El alcalde de Majadahonda niega que intentara sobornar a dos ediles

El regidor de Majadahonda, Narciso de Foxá, anunció ayer que el Ayuntamiento interpondrá una querella por injurias y calumnias contra estas dos personas. Ésta se sumará a otra que presentó el alcalde por parecidos motivos en abril pasado. "Yo también puedo decir mañana que usted o cualquier otro me ha ofrecido una cantidad de dinero sin aportar ninguna prueba. Eso es lo que hacen ellos. Mienten de principio a fin", afirmó De Foxá, quien descalificó las declaraciones de los concejales y recordó que se está hablando de dos tránsfugas, suspendidos cautelarmente de militancia, "que es el paso prev...

El regidor de Majadahonda, Narciso de Foxá, anunció ayer que el Ayuntamiento interpondrá una querella por injurias y calumnias contra estas dos personas. Ésta se sumará a otra que presentó el alcalde por parecidos motivos en abril pasado. "Yo también puedo decir mañana que usted o cualquier otro me ha ofrecido una cantidad de dinero sin aportar ninguna prueba. Eso es lo que hacen ellos. Mienten de principio a fin", afirmó De Foxá, quien descalificó las declaraciones de los concejales y recordó que se está hablando de dos tránsfugas, suspendidos cautelarmente de militancia, "que es el paso previo antes de su expulsión del PP".

De Foxá explica que él firmó el decreto para que la parcela RN1 -el terreno objeto de las supuestas irregularidades- volviera al Ayuntamiento y se vendiera desde allí. El regidor no entiende para qué iba a sobornar a dos personas por algo que él mismo quería: que el terreno fuese vendido por el pleno y no por Pammasa, empresa pública que gestiona el suelo público de Majadahonda.

Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción señalaron ayer que habían tomado nota de las declaraciones de estos dos ediles y que el fiscal encargado del caso ya estaba trabajando sobre el tema, informa Julio Martínez Lázaro. Las citadas fuentes dijeron que aunque no se descartaba llamar a declarar a los dos ex concejales de Majadahonda, por el momento tampoco podía asegurarse que se fuera a pedir su declaración.

En ese sentido, las fuentes consultadas recordaron que una parte del caso Majadahonda, la referida a Pammasa, la lleva la Fiscalía de Medio Ambiente, que depende de la Fiscalía de Madrid, en tanto que Anticorrupción se encarga de la denuncia presentada por dos concejales socialistas sobre el supuesto conocimiento de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, de la presunta trama urbanística que beneficiaba a determinadas empresas.

"Maletines con dinero"

Los ediles del PP de Majadahonda Peñas y Moreno también han declarado que les llamó el ex alcalde y ex secretario general del PP, Ricardo Romero de Tejada, para que aceptaran la oferta del millón de euros de De Foxá. "Oímos cómo [Aguirre] le decía a Guillermo Ortega [ex alcalde]: deja las parcelas, ya irán como tienen que ir". Y añadieron: "Un empresario me dijo que a Pammasa se llevaban maletines llenos de dinero"; "Granados [actual secretario general del PP de Madrid] nos dijo que el problema de Guillermo [Ortega] es que le había cortado la mano a Romero de Tejada".

Peñas y Moreno recibieron ayer un comunicado del PP informándoles sobre la suspensión cautelar de militancia. "Si nos expulsan, seguiremos de concejales hasta que acabe el mandato como no adscritos", declararon.

Los dos ediles majariegos están enfrentados al resto de los 13 concejales de su partido debido al concurso de enajenación de dos parcelas municipales, y a la venta de derechos de edificación que se realizaba desde Pammasa.

Peñas, Moreno y Guillermo Ortega apoyaban un pliego de condiciones para la venta mediante concursos públicos de los terrenos, mientras que el resto de ediles mantenía que con esos requisitos el Ayuntamiento perdería dinero. Finalmente, el anterior alcalde, Guillermo Ortega, dimitió y se suspendió la polémica venta de los terrenos.

Los dos concejales sostienen, además, que Esperanza Aguirre; Ignacio González, vicepresidente primero, y Francisco Granados, secretario regional del PP, tuvieron conocimiento de las actividades de Pammasa mediante un informe que ellos mismos les entregaron el 24 de enero. Informe, que según ellos, la presidenta regional les ordenó destruir. Éste contenía la mecánica de actuación de Pammasa y demostraba que el Ayuntamiento perdía dinero

si las ventas se hacían a través de esta empresa.

Por su parte, Francisco Granados, respondió ayer que Aguirre "no tiene que dar explicaciones de algo que no ha ocurrido", en alusión a la denuncia sobre su supuesto conocimiento de actividades urbanísticas ilícitas.