Guerra tras la tregua de 10 años de lluvia
La ley que regula el trasvase Tajo-Segura dice que en caso de sequía los envíos los decide el Gobierno, algo que no ocurre desde 1995
El trasvase del Tajo al Segura es algo más que un canal de unos 330 kilómetros por el que se envían cada año unos 500 hectómetros cúbicos de agua al sureste español. Con esa agua se riegan 147.225 hectáreas, de las más rentables de España. Por ello, esta transferencia se ha visto marcada por la polémica desde que mandó su primer litro en 1979, aunque ha sido durante los últimos 10 años cuando se ha exacerbado más la diferencia de intereses entre las autonomías implicadas: Castilla-La Mancha, Murcia y Valencia.
En Murcia y Alicante no hay dudas: "El trasvase Tajo-Segura es la infraestruc...
El trasvase del Tajo al Segura es algo más que un canal de unos 330 kilómetros por el que se envían cada año unos 500 hectómetros cúbicos de agua al sureste español. Con esa agua se riegan 147.225 hectáreas, de las más rentables de España. Por ello, esta transferencia se ha visto marcada por la polémica desde que mandó su primer litro en 1979, aunque ha sido durante los últimos 10 años cuando se ha exacerbado más la diferencia de intereses entre las autonomías implicadas: Castilla-La Mancha, Murcia y Valencia.
En Murcia y Alicante no hay dudas: "El trasvase Tajo-Segura es la infraestructura más rentable de la historia de España. Ha permitido que Murcia haya dejado de ser exportadora de mano de obra para estar en plena expansión. La ciudad de Murcia ha pasado en 10 años de 300.000 habitantes a los 415.000 censados actualmente", destaca el diputado socialista en el Congreso y secretario general del PSRM-PSOE, Pedro Saura.
Precisamente hace 10 años, en 1995, España vivió la última sequía. En julio de ese año fue la última vez que la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura (el organismo que habitualmente decide cuánta agua se puede trasvasar) dejó la decisión en manos del Consejo de Ministros, algo reservado a los casos de escasez.
La tensión entre los Gobiernos de Murcia y Castilla-La Mancha llegó a extremos desconocidos hasta entonces y revividos ahora. El presidente de Castilla-La Mancha era entonces José Bono. El de Murcia era y es Ramón Luis Valcárcel. La tensión llegó a un nivel tal que los regantes de Murcia intentaron agredir al entonces presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Juan José Parrilla, en reivindicación de un trasvase.
Aquel julio de 1995 fue todavía más dramático, rememora el consejero de la Presidencia de Murcia, Fernando de la Cierva (PP), quien ayer recordó que en esa fecha un Consejo de Ministros socialista aprobó un trasvase del Tajo al Segura de 50 hectómetros cúbicos. Los embalses de cabecera, Entrepeñas y Buendía, tenían entonces 195 hectómetros cúbicos. Ahora hay 541.
La decisión, adoptada por el último Gobierno de Felipe González, tuvo como más firme defensor al entonces ministro de Obras Públicas y Urbanismo, Josep Borrell. Así, el pasado 9 de julio, en plena campaña al Parlamento Europeo, Borrell acudió a Murcia a pedir el voto recordando esos momentos tan tensos y aseguró haber sido el único que había traído agua, "ya que cuando Europa sufría la mayor sequía del siglo tomé la difícil decisión de traer agua a Murcia, lo que levantó importantes críticas".
Los regantes de Murcia y Alicante replican a los manchegos que hasta ahora han pagado 181 millones de euros a las comunidades cedentes de agua, y que ese dinero lo tenían que haber utilizado para mejorar sus infraestructuras hidráulicas. Castilla-La Mancha replica que eso no es una venta porque ellos no eligieron vender el agua y que, entre el dinero y el agua, hubieran elegido el agua.
El trasvase del Tajo-Segura se rige por unas reglas de explotación que determinan cuánta agua puede o no ser trasvasada, con la finalidad de que en los embalses de cabecera se mantenga siempre un mínimo, de 241 hectómetros cúbicos. Pero especifican también cuál es el mínimo de agua que deben tener los embalses de Entrepeñas y Buendía para que la Comisión de Explotación del Acueducto pueda adoptar la decisión de trasvasar agua a Murcia y Alicante. Por eso, el mínimo pasa de los 456 en septiembre y octubre, a los 564 de junio y los alrededor de 540 del 1 de julio, la fecha en la que el Consejo de Ministros tendrá sobre la mesa la patata caliente de decidir cuánto transfiere al Levante.
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