Un juez anula la expulsión de una inmigrante y la sustituye por una multa
Un juzgado de San Sebastián ha anulado la expulsión de una inmigrante brasileña que se encontraba en España en situación irregular y que fue obligada a abandonar el país el pasado 29 de noviembre. "Las sanciones administrativas, en esta materia y en todas las demás, deben respetar el principio de proporcionalidad", reza el fallo, del que ayer informó la agencia Efe. Por ello, sustituye la expulsión por una multa de 301 euros, la cuantía mínima aplicable a una infracción grave.
La ley prevé para casos como éste una sanción de entre 301 y 6.000 euros o la expulsión del territorio español,...
Un juzgado de San Sebastián ha anulado la expulsión de una inmigrante brasileña que se encontraba en España en situación irregular y que fue obligada a abandonar el país el pasado 29 de noviembre. "Las sanciones administrativas, en esta materia y en todas las demás, deben respetar el principio de proporcionalidad", reza el fallo, del que ayer informó la agencia Efe. Por ello, sustituye la expulsión por una multa de 301 euros, la cuantía mínima aplicable a una infracción grave.
La ley prevé para casos como éste una sanción de entre 301 y 6.000 euros o la expulsión del territorio español, previa tramitación del correspondiente expediente. Sin embargo, las autoridades "no se acuerdan nunca de la multa", afirma Iñaki Almandoz, coordinador del Turno de Extranjería del Colegio de Abogados de Guipúzcoa.
Los jueces, en cambio, "sí están optando en los últimos años por aplicar" esta sanción "con arreglo a criterios de proporcionalidad, generalmente, basándose en su grado de arraigo", añade. El fallo judicial no sólo revoca la expulsión de la inmigrante. También anula la prohibición que le impuso la Subdelegación del Gobierno en Guipúzcoa de entrar en el país en cinco años.
El expediente de esta mujer es, según señala Efe, uno de los incluidos en el recurso interpuesto por el Colegio de Abogados guipuzcoano contra el responsable de Extranjería de la comisaría de Irún, Abel Pizarro, por expulsar a varios inmigrantes sin notificárselo antes sus abogados. Así, dos marroquíes, tres brasileños, una colombiana y la boliviana Gabriela Queteguari -devuelta luego a España por orden judicial-, no pudieron solicitar la suspensión cautelar de su expulsión. En San Sebastián se instruye un proceso similar.