Canarias anuncia un plan de choque para los centros de menores
La decisión llega tras el crítico informe del Defensor del Pueblo canario
El presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín Menis, ha ordenado "movilizar todas las fuerzas y recursos de la Administración en el plazo más corto posible" para acabar con la actual situación que sufren los menores y jóvenes sometidos a medidas judiciales, 788 en todas las islas, con especial incidencia en los 210 que residen en seis centros privados de libertad. Esta decisión llega tras la crítica de maltrato institucional del Diputado del Común canario, el Defensor del Pueblo en las islas.
La situación en los centros de menores canarios fue considerada "insostenible" por el Dip...
El presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín Menis, ha ordenado "movilizar todas las fuerzas y recursos de la Administración en el plazo más corto posible" para acabar con la actual situación que sufren los menores y jóvenes sometidos a medidas judiciales, 788 en todas las islas, con especial incidencia en los 210 que residen en seis centros privados de libertad. Esta decisión llega tras la crítica de maltrato institucional del Diputado del Común canario, el Defensor del Pueblo en las islas.
La situación en los centros de menores canarios fue considerada "insostenible" por el Diputado del Común, quien pidió una "intervención urgente" ante los descuidos y omisiones de la Administración. Tan sólo en lo que va de año se han registrado en dichos centros cerrados 20 incendios, dos intentos de motín, centenares de agresiones, algunas violaciones y dos muertes. La última, la semana pasada.
Frente a esta situación, el jefe del Ejecutivo ha encomendado a los responsables de Justicia, Asuntos Sociales, Sanidad y Educación el diseño de un plan de choque inmediato, siguiendo unas pautas muy precisas: todos los departamentos del Gobierno deberán colaborar en el diseño de este plan, con "prioridad absoluta" respecto a cualquier otra acción gubernamental, cuyos primeros efectos positivos "tienen que notarse en menos de cuatro meses".
Adán Martín Menis les "urgió" además a iniciar "de inmediato" conversaciones con los jueces, los fiscales y las unidades policiales de menores, con el Diputado del Común, todos los partidos políticos, agentes sociales, cabildos, ayuntamientos (para desbloquear la necesidad solidaria de suelo para más centros), con agentes empresariales (para el fomento de cursos de formación y facilitar la reinserción) y, en especial, con las familias, porque no se trata de "un problema de la administración, sino de toda la sociedad", dijo el presidente canario.
Martín Menis también ha borrado el actual modelo de gestión de los centros y ha encomendado a los titulares de Asuntos Sociales y Justicia la asunción directa de mantenimiento, contratación de educadores, psicólogos, personal, servicios (cocina, limpieza, talleres) y vigilancia.
El Gobierno canario creará además un cuerpo autonómico de funcionarios específico para estos centros, siguiendo el modelo catalán. Así lo confirmó ayer a este periódico el nuevo director general de Protección al Menor y la Familia, José Luis Arregui, cuyo nombramiento se produjo el pasado día 6, el mismo día en que una interna moría, otra ingresaba en coma y otra resultaba herida a causa de un incendio provocado en una celda del centro Valle Tabares, cuyas medidas de seguridad habían criticado bomberos, fiscales y jueces.
Lagunas legales
La polémica alrededor de esta muerte, que colmó una situación crítica precedida por centenares de incidentes, ha desencadenado el giro en la política de menores en las islas. "El Gobierno de Canarias ha actuado lo más rápido posible; con el traslado de los internos de Nivaria y Valle Tabares al nuevo centro de Valle Tabares II, dotado de todos los elementos que garantizan la seguridad de jóvenes y educadores, esperamos haber atajado la posibilidad de sucesos violentos", aseguró Arregui.
El responsable canario de Menores advirtió de la existencia de "algunas lagunas" en la ley 5/2000 que impiden "la normal convivencia en los centros" con plazas en régimen semiabierto y cerrado, como, por ejemplo, la imposibilidad de someter a los jóvenes a registros completos, ocasión que aprovechan para introducir drogas, armas y mecheros con los que incendiar las instalaciones.
José Luis Arregui echó en falta "más colaboración" por parte del Estado, que adjuntó apenas 300.000 euros en 2001 cuando cedió las competencias. En 2003, el Ejecutivo canario destinó 14 millones de euros al servicio de medidas judiciales, dobló la cantidad en 2004 y aprobó 35 millones para el presente año.