero estas ayudas a los centros privados han provocado que un 11% de los centros privados según una inspección de Educación, bajen sus cuotas para captar alumnado. El Consejo Escolar advierte de que lo habitual es que un niño matriculado en un centro a los 3 años prosiga sus estudios al menos hasta los 12 años y, en muchos casos, a los 16 ó 18. Por ello, reitera la necesidad de un nuevo plan para atraer a los padres a las escuelas infantiles públicas. En el área metropolitana de Bilbao la matriculación en la red pública, en la educación infantil y primaria, "sólo alcanza el 40%", indica el Consejo.
El estudio enfatiza, sin embargo, la gran cantidad de "puntos fuertes" del sistema educativo vasco, con un 86% de alumnos que el curso 2003-2004 obtuvieron el graduado escolar, cuatro puntos más que en el curso anterior y 11 más que la media española. El presidente del Consejo Escolar dijo que hay comunidades autónomas que sólo llegan al 67% de graduados escolares.
El informe añade que únicamente un 3% de los alumnos en Euskadi deja de estudiar tras cumplir los 16 años y destaca el "alto porcentaje" de jóvenes de entre 18 y 24 años con estudios medios: un 87%, frente a la media española del 71%. Pero también constata que las aulas del modelo A corren el riesgo de convertirse "en núcleos escolares de la marginación" al concentrar a los hijos de inmigrantes, que suponen ya el 54% del alumnado del modelo impartido exclusivamente en castellano. El Consejo Escolar apuesta por orientar a las familias inmigrantes hacia los modelos B y D para que sus hijos salgan "con unos niveles aceptables" tanto en euskera como en castellano.
El estudio, que no se refiere al problema de los profesores encerrados en Bilbao desde hace más de cuatro meses en protesta por no acreditar el perfil lingüístico, demanda subir la financiación destinada a la educación hasta el 6% del PIB. Ahora la aportación del Gobierno es del 3,9%, que sumada a la de las familias y municipios, no llega al 5%.