¿Qué quiere Cataluña?
A lo largo de los últimos meses, en actos públicos por toda España y encuentros con miembros del Gobierno central y de los Gobiernos autónomos, de distinto signo político, se me ha hecho siempre la misma pregunta: ¿qué queréis los catalanes? Pregunta a la que se añade la consideración de por qué elaborar un nuevo Estatuto cuando el balance del Estatuto de 1979 es, a todas luces, positivo.
La respuesta es muy sencilla: Cataluña quiere más poder político y más recursos económicos para mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos y ciudadanas, garantizar nuestro futuro como país, y co...
A lo largo de los últimos meses, en actos públicos por toda España y encuentros con miembros del Gobierno central y de los Gobiernos autónomos, de distinto signo político, se me ha hecho siempre la misma pregunta: ¿qué queréis los catalanes? Pregunta a la que se añade la consideración de por qué elaborar un nuevo Estatuto cuando el balance del Estatuto de 1979 es, a todas luces, positivo.
La respuesta es muy sencilla: Cataluña quiere más poder político y más recursos económicos para mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos y ciudadanas, garantizar nuestro futuro como país, y contribuir a la reforma del modelo de Estado para hacer realidad la España plural. Se me dirá que es pretencioso interpretar lo que quiere Cataluña, como si fuera un todo homogéneo. En este caso no lo es, todos los partidos políticos, aunque con diferente intensidad; los sindicatos; la patronal; las cámaras de comercio; las universidades; la Federación y la Asociación de Municipios; las entidades de inmigrantes; y en definitiva, el rico y diverso tejido asociativo de Cataluña se ha manifestado con inusual unanimidad de acuerdo con la necesidad de incrementar el autogobierno y de conseguir un mejor y más justo sistema de financiación.
No exigimos privilegios, sólo que se apliquen las fórmulas de financiación de los Estados federales
Nuestra propuesta no es soberanista ni rupturista, sino plenamente constitucional
El Estatuto debe proteger los elementos propios de la identidad nacional de Cataluña
Con ese objetivo iniciamos hace más de un año un proceso que hemos dado en llamar la vía catalana para la reforma del Estatuto. Un proceso basado en dos premisas fundamentales: elaborar un estatuto ambicioso, pero siempre dentro del marco de la Constitución, y que cuente con el apoyo de una mayoría política y social muy amplia. Éstas son también las condiciones que el presidente del Gobierno ha exigido para que el Estatuto sea aprobado en las Cortes.
Como prueba de esa voluntad unitaria, el Gobierno catalán renunció a presentar una propuesta propia, y es la ponencia parlamentaria, integrada por todos los grupos de la Cámara (PSC-CpC, CiU, ERC, PPC e ICV-EUiA) quien tiene la responsabilidad de elaborar la nueva norma. El Estatuto de 2005 no va a ser el Estatuto del Gobierno, ni tan siquiera el Estatuto de una mayoría de los partidos, o de un sector del país, va a ser el Estatuto de la inmensa mayoría de la sociedad catalana.
En síntesis, la reforma del Estatuto tiene cinco objetivos concretos: clarificar y mejorar las competencias; incorporar un título de derechos y deberes y de principios rectores de las políticas públicas; avanzar en la definición y protección de elementos fundamentales de la identidad de Cataluña; garantizar la participación de la Generalitat en órganos decisivos del Estado y en la Unión Europea; y mejorar la financiación.
Los veinticinco años de vigencia del Estatuto han sido sin duda muy fructíferos para Cataluña, pero hemos acumulado la experiencia suficiente para saber cuáles son los problemas y las limitaciones de nuestra autonomía. Las competencias de la Generalitat han sido permanentemente laminadas por los sucesivos Gobiernos centrales, a través de leyes de bases u orgánicas, o de una interpretación muy expansiva de títulos generales como la planificación general de la actividad económica, que limitan y recortan el desarrollo de políticas en aquellas materias que el propio Estatuto establece como propias. La intromisión del Gobierno central en las competencias autonómicas, el gran número de competencias pendientes de traspasar, más de noventa, algunas incluso con sentencias favorables del Tribunal Constitucional, ha provocado un elevado grado de conflictividad constitucional y ha generado ineficacia en la prestación de muchos servicios. Es evidente que desde la proximidad se puede regular mejor el comercio interior, que la gestión de las becas ha de hacerse acorde con la realidad socioeconómica de cada comunidad, que los horarios de los trenes de cercanías se fijarán con más acierto desde una Administración más próxima, también la gestión de los puertos y aeropuertos ganará en efectividad; por no hablar de la inspección de trabajo, cuya doble dependencia genera problemas evidentes de coordinación en un tema de tanta gravedad como los accidentes de trabajo. Por otra parte, en estos años han emergido nuevas realidades ante las cuales carecemos de competencias, como es el caso de la inmigración, o de las tecnologías de la información y la comunicación, o el sector audiovisual. Se trata en definitiva de que Cataluña, y el conjunto de comunidades autónomas, puedan definir sus propias políticas en aquellos ámbitos que les son propios, sin recortes ni interferencias.
Pero el nuevo Estatuto no es sólo un pacto entre el Estado y la Generalitat, también es un acuerdo de la propia sociedad catalana para modernizar el país, del mismo modo que el Estatuto del 79, en un contexto muy diferente, fue un instrumento fundamental para la modernización de Cataluña. De ahí que el borrador del Estatuto incorpore derechos y deberes ciudadanos, y principios rectores en participación ciudadana, educación, salud o sostenibilidad ecológica, entre otros derechos civiles y sociales. Si bien es cierto que la Constitución establece los derechos fundamentales, la Generalitat puede definir derechos y deberes en relación con las competencias que le son propias. El grado de implicación de la ciudadanía con el autogobierno depende en buena medida de que del nuevo Estatuto emanen políticas que sirvan para mejorar la calidad de vida de las personas que viven y trabajan en Cataluña.
El Estatuto debe ser también un paso adelante en la protección de los elementos propios de la identidad nacional de Cataluña. Tenemos un amplio acuerdo en definir a Cataluña como nación, con la única excepción del PP; y el derecho a utilizar y el deber de conocer la lengua catalana, tal como establece la Constitución para el castellano. El deber no implica la obligatoriedad de hablar el catalán, sino que equipara la protección jurídica de la lengua catalana a la del castellano.
Uno de los principales déficit del Estado de las autonomías es que la realidad autonómica no existe para buena parte de los organismos del Estado. Por eso el borrador del nuevo Estatuto prevé que la Generalitat pueda participar, por ejemplo, en la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, del Banco de España, del Consejo General del Poder Judicial, o de la Comisión Nacional de la Energía, en la forma que posteriormente se establezca. Por otra parte, es fundamental que Cataluña y el conjunto de las comunidades autónomas puedan participar en la toma de decisiones de la Unión Europea, en el ámbito de sus competencias, y que exista un mecanismo de participación para conformar la posición del Estado ante las instituciones comunitarias.
Y finalmente, el otro gran objetivo es mejorar la financiación. En Cataluña hay un amplio consenso en que la financiación es muy insuficiente. El déficit fiscal de Cataluña con el Estado (7,5% del PIB de promedio) supera con creces, según estudios solventes, por ejemplo, el de los länder alemanes con mayor renta (3,5% -4% del PIB). Se trata de un grave perjuicio que afecta a la ciudadanía de Cataluña, pues en los últimos años hemos perdido terreno en inversiones en infraestructuras y en gasto público por habitante, y supone un lastre para una economía que está realizando un difícil y complejo proceso de cambio de una economía industrial tradicional a una economía del conocimiento.
No exigimos privilegio alguno, simplemente que se apliquen los principios y las fórmulas de financiación que funcionan con éxito en los Estados federales. Queremos que la descentralización del Estado también se produzca en el campo fiscal, con la creación de una agencia tributaria propia, consorciada con la Administración tributaria del Estado, y con capacidad normativa para regular los impuestos; queremos garantizar la suficiencia financiera, y que sea acorde con las necesidades de la población y el esfuerzo fiscal que realizamos; queremos que las reglas de la cohesión territorial sean claras y conocidas; y queremos que la inversión del Estado en Cataluña se corresponda a la aportación que realizamos al PIB del Estado. No se trata de limitar la solidaridad. Si Cataluña tienen mayor renta por habitante que la media deberá aportar más, sin duda, pero garantizando los recursos suficientes para que sus ciudadanos -trabajadores, personas que padecen exclusión social...- no se vean perjudicados.
Es indignante escuchar estos días opiniones que califican la propuesta de financiación del Gobierno catalán de injusta e insolidaria. Lo que es injusto es que Cataluña ocupe el cuarto puesto en PIB per cápita, después de Madrid, Navarra y Euskadi y en cambio en renta familiar disponible ocupemos la sexta posición, por la aplicación del sistema de financiación. Lo que es insolidario, además de ineficaz para promover el desarrollo, es que no exista ningún mecanismo claro de cohesión territorial. Por eso proponemos que se garantice para todas las autonomías unos niveles similares en la prestación de servicios realizando un esfuerzo fiscal similar, y un sistema de nivelación por el cual las comunidades con una renta superior a la renta media, realicen, de forma progresiva, una mayor aportación. Equidad y estímulo fiscal no son contradictorios sino componentes fundamentales de un modelo de financiación justo.
Es lógico preguntarse si lo que queremos los catalanes lo queremos en exclusiva para Cataluña, sin tener en cuenta el marco general del Estado, ni las aspiraciones de las naciones, nacionalidades o regiones que lo componen; o si, por el contrario, aspiramos a un acuerdo multilateral con todas las autonomías. El Estatuto es por definición un acuerdo bilateral entre Cataluña y el Estado, por el cual la Generalitat pacta con el Estado las condiciones de su autogobierno. El derecho a la autonomía que establece la Constitución tiene un carácter bilateral, todos los Estatutos son por definición la expresión de un acuerdo entre el Estado y cada comunidad autónoma, pero eso no quiere decir que el nivel de autogobierno al que aspira Cataluña y los principios y el modelo de financiación no puedan ser generalizables a las comunidades que lo deseen. La negociación bilateral entre la Generalitat y el Estado no elimina la necesidad de acuerdos, en un marco multilateral, con todas las autonomías.
Nuestra propuesta no es soberanista ni rupturista sino plenamente constitucional e inspirada en la filosofía y los modelos federales. Se trata de un proyecto que pretende abordar el gran problema histórico de la relación entre Cataluña y España, y el de la plena aceptación de la unidad en la diversidad nacional, cultural y lingüística del Estado. El Gobierno catalanista y de izquierdas no va a caer en el regateo permanente. No estamos planteando apoyo parlamentario al Gobierno central a cambio de más inversiones, de más dinero o de una u otra competencia, como venía siendo costumbre. Sino que proponemos un salto adelante en el autogobierno, una reforma a fondo del pacto entre el Estado y la Generalitat, con unas reglas de juego más acorde con la realidad de un Estado plural. El gran reto es que España se reconozca a sí misma como una realidad plurinacional.
Durante la transición, la reivindicación de la autonomía y la restauración de la Generalitat fueron el motor del Estado autonómico. Hoy el proceso de reforma del Estatuto catalán, junto con el proceso de reforma de Andalucía, Asturias, Aragón, Baleares, Canarias, Euskadi o el País Valenciano va a suponer un paso adelante en la reforma del modelo de Estado en un sentido federal, un paso adelante imprescindible para resolver la contradicción que venimos arrastrando desde hace veinticinco años entre un Estado descentralizado y el Estado centralista que aún pervive, y que no reconoce la pluralidad nacional. Más y mejor autogobierno y el reconocimiento de la diversidad lingüística y cultural es una oportunidad para Cataluña y para todos. Más autogobierno es también más democracia.
Joan Saura es consejero de Relaciones Institucionales y Participación de la Generalitat de Cataluña