Exámenes parciales

Zapatero celebrará -o padecerá- hoy su primer debate sobre el estado de la nación desde la cabecera del banco azul con la experiencia todavía viva de sus intervenciones como portavoz del Grupo Socialista en la oposición; conoce bien, por lo tanto, los papeles que corresponde representar en estos plenos a quien ejerce el poder o aspira a ocuparlo. En apariencia, este debate anual se asemeja a los exámenes parciales que rinden los alumnos ante los profesores como anticipo de las pruebas de fin de curso: el presidente del Gobierno también dará cuenta de su gestión a los diputados tras su investid...

Zapatero celebrará -o padecerá- hoy su primer debate sobre el estado de la nación desde la cabecera del banco azul con la experiencia todavía viva de sus intervenciones como portavoz del Grupo Socialista en la oposición; conoce bien, por lo tanto, los papeles que corresponde representar en estos plenos a quien ejerce el poder o aspira a ocuparlo. En apariencia, este debate anual se asemeja a los exámenes parciales que rinden los alumnos ante los profesores como anticipo de las pruebas de fin de curso: el presidente del Gobierno también dará cuenta de su gestión a los diputados tras su investidura. Sometido al severo escrutinio de los portavoces de todos los grupos parlamentarios, soportará en el yunque del escaño las críticas por las actuaciones realizadas y anunciará sus proyectos para la legislatura. Pero el debate del estado de la nación fue diseñado en 1984 con la intención de aliviar también la suerte del presidente del Gobierno: la delimitación del campo de juego a través de la fijación previa de la agenda, la ventaja de pronunciar la última palabra en el cruce de intervenciones con sus adversarios y el privilegiado acceso del Ejecutivo al banco de datos de la Administración le permite extraer del bombo las bolas más adecuadas para su lucimiento, eludir las preguntas incómodas (o responderlas de forma incongruente), abrumar a sus contrincantes con información inédita y reservarse el turno de cierre para convertir la supuesta rendición de cuentas en una lección magistral.

Todo hace suponer que Zapatero iniciará su intervención sacando a las candilejas del proscenio sus promesas electorales ya cumplidas o en trance de serlo. En verdad, no le faltarán mimbres para construir el cesto: si la retirada de las tropas de Irak fue la mejor prueba de su fidelidad a los compromisos adquiridos, el ámbito de los derechos civiles también le ha deparado la oportunidad de brindar otros significativos ejemplos de coherencia, desde la ley contra la violencia de género hasta los proyectos -en trámite parlamentario- de agilización del divorcio y apertura del matrimonio a personas del mismo sexo. La aventura militar iniciada en las Azores por Aznar no fue la única decisión del anterior Gobierno cuya rectificación los socialistas habían prometido antes de los comicios: Zapatero también ha hecho honor a la palabra en lo que se refiere a la paralización del Trasvase del Ebro y la suspensión de aspectos de la Ley de Calidad de la Enseñanza tales como la homologación de la catequesis católica con las matemáticas como asignatura evaluable.

Sin embargo, esos gestos de lealtad con los electores no le han salido gratis al Gobierno; las descortesías diplomáticas de la Administración Bush con el presidente Zapatero y la agresiva campaña del Estado del Vaticano y de la jerarquía eclesiástica contra la política legislativa de la mayoría parlamentaria en materia de costumbres han sido el elevado precio a pagar por ejecutar el programa que los ciudadanos habían votado. La exigencia de una mayoría cualificada de tres quintos del Consejo General del Poder Judicial para la elección de los presidentes de sala y magistrados del Supremo ha ampliado la lista de rencores contra el Gobierno para incluir entre los agraviados a los sectores ultraconservadores de la magistratura.

Mientras la situación económica se niega a obedecer los apocalípticos pronósticos de PP y ofrece datos optimistas sobre crecimiento y creación de empleo, la operación emprendida para regularizar la situación de inmigrantes -han sido presentadas casi 700.000 solicitudes- ocupados de hecho en la economía sumergida elevará los ingresos de la Seguridad Social y reducirá la bolsa de ilegalidad laboral creada por la política del PP. Pero si el presidente Zapatero tuviese el ensueño de blindar el debate sobre el estado de la nación dentro de las protegidas fronteras de las promesas cumplidas y de los logros alcanzados, sus esfuerzos en pos de ese imposible objetivo serían vanos. Porque las expectativas de pacificación en el País Vasco tras la eventual desaparición de ETA, las estrategias políticas y policiales para acelerar ese desenlace, el futuro del Pacto Antiterrorista, la financiación de Cataluña y del resto de las comunidades, la modificación de los Estatutos de Autonomía y la reforma de la Constitución serán hoy y mañana temas de obligada presencia en el hemiciclo.