La calle y las Cortes
La manifestación convocada el pasado sábado por el Ayuntamiento de Salamanca -con mayoría del PP- para impedir la devolución a la Generalitat de los originales de los documentos incautados en 1939 por el Gobierno de Franco falseó burdamente los motivos justificadores de la protesta, además de corear consignas y enarbolar pancartas de carácter abiertamente antidemocrático. Esa grosera voluntad de tergiversación se había hecho evidente una semana antes en la convocatoria de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y se advierte igualmente en los preparativos de la manifestación organizada ...
La manifestación convocada el pasado sábado por el Ayuntamiento de Salamanca -con mayoría del PP- para impedir la devolución a la Generalitat de los originales de los documentos incautados en 1939 por el Gobierno de Franco falseó burdamente los motivos justificadores de la protesta, además de corear consignas y enarbolar pancartas de carácter abiertamente antidemocrático. Esa grosera voluntad de tergiversación se había hecho evidente una semana antes en la convocatoria de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y se advierte igualmente en los preparativos de la manifestación organizada por el Foro de la Familia y la Conferencia Episcopal contra la reforma del Código Civil que legalizará el matrimonio entre personas del mismo sexo. Los tres llamamientos -asumidos como propios por la dirección del PP- simplifican de forma caricaturesca asuntos técnicamente complejos en sus aspectos jurídico-políticos y susceptibles de ser manipulados hasta extremos explosivos en el terreno emocional (el dolor de las víctimas, los sentimientos de pertenencia territorial, las creencias religiosas) con el fin de transformarlos en arietes contra el Gobierno de Zapatero.
El PP mantiene contra toda evidencia que la entrega de los originales de los documentos reclamados por Generalitat implicaría la ruptura de la unidad del Archivo de la Guerra Civil, formado inicialmente en Salamanca como depósito de los fondos requisados durante la contienda a partidos, sindicatos, asociaciones y simples particulares por la Delegación del Estado para Recuperación de Documentos creada en 1938 por Ramón Serrano Suñer. La siniestra finalidad de esa rebatiña de papeles era servir de cantera indiciaria o probatoria para las tareas represivas llevadas a cabo por los consejos de guerra, tribunales especiales y comisiones depuradoras que ejecutaron, encarcelaron o represaliaron a los vencidos. Los 507 archivadores ahora en disputa fueron reclamados por la Generalitat desde comienzos de la década de los ochenta y representan tan sólo un 3% de los fondos acumulados en Salamanca. El pleito se fue arrastrando más de veinte años sin que los Gobiernos de González y de Aznar se decidieran a resolverlo de manera definitiva por temor a destapar la caja de Pandora de los agravios territoriales, irresponsablemente alentados y exacerbados ahora por el PP con la mirada puesta en las elecciones gallegas y en el mercado de votos de la comunidad de Castilla y León.
Tras esa larga espera, una Comisión de Expertos formada por profesionales de reconocido prestigio se pronunció el 23 de diciembre -sobre la base de un razonado y convincente dictamen jurídico firmado por Pedro Cruz Villalón, Tomás de la Quadra Salcedo y Joan Crunyes- a favor de la reivindicación de la Generalitat bajo la condición (aceptada de buen grado por las instituciones catalanas) de que el Archivo de Salamanca recibiera a cambio copia en soportes microfilmados o digitalizados de los contenidos de los originales devueltos a su legítimo titular. La decisión del Gobierno ha sido enviar al Congreso un proyecto de ley que ofrezca soluciones a los complejos problemas creados por las reclamaciones de la documentación arramblada como botín de guerra por los vencedores.
El entusiasta descubrimiento por los dirigentes del PP de la calle como ámbito privilegiado para encontrar el respaldo social que las urnas les negaron el 14-M no debería hacerles olvidar que la democracia parlamentaria confía a los representantes de los ciudadanos elegidos en las urnas la tarea de debatir mediante argumentos y negociar mediante transacciones los conflictos que surgen inevitablemente a la hora de adoptar decisiones. Es una obviedad recordar que el artículo 21 de la Constitución ampara el derecho "de reunión pacífica y sin armas": su ejercicio no necesita autorización, si bien las reuniones en lugares públicos y las manifestaciones deben ser comunicadas previamente a las autoridades, que sólo podrán prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes. Como se encargaron de repetir desde el poder los portavoces del PP con ocasión de las manifestaciones contra la guerra de Irak, la voz de la calle, sin embargo, no puede ahogar el discurso ni suplantar la voluntad de las Cortes Generales.