La Guardia Civil investiga los cinco ayuntamientos no constituidos
La Guardia Civil ha reclamado todos los acuerdos plenarios adoptados desde junio de 2003 por los cinco pequeños ayuntamientos guipuzcoanos que no se constituyeron tras las elecciones municipales de mayo de ese año y, por tanto, siguen gobernados en funciones por los anteriores equipos, todos ellos de la ilegalizada EH. La investigación ha sido ordenada por la Fiscalía de Guipúzcoa, que abrió diligencias el pasado mes de enero para determinar si estos cinco consistorios incumplen lo establecido en la Ley de Partidos.
Los consistorios de Irura, Leaburu, Aizarnazabal, Hernialde e Itsasondo...
La Guardia Civil ha reclamado todos los acuerdos plenarios adoptados desde junio de 2003 por los cinco pequeños ayuntamientos guipuzcoanos que no se constituyeron tras las elecciones municipales de mayo de ese año y, por tanto, siguen gobernados en funciones por los anteriores equipos, todos ellos de la ilegalizada EH. La investigación ha sido ordenada por la Fiscalía de Guipúzcoa, que abrió diligencias el pasado mes de enero para determinar si estos cinco consistorios incumplen lo establecido en la Ley de Partidos.
Los consistorios de Irura, Leaburu, Aizarnazabal, Hernialde e Itsasondo, que suman una población total de apenas 2.700 habitantes, no se llegaron a constituir legalmente al no tomar posesión de sus cargos los concejales electos de PNV-EA. Este partido ganó los comicios en todos ellos, pero el voto nulo que fue parar a las listas anuladas de la izquierda abertzale sumó en los cinco casos mayoría absoluta.
La alcaldesa de Irura, Mariñe Ugalde; el de Leaburu, José Cruz Goñi, y el de Itsasondo, Javier Iturrioz, dieron ayer una rueda de prensa junto a ediles de Aizarnazábal (Olatz Agirre) y Hernialde (Iñaki Artola) en la que criticaron la investigación de la Fiscalía, ya que son corporaciones legales que están cubriendo un vacío institucional. En su opinión, "no tienen nada que esconder", por lo que sus decisiones plenarias son públicas.
También exigieron a la coalición PNV-EA que "respete la voluntad popular". En concreto, reclaman a la coalición, amparándose en la ley de Régimen Electoral, que les deje "ocupar sus puestos", renunciando los electos a sus cargos, para así legalizar su mandato y no seguir en funciones.