La fiscalía ordena a Sanidad un estudio sobre trece vecinos con tumores

La fiscalía de Madrid ha apercibido de desobediencia a la Consejería de Sanidad por negarse a realizar el estudio epidemiológico que le ordenó en mayo sobre el caso de 13 vecinos enfermos de cáncer que residen en dos bloques de pisos de Móstoles. Las casas están ubicadas sobre un antiguo transformador eléctrico y en ellas viven unas 80 familias. Entre los 13 casos, el fiscal destaca el de una niña cuya madre la gestó en una habitación contigua al transformador. La casa de otro de los afectados está a sólo tres metros de la instalación; y la más alejada, a 42. Entre los vecinos ha cundido la al...

La fiscalía de Madrid ha apercibido de desobediencia a la Consejería de Sanidad por negarse a realizar el estudio epidemiológico que le ordenó en mayo sobre el caso de 13 vecinos enfermos de cáncer que residen en dos bloques de pisos de Móstoles. Las casas están ubicadas sobre un antiguo transformador eléctrico y en ellas viven unas 80 familias. Entre los 13 casos, el fiscal destaca el de una niña cuya madre la gestó en una habitación contigua al transformador. La casa de otro de los afectados está a sólo tres metros de la instalación; y la más alejada, a 42. Entre los vecinos ha cundido la alarma.

En la fiscalía ha sentado mal la negativa del director general de Salud Pública y Alimentación de la Consejería de Sanidad, Agustín Rivero Cuadrado, de realizar el citado informe epidemiológico. La fiscalía pidió a Sanidad que recabase del centro de salud al que pertenecen todos los vecinos de ambos bloques sus historiales clínicos y los analizase para estudiar la evolución sanitaria de todos ellos.

Pero Sanidad se ha negado. Su argumento es que no "procede" hacer el citado estudio porque se trata de distintos tipos de cáncer y la cifra de pacientes no es elevada.

La fiscalía, que dirige Manuel Moix, ha remitido un segundo escrito a la Consejería de Sanidad, que representa el consejero Manuel Lamela, en el que recuerda el deber de la Administración de colaborar con la justicia y le advierte de que la decisión de hacer o no ese estudio corresponde a la fiscalía y que el papel de Sanidad es acatarla. Además, le avisa de que si se produce otra negativa, podría actuar por desobediencia contra sus responsables. El fiscal reclamó el citado informe el pasado 6 de mayo. Pero Rivero ha contestado a la fiscalía que "no hay evidencia científica de riesgos irreversibles para la salud producidos" por exposiciones de personas a campos electromagnéticos.

"No hay causa-efecto"

Sanidad indica que, "desde el punto de vista etimológico, y salvo que surjan nuevos datos, no consideramos procedente un estudio como el solicitado [por la fiscalía], ya que, precisamente, por tratarse de muy pocos casos y de variada tipología, no permite establecer una relación causa-efecto". Para eludir el estudio, Sanidad esgrime que los casos de cáncer son distintos. Pero esta conclusión la extrae de un informe elaborado por la Guardia Civil en el cual el instituto armado se ha limitado a enumerar los nombres de los vecinos afectados y el supuesto tumor que padece cada uno. La información ha sido recabada de los propios vecinos.

La fiscalía indica que la información de los vecinos es sólo orientativa y carece de validez científica para determinar qué está ocurriendo en sendos bloques de pisos.

El fiscal Emilio Valerio investiga este caso a raíz de una denuncia de la comunidad de vecinos de los dos portales. Con esa denuncia, la fiscalía abrió las diligencias de investigación 70/05-V, al entender que la incidencia de tumores en la zona "era elevada". Paralelamente, ordenó a la Guardia Civil que se desplazase a la zona y elaborase un informe. Los agentes hablaron con los vecinos y dibujaron un plano de la situación de los enfermos y distancia de sus casas respecto al transformador de luz.

Con los resultados del informe, la fiscalía ordenó a Sanidad que elaborase el citado estudio epidemiológico. Lo que la fiscalía quiere es que se recaben las historias clínicas de todos los vecinos y que se determine las afecciones que éstos hayan podido tener, así como los casos y tipos de tumores detectados.

De momento, la fiscalía ha elaborado un informe en el que considera "inexplicable" la decisión de Sanidad. Entre otros argumentos, el fiscal apela "a una recomendación del Consejo de Ministros dictada el 12 de julio de 1999" que apuesta por "promocionar la investigación sobre campos electromagnéticos y salud humana" y por "proporcionar al público información sobre los efectos de los campos electromagnéticos y las medidas para prevenirlas".

Esta recomendación, según se explica en el informe, viene avalada "por un informe del Defensor del Pueblo" y de otro de la propia comunidad. El informe del Defensor del Pueblo revela que entre las personas que viven cerca de campos electromagnéticos y de líneas de alta tensión se han constatado "alteraciones en el metabolismo del hierro y el cobre y síntomas como dolores de cabeza, cansancio crónico, depresión y debilidad muscular". La fiscalía reconoce que el Defensor del Pueblo señala que "el papel" de los campos electromagnéticos "como agentes cancerígenos no es en absoluto concluyente", si bien hay "sospechas" de que los campos electromagnéticos pueden tener "más fuerza en las leucemias infantiles" y menos en los cánceres de adultos.